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INVESTIGACIÓN

Torrejano y su “empresa criminal”

Torrejano y su “empresa criminal” 1 27 mayo, 2020

El juicio contra el exsecretario de Hacienda de Baraya, John Edison Torrejano y cuatro supuestos beneficiarios, quedó nuevamente ‘enredado”. La juez se declaró sin competencia, por la inadecuada imputación que lo vincula con un grupo delictivo organizado para defraudar. Polémica.

 

RICARDO AREIZA

unidadinvestigativa@lanacion.com.co

El ‘consentido’ ex secretario de Hacienda, John Edison Torrejano aprovechó la cercanía y el poder que ejercía en la Alcaldía de Baraya “para organizar y promover una empresa criminal” dedicada a desfalcar al ente territorial.

En los diez meses que estuvo al frente de las finanzas públicas, Torrejano realizó numerosas transacciones fraudulentas y se apropió por lo menos de mil millones de pesos, anticipó la Fiscalía al presentar el escrito de acusación.

Según una investigación que adelantó la Fiscalía el fraude sucesivo fue cometido por Torrejano con personas de su círculo personal, confabulados en una empresa para defraudar al municipio, con la supuesta complicidad o participación de otros funcionarios.

“Incluso algunas cuentas fueron aperturadas exclusivamente para perpetrar el fraude”, reportó el organismo.

Torrejano fue capturado el 22 de octubre de 2019 en Villavieja. Ese mismo día fueron detenidos el comerciante Luis Miguel Charry Forero, Jorge Edgardo Soache Perdomo, John Edison Castro Sandoval y Edisson Izquierdo Sabogal, supuestos beneficiarios de los giros fraudulentos. Todos están con detención domiciliaria desde diciembre del año pasado.

Torrejano y su “empresa criminal” 2 27 mayo, 2020
Otras cuatro personas supuestamente beneficiarias también fueron acusadas.

La acusación

Torrejano y los particulares que acolitaron sus fechorías fueron acusados formalmente por los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación, acceso abusivo a un sistema informático y hurto por medios informáticos y semejantes.

La acusación fue sustentada ante la Juez Primero del Circuito Especializado de Neiva. Sin embargo, esa imputación, al parecer, jurídicamente inadecuada, terminó paralizando de nuevo el proceso.

“Al imputar el concierto para delinquir, no habían hecho jurídicamente relevantes que permitiera inferir esa conducta”, explicó el abogado Héctor Gutiérrez.

La juez de conocimiento se declaró impedida, alegando falta de competencia. La misma argumentación la presentó el 3 de febrero pasado en la primera audiencia de acusación.

Una vez instaló la audiencia de imputación, expuso el impedimento, sin que la Fiscalía hubiese sustentado oralmente la acusación.  Ese impedimento obligó la suspensión de la audiencia de acusación, hasta que el Tribunal Superior, dirimiera la controversia.

Finalmente, la acusación fue realizada en audiencia virtual el lunes pasado, conservando la misma calificación de las conductas, lo que revivió el impedimento, y originó la suspensión de la diligencia.

Torrejano y su “empresa criminal” 3 27 mayo, 2020

La controversia

“Si bien en el escrito de acusación la Fiscalía acusa a cinco personas no narra, no describe ningún hecho jurídico relevante, es decir, ningún elemento particular y concreto, ninguna circunstancia fáctica o aspecto circunstancial que permita establecer o inferir que este número plural de personas constituían un grupo delictivo organizado, que haya existido durante cierto tiempo y que haya actuado concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados en la Convención de Palermo (Delincuencia transnacional), argumentó la juez del Circuito Especializado.

“Simplemente nos deduce del número de actos que tuvo la acción de peculado y del número de personas que tuvieron que ver con la ejecución de dicha conducta”, observó.

En concreto, la juez expresó que no necesariamente el simple y llano concurso de personas en la comisión de uno o varios delitos o el concurso material de dos o más punibles configuran un concierto para delinquir puesta de circunstancias pueden ser también predicables del instituto de la coautoría.

