Entre las medidas están que el tribunal de aforados, contemplado en la reforma del equilibrio de poderes, tenga la facultad de dictar medidas cautelares cuando se presenten casos tipificados como "causal de indignidad". “porque nadie puede quedarse sin un juez, sin una instancia que lo investigue. Este Tribunal de Aforados, que ya está en la reforma, se fortalece”.
Santos anunció que se creará un procedimiento para que las cortes puedan autorregularse o "disciplinarse en sus procedimientos" a través de medidas como la suspensión de magistrados.
“Vamos a proponerles a los congresistas que incluyan ese aspecto–, la capacidad de dictar medidas cautelares para establecer la indignidad de algunos funcionarios y que eso se separe del aspecto puramente penal”.
Santos hizo además un llamado para que reine la meritocracia a la hora de los nombramientos. “Todos los nombramientos de la Rama Judicial serán hechos mediante un proceso de meritocracia. Eso debe tener un impacto muy positivo, porque, repito, las instituciones las componen las personas. En la medida en que uno le dé garantías a la institucionalidad, a la ciudadanía, que la escogencia de esas personas se va a hacer con los mejores procedimientos posibles, ahí estamos contribuyendo enormemente al funcionamiento, en este caso, de la justicia”.
Igualmente, el Jefe de Estado anunció que el Gobierno Nacional impulsará ante el Congreso de la República un proyecto de ley para eliminar el cabildeo en la Rama Judicial. E informó que, además, se le solicitó respetuosamente a la Corte Constitucional continuar con sus funciones en la selección de las tutelas.
El mandatario aseguró que no se necesita una Asamblea Constituyente no es el camino para mejorar la imagen y la transparencia de la justicia y las demás ramas del poder, y aseguró que lo que se debe es utilizar “los mecanismos que nuestra propia democracia nos ha otorgado”, para reformar y mejorar las instituciones.
Su declaración se produce después del conocido escándalo que involucró al magistrado Jorge Pretelt, acusado de exigir dinero a cambio de un fallo favorable de tutela.