RICARDO AREIZA
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Tres años después del colapso de la tribuna occidental del estadio ‘Guillermo Plazas Alcid’ de Neiva queda claro que no se trató de un accidente fortuito.
La tragedia que dejó cuatro muertos y diez heridos, no fue provocada por causas exógenas, ni por un pequeño sismo ocurrido horas antes del siniestro. Tampoco se produjo por fallas de diseño, o por deficiencias estructurales, como está probado documentalmente.
Una serie de graves deficiencias en el proceso constructivo originaron el desplome el 19 de agosto de 2016, hoy hace tres años. Desde entonces, la obra quedó suspendida mientras se adelantan procesos penales y fiscales para determinar la responsabilidad.
Sin embargo, pese a los avances logrados para esclarecer los orígenes de la tragedia, el futuro el estadio, se debate entre la reactivación de la obra o su demolición.
Los orígenes
El proyecto original contemplaba la adecuación, remodelación y reforzamiento arquitectónico y estructural de todo el escenario deportivo. La repotenciación estructural era la clave. El proyecto inicial no contemplaba la demolición de la tribuna oriental ni la construcción de obra nueva.
El convenio interadministrativo No. 758, el origen de la remodelación, fue firmado el 8 de noviembre de 2013 entre Coldeportes, la Gobernación del Huila y la Alcaldía de Neiva. Tenía un valor inicial de 21.200 millones de pesos.
El 14 de junio de 2014 la Alcaldía de Neiva realizó los estudios previos para la contratación de esta primera etapa. El presupuesto contemplado en el estudio ascendió $19.999 millones. En este se incluyó el ítem 5.2 “elaboración de concretos para el refuerzo de la estructura existente por valor de $2.153 millones (intervención de la estructura oriental y occidental del estadio).
El jefe de la Oficina de Contratación ordenó la apertura de la licitación, según Resolución 236 del 24 de julio de 2014.
Los estudios previos fueron ajustados el 19 de noviembre de 2014 por el Director de Deportes, conservando el Item 5.2 sobre el refuerzo de la estructura existente, conservando las mismas cantidades de obra y valores establecidos en el estudio previo original. Ese mismo día, el jefe de contratación expidió la Resolución 509 saneando las actuaciones desarrolladas, ordenó la apertura de la licitación y publicó los pliegos definitivos y el monto del presupuesto establecido en los estudios previos.
Contrato sastre
El 16 de diciembre de 2014 el contrato le fue adjudicado al Consorcio Estadio 2014 representado por Miguel Alejandro Lozano Castañeda por $19.999 millones. El contratista era el único que cumplía con todos los requisitos en términos de experiencia y número de proyectos adelantados en los últimos cinco años.
El 18 de diciembre, dos días después se firmó el contrato de obra pública 1758 para “la adecuación y remodelación arquitectónica y estructural del estadio Guillermo Plazas Alcid”.
El consorcio paisa tenía un plazo de diez meses para entregar las obras (octubre de 2015). El acta de inicio se firmó el 29 de diciembre de 2014.
El contratista inició las obras preliminares, las cimentaciones en el área de camerinos, la estructura en concreto reforzado para la ampliación de la tribuna occidental, la fundición de la graderías de los niveles 6 y 7 y la construcción de la nueva cancha. El reforzamiento estructural de la tribuna occidental, incorporado en el contrato desapareció.
Las fallas
El 12 de septiembre de 2015 mientras se realizaban labores de fundición en el cuarto nivel de la tribuna occidental, una parte de la estructura colapsó y se derrumbó. No hubo víctimas. El contratista atribuyó el percance a una falla exógena en el proceso constructivo. En su opinión, un taco cedió y provocó la caída de una loza de concreto que se estaba fundiendo. Esa fue la primera alarma. No pasó nada. Ni siquiera un requerimiento por parte de la interventoría.
El plazo de los diez meses para entregar la obra se cumplió y la obra no estaba terminada. El 13 de octubre de 2015 el plazo fue extendido por dos meses adicionales. El contrato se suspendió por nueve días y se reinició el 29 de diciembre de 2015, dos días antes de terminar el mandato del alcalde Pedro Hernán Suárez.
