El Consejo de Ministros aprobó un nuevo recorte de 6 billones de pesos al presupuesto de gastos para esta vigencia. El nuevo ‘tijeretazo’ se suma al recorte de 8,5 billones de pesos realizado el año pasado. Gravísimo.
El aplazamiento comprende $4,8 billones en inversión y $1,2 billones en gastos de funcionamiento como mecanismo para enfrentar la inestabilidad del precio internacional del petróleo y el impacto fiscal que está generando en las finanzas públicas del país.
En la medida que parte de esta caída es duradera, era imprescindible un ajuste permanente del gasto interno de la economía, como lo sugirió la semana pasada el Banco de la República.
El recorte en inversión afecta a todos, menos al Congreso. El aplazamiento se sentirá con mayor fuerza en el sector agropecuario con $161.000 millones, vivienda: $160.000 millones; salud: $143.000 millones y educación $ 140.000 millones. Gravísimo. Las transferencias a las regiones también sentirán un colosal impacto, que se suma ya, a las reducciones de regalías y a la caída de sus ingresos.
Es cierto que reducir el gasto podría ayudar a baja y estable la inflación, ahorraría alzas de las tasas de interés, minimizando las fluctuaciones del ciclo económico. Esta situación promovería mejores perspectivas para el crecimiento económico en el mediano plazo.
El crecimiento insostenible del gasto público puede provocar ajustes macroeconómicos indeseables. Un alza inusitada de la inflación o una variación abrupta en la tasa de cambio terminan afectando a todos agentes en la economía, descompensándolos. En este caso, la población más pobre y vulnerable termina pagando los platos rotos por los incrementos en la inflación.
Un ajuste indeseado en variables económicas fundamentales se reflejará en la imposibilidad de sostener su política de gasto con consecuencias negativas en términos de proveer mayor acceso de la población a los bienes y servicios a los que tiene derecho. El gasto público social está orientado a la redistribución y garantía de la igualdad de oportunidades en el acceso, uso y calidad delos servicios y bienes sociales.
El compromiso de las autoridades con el Estado Social de Derecho no se agota, de ninguna manera, en el terreno de las apropiaciones presupuestales. El gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación, y más, en tiempos de paz. Este criterio resulta clave en las regiones en momentos en que los concejos y asamblea definen los planes de desarrollo y ajustan sus presupuestos. Si el gasto social, normativamente es una prioridad en las asignaciones, deberá blindarse para evitar que en tiempos de ajustes, terminen soportando todo el peso del recorte.
“El gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación, y más, en tiempos de paz”.
EDITORIALITO
La ambientalista Leyla Marleny Rincón, salvó su credencial en el Concejo de Neiva. Las supuestas inhabilidades que argumentaban sus demandantes no prosperaron. La decisión del Tribunal Administrativo del Huila revalida la credencial, obtenida por voto de opinión.