La Nación
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Tramitomanía y cultura. Por Germán Palomo García

La reciente Ley Anti-trámite es, sin duda, un golpe contundente a la burocracia, a la tramitomanía y a la costumbre de complicar las cosas con exigencias sin fundamento, todo esto herencia española que nos ha costado muchísimo siquiera reducir porque difícilmente lograremos un cambio cultural en este aspecto ya que muchas de estas peticiones se asocian a una supuesta verificación de condiciones o declaraciones pero, en realidad, en muchas oficinas obedecen a una curiosa e inaceptable demostración de poder o exaltación de jerarquía. Hace una semana, en pleno estreno de la Ley anti-trámite, tuve que hacer una diligencia que me exigía diligenciar un formulario que exigía dos referencias familiares. Di las de mis hijos con su respectivo celular. Me las rechazaron porque tenía que presentar el teléfono fijo y uno de mis hijos no tiene teléfono fijo en su casa, como muchos que han decidido no tenerlo. ¡Qué problema! En donde hay una norma que prohíba el teléfono celular para una referencia personal o comercial, reclamé. No existe pero la empresa exige el teléfono fijo y no hay nada que hacer, me respondió el dependiente. Esta pequeña referencia a un comportamiento particular de una empresa es la mayor amenaza al éxito de la Ley contra la tramitomanía que todos hemos elogiado pero que debemos estar expectantes para que efectivamente se reduzcan los miles de procedimientos que generan dificultades y mayores costos en la cotidianidad. Y es que indudablemente, el efecto económico de la medida es la generación de un ahorro importante y una mayor expedición de muchos trámites engorrosos que no tenían ninguna razón para su complicación. Queda otro aspecto que toca también con la cultura: La generación de confianza entre los colombianos. Tenemos que empezar a creer en nosotros mismos y a recuperar la confianza en la “palabra empeñada” como decían nuestros padres y abuelos. La famosa presunción de buena fe, mandato constitucional desconocido por nosotros abiertamente y por la misma institucionalidad que parte de la presunción de mala fe, es decir, que los colombianos actuamos movidos por intereses torcidos, tiene que reivindicarse con lo que, por fin, se cumple este mandato. Pero es a nosotros a quienes nos corresponde actuar de conformidad, lo cual no resulta fácil en momentos en que la corrupción alcanza niveles elevados y la famosa malicia indígena aún se elogia. La tarea cultural es enorme pero hay que hacerla por el bien de todos.