RICARDO AREIZA
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Como estaba previsto, la Alcaldía de Neiva, terminó anticipadamente el contrato de interventoría encargado de asegurar la polémica remodelación del estadio ‘Guillermo Plazas Alcid’. Además, declaró el siniestro de incumplimiento, dio por terminado el vínculo contractual y ordenó la liquidación del contrato de interventoría No. 1760 suscrito el 18 de diciembre de 2014.
La decisión está contenida en la Resolución 370 proferida ayer en la fase final del proceso sancionatorio iniciado en octubre de 2016, dos meses después de la tragedia que dejó cuatro muertos y diez heridos.
La medida fue anunciada por el jefe de contratación Ad hoc, German Gonzalo Barón durante audiencia pública. El jueves pasado, había declarado la caducidad del contrato de obra pública, soportado en un informe técnico sobre las fallas que ocasionaron la tragedia, y, el incumplimiento del contrato.
El consorcio lo integran la firma Diseños y Construcciones Ingeniería (Dicon), representada por Luis Alfonso Trujillo Briñez con una participación del 70%. Además, lo componen Diego Fernando Jaime Escobar con una participación accionaria del 25% y Pedro José Serrano Carrasquilla con un 5%. Sin embargo, Trujillo Briñez no ejercía la interventoría sino que fue contratada con un pariente suyo.
El contrato 1760 de 2014 tuvo un costo inicial de 1.199,76 millones de pesos. El 18 de febrero de 2016 fue adicionado en 434.96 millones para un total de 1.634.7 millones de pesos. Los abogados Alex Paolo García y Gustavo Bahamón, impugnaron ayer mismo la terminación anticipada. El recurso será sustentado el martes de la próxima semana.
Las razones
“Está demostrado que el Consorcio Interventoría Estadio 2014 incumplió la mayoría de sus obligaciones específicas, pero sobre todo el objeto mismo del contrato y las normas legales que rigen su actividad”, concluyó el funcionario durante la continuación de la diligencia sancionatoria, iniciada el 11 de octubre de 2016.
En consecuencia, anunció que hará efectiva la garantía única de cumplimiento suscrito con la Compañía Aseguradora Solidaria de Colombia equivalente al 20% del valor total del contrato con el adicional. La garantía asciende a 326,94 millones de pesos como pago parcial de los perjuicios ocasionados. De éstos 163.47 millones por concepto de perjuicios causados por el incumplimiento del contrato y un monto similar a la cláusula penal.
En su criterio, la firma interventora no cumplió con su función legal y contractual de garantizar la calidad de la obra entregada, ni de advertir los incumplimientos por parte del constructor.
Repotenciación
La interventoría no se pronunció sobre la repotenciación de las estructuras existentes, ni sobre la calidad y estabilidad de las obras ejecutadas.
“Este es uno de los hechos de incumplimiento más lesivos para la administración. A pesar de que la obligación principal del interventor era garantizar el objeto del contrato de obra, conjuntamente con el constructor arbitrariamente desviaron los recursos de los ítems de reforzamiento de la obra antigua o existente de la tribuna occidental a otras actividades”, apuntó.
Esa decisión, según la evaluación final, no fue formalmente informada, no contó con el aval de la administración, ni del diseñador, ni de la Curaduría que otorgó la licencia.
Según el peritazgo, la falta del reforzamiento de la tribuna antigua implica que la obra no podrá ponerse en funcionamiento, ni habilitar el escenario deportivo.
“Así las cosas, se ha demostrado que el Consorcio Interventoría Estadio 2014 incumplió la mayoría de sus obligaciones específicas, pero sobre todo el objeto mismo del contrato y las normas legales que rigen su actividad.”, concluyó.
“La administración-añadió- no contó con el Consorcio Interventoría Estadio 2014 como un colaborador que garantizara la dirección, supervisión y vigilancia del objeto del contrato de obra, como quiera que éste no garantizó el fin perseguido por la administración. Por el contrario, actuó en permanente colusión con el constructor para defraudar a la administración”.
“Las acciones de interventor y constructor han llevado a que se haya perdido la vida de cuatro obreros y ocasionado lesiones a otros seis; a que la obra en este momento se encuentre paralizada, los recursos invertidos en riesgo, se hayan pagado enormes cantidades de recursos en obras no conformes, y el edificio no puede ser utilizado en razón a que ni la parte antigua o existente ni la nueva, cumplen con las normas colombianas sobre edificaciones sismo resistentes”.
Sin revisión
El interventor no sólo incumplió su deber de advertir, prevenir y exigir al contratista que corrigiera dicha situación, sino que certificó que el constructor seguía las normas de seguridad industrial, a pesar de ser esto contrario a la realidad.
La interventoría no habría tomado todas las medidas técnicas y conforme a las mejores prácticas, en la aprobación, revisión y control del proceso constructivo por parte del contratista, necesarias para prevenir el siniestro del pasado 19 de agosto.