“En síntesis, -concluyó- la Fiscalía no cumplió con la carga procesal de afirmar ni describir ningún hecho jurídicamente relevante que subsane la conducta en el tipo penal de concierto para delinquir para cometer delitos contra la administración pública”.

“Dicho en otras palabras, la Fiscalía no cumplió con la carga procesal de la afirmación por cuanto para obtener el fin deseado con la aplicación de determinadas normas jurídicas la parte debe afirmar los hechos que le sirven de presupuesto sin lo cual no es posible al juez tenerlos en cuenta aun cuando aparezcan probados”, señaló.

No obstante, el Tribunal Superior se abstuvo de resolver la competencia. En su criterio, la alegación de incompetencia, resultaba extemporánea por anticipada, ya que la Fiscalía no tuvo oportunidad de verbalizar la acusación.

“Por inexistencia de formulación de acusación, la sala se abstendrá de definir la competencia”, precisó el magistrado ponente Hernando Quintero Delgado.

El expediente regresó al despacho de origen. Sin embargo, una vez se reinició de nuevo la audiencia la Fiscalía presentó la acusación con la misma calificación de las conductas. La funcionaria judicial reiteró la incompetencia y la audiencia se suspendió.

Ahora, el Tribunal Superior tendrá que definir la competencia y eventualmente, regresará a un Juzgado Penal del Circuito para que continué conociendo el caso de corrupción.

 La estrategia

Torrejano llegó al cargo el primero de enero de 2016 en el gabinete del alcalde Luis Enrique Cardoso Tovar, hasta el 30 de agosto de 2018, cuando renunció para no inhabilitarse. Durante este periodo fue uno de sus funcionarios de su entera confianza.

En su doble condición de Tesorero y Secretario de Hacienda, creaba los comprobantes de egresos a nombre de proveedores o contratistas reales, debidamente inscritos y registrados, pero las transferencias se desviaban a las cuentas de terceros, que no tenían ninguna relación legal, contractual o de otra índole con la administración municipal.

Además, utilizaba las claves personales en el software contable HAS SQL, así como el token de seguridad entregado para el uso exclusivo por parte de las entidades financieras.

 

Las cifras

Las transferencias bancarias irregulares fueron hechas a personas de su círculo personal y familiar que no tenían ninguna relación legal, contractual o de otra índole con la administración del municipio de Baraya.

Según la Contraloría, la defraudación ascendió a 749, 85 millones de pesos.

No obstante, la defraudación, objeto del juicio fiscal, se redujo a 654, 20 millones de pesos ocasionado por la devolución por valor total de 95,65 millones de pesos que hizo en cinco consignaciones el propio Torrejano luego de haberse destapado el escándalo.

La Procuraduría estimó el fraude en 732 millones. La procuradora Provincial de Neiva Yulieth Cristina Cortés lo investiga en un proceso disciplinario que involucra a otros funcionarios incluyendo al ex alcalde Luis Enrique Cardoso.

Otra investigación realizada por la Fiscalía revela que la cifra podría superar los 944, 86 millones de pesos y podría llegar a mil millones.

 

Robo continuado

Durante los diez meses que estuvo ocupando el doble cargo Torrejano realizó 42 transacciones fraudulentas. De estas, 22 beneficiaron a Luis Miguel Charry Forero, 16 a Jorge Edgardo Soache Perdomo y una a Edison Izquierdo y dos a John Edison Castro. La Fiscalía documentó otras operaciones fraudulentas.

“El monto de los recursos desviados que estableció la Fiscalía están muy por encima de los establecidos por la Procuraduría y Contraloría”, informó un perito de la Fiscalía.

El informe pericial del CTI estimó la defraudación en 944,86 millones de pesos, sin revisar dos meses claves septiembre y octubre de 2017, con lo cual el monto puede superar los mil millones de pesos.

 

 

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