El país está lejos de implementar en toda su plenitud las grandes bondades de que previó la Ley Estatutaria de la Salud.
Al consagrarse la salud como un derecho fundamental determina que el Estado es el responsable de su garantía, que es un derecho de la ciudadanía que no se ata a la capacidad de pago y que por su carácter es universal, que cubre a todos los colombianos sin excepción, en todas las etapas de la vida, en condiciones de igualdad.
Adicionalmente, implica un contenido integral que va más allá de la prestación de servicios de atención a la enfermedad, acceso a tecnología médica y medicamentos.
Según el marco normativo no basta con la atención a los pacientes, sino que se debe garantizar la integralidad a través de la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, recuperación, rehabilitación y paliación de una enfermedad. Con la Ley Estatutaria no se podrá negar al paciente la prestación del servicio, ni se necesitará de autorizaciones para acceder al servicio de urgencias.
Además, como una novedad, elimina la lista de servicios de salud que estaban en el POS y a los que anteriormente los pacientes podían acceder. Con esta ley los pacientes pueden acceder a todos los servicios necesarios para su recuperación. El mandato se quedó escrito. Otra cosa ocurre en los centros de salud, hospitales o EPS. Los ‘paseos de la muerte’ siguen ilustrando las grandes fallas del modelo de atención. Y la tutela sigue siendo el mecanismo más efectivo para asegurar la garantía de este derecho. Increíble.
El foro convocado por Comfamiliar y apoyado por LA NACIÓN sobre este tema toca uno de los aspectos más sensibles en términos de financiamiento y reglamentaciones aun inexistentes para que garantizar su aplicación. El Gobierno está lejos de asignar los recursos que requieren para hacer efectivo ese derecho. Tampoco se han adoptado todas las políticas públicas que se requieren para erradicar las barreras de acceso y la inequidad, propios del modelo de intermediación. El país está en mora de agilizar la reglamentación e implementación de esta garantía en términos de oportunidad, calidad, continuidad e integralidad de la atención. Mientras tanto, seguirá como letra muerta.
“Los ‘paseos de la muerte’ siguen ilustrando las grandes fallas del modelo de atención”.
EDITORIALITO
El consorcio colombiano EI Huila Sur ganó la licitación pública para la pavimentación total del Anillo Turístico del Sur. La obra, demandará una inversión estimada de 62 mil millones de pesos, aportados por el Gobierno Nacional. Otro claro compromiso que cumple el presidente Juan Manuel Santos, como lo reconoció ayer el gobernador Carlos Mauricio Iriarte. Una obra excepcional para un Huila turístico que avanza en competitividad.