Según la decisión, quedó demostrado que el proceso de vertido de concreto de las graderías de la tribuna occidental en voladizo que terminó en colapso, con la muerte de cuatro obreros y lesiones a otros diez, “no fue debidamente planeado ni ejecutado por el constructor, ni advertidas por parte de la interventoría integral externa las diferentes falencias con las que contaba el proceso constructivo”.
Tampoco se garantizaron durante el proceso las normas de seguridad industrial mínimas necesarias para proteger la integridad de los trabajadores.
La firma, según el documento, no advirtió ninguna de estas situaciones, ni desplegó acciones tendientes a prevenir y corregir la conducta negligente del constructor.
“Es claro que el interventor consintió los graves defectos en el proceso constructivo, pues certificó que el proceso constructivo venía siendo adelantado de forma idónea, no obstante el abundante material probatorio analizado demuestra lo contrario”.
Desfinanciación
Según el dictamen final, el contratista y el interventor modificaron las cantidades de obra establecidas en el proyecto, incrementando varios ítems en más de un mil por ciento, lo que ocasionó la desfinanciación del total de obras establecido en el adicional, por ende la perdida de funcionalidad de la obra, el fracaso del proyecto y la orden de suspensión del giro de recursos de regalías para la obra por parte del DNP.
“El interventor no solo conoció este hecho sino que lo consintió” ya que las modificaciones no fueron previamente aprobadas por la administración.
La interventoría incumplió con su deber contractual de revisar y aprobar las hojas de vida del personal del constructor, como quiera que el residente de obra (persona a cuyo cargo se encontraba el proceso constructivo) no era un profesional de la ingeniería.
“El actuar irregular del consorcio llevó incluso a que a pesar de requerir y advertir al contratista sobre la mala calidad de varios ítems, finalmente termina recibiéndolos y ordenando su pago, pese a que no se evidencia ninguna acción correctiva por parte del constructor”, apunta el documento.
Al terminar antes de tiempo el contrato, la administración hará efectivas las pólizas de garantías y podrá retomar el control sobre la ejecución y supervisión de la remodelación.
Aunque Coldeportes anunció que Neiva recuperará antes de un año el escenario deportivo, otro panorama se plantea en esta dura controversia jurídica.
‘La administración actuó con torpeza’
El abogado Alex Paolo García, representante de uno de los miembros del consorcio cuestionó duramente la terminación anticipada del contrato de interventoría, argumentando que se vulneraron principios esenciales del debido proceso y no hubo garantías procesales.
-¿Cómo analiza la medida?
Estamos en total desacuerdo con la decisión por la forma en que se ha surtido el procedimiento, por la torpeza con que la administración lo ha surtido. Ha sido desprolija, no ha atendido el procedimiento, inclusiva ha tomado posiciones sesgadas, parcializadas y desconocedoras del ordenamiento jurídico. En algunas oportunidades se ha amparado en unas normas y en otras ha desconocido esas mismas normas para tomar decisiones totalmente contrarias a los intereses del contratista, violando el debido proceso.
–¿Estas decisiones en su criterio están viciadas?
No me cabe la menor duda, que las decisiones que se han adoptado en este proceso no soportan un estudio del Tribunal Administrativo del Huila porque el procedimiento ha sido mal llevado.
-¿Esto significa que no hubo las garantías suficientes?
Considero que no hubo las suficientes garantías procesales porque, entre otras razones, los funcionarios que tomaron la decisión estaban impedidos porque suscribieron un contrato adicional por siete mil millones de pesos. Solo vinieron a materializar ese impedimento en diciembre de 2017 cuando ya habían surtido pruebas, cuando estaban ad portas de tomar la decisión final. ¿Por qué no se apartaron del proceso? Eso es falta de garantía.
-¿Van a demandar?
No le quepa la menor duda. La demanda se va a formular porque no podemos quedarnos callados ante semejante arbitrariedad. No hemos pretendido lesionar al municipio, ni muchísimo menos entrar en una controversia sin fin. Se han propuesto fórmulas de arreglo, se han buscado acercamientos, hemos tratado de ser dentro del marco de lo que el contrato permite, responsable técnica, financiera y jurídicamente con la administración pero esta ha tenido una postura tozuda, inflexible y poco ajustada a lo que el ordenamiento jurídico establece para encontrar una solución distinta a la que tomaron que en mi sentir, lesiona mucho más al municipio de Neiva.
-¿La interventoría venía funcionado?
A mí no me compete determinar si la interventoría venía o no funcionando, estamos defendiendo sus intereses en este proceso, pero consideraría que sí, porque, ahí están los soportes. Otra cosa, totalmente diferente, es la causa del accidente no atribuible ni al contratista de obra ni al interventor.