Después se autorizaron otras cinco prórrogas. Cuando se produjo el desplome de la gradería, el contratista hacía uso de la quinta prórroga por 90 días calendario que se vencía el 31 de octubre de 2016. A pesar de las demoras e incumplimientos el contratista curiosamente, terminó favorecido con un contrato adicional por $7.249 millones de pesos, aprobado a finales de la administración del alcalde Pedro Suárez.
El presupuesto total para la remodelación ascendió a $ 27.248 millones. De éstos, según las 13 actas parciales se han pagado $23.527 millones.
Primeras alertas
La Contraloría General de la República activó las primeras alertas sobre las fallas que se venían registrando. El equipo auditor liderado por el entonces gerente departamental Omar Castro puso al descubierto las fallas que venían ocurriendo y los peligros que representaba, antes de producirse la tragedia.
El documento revelado en primicia por LA NACIÓN advirtió que las obras contempladas en el contrato no eran adecuadas ni suficientes para realizar el reforzamiento estructural dela tribuna occidental. Adicionalmente, puso al descubierto que esos ítems, en todo caso, no fueron ejecutados por el contratista.
“Solamente se realizaron las obras nuevas de ampliación y remodelación de las canchas, la construcción de camerinos y los niveles cuarto, quinto, sexto y séptimo de la tribuna occidental”, precisó.
“En estas condiciones, -precisó- el escenario deportivo quedó en las mismas condiciones de vulnerabilidad sísmica e inestabilidad estructural que lo hacen inservible”. Igual ocurrió con las obras ejecutadas.
El estudio técnico realizado por el equipo de apoyo de la Contraloría puso en evidencia la vulnerabilidad total de la obra, el alto riesgo por no cumplir los estándares mínimos de seguridad y la inviabilidad estructural del escenario deportivo.
Direccionamiento
El proceso de contratación, según la Fiscalía, habría sido direccionado desde la propia administración municipal para favorecer al único oferente que se presentó.
El fiscal 17 seccional, Rodrigo Hernández Fierro, estimó que el ex alcalde Pedro Suárez cambió las condiciones de experiencia específica (habilitante) y otros requisitos para beneficiar al consorcio Estadio 2015, el único proponente.
Entre otras, debía acreditar la ejecución de dos contratos con entidades públicas, cuyo objeto sea igual o similar (adecuación y remodelación de estadios de fútbol). Uno de ellos sobre reforzamiento estructural y que su valor sea por lo menos el 50% del presupuesto oficial.
Además, que el área intervenida en uno de los contratos sea igual o superior a 20.000 metros cuadrados y que la cantidad de acero o estructura metálica de refuerzo sea como mínimo sea igual a las cantidades contempladas en el proyecto (450 toneladas).
El contratista solo acreditó la experiencia específica con mayor puntaje la firma Clam Ingenieros que aunque dirigida por el ingeniero Miguel Alejandro Lozano, no hace parte del consorcio Estadio 2014.
El objeto central del contrato fue modificado. Se incluyó una mayor cantidad de obra y se suprimieron otras que eran esenciales como el reforzamiento estructural. Pero no fue casual, según lo documentó el fiscal Hernández Fierro.
Nuevo proyecto
Las obras proyectadas en el costado oriental superaban las cantidades contratadas. En estas condiciones el proyecto quedaría inconcluso. Por esa razón el mandatario cambió el proyecto original y tomó otra ruta.
La conclusión quedó plasmada en el acta el 30 de enero de 2015, una de las primeras evidencias sobre la improvisación.
Aunque el alcalde Pedro Suárez argumentó que se cambió el presupuesto por razones técnicas que no pudieron preverse en los estudios iniciales, el fiscal del caso, consideró que la ejecución del proyecto por etapas, era toda una estrategia.
Las víctimas reclaman la reparación. Un primer grupo logró un acuerdo dinerario. El otro espera una indemnización integral
Las investigaciones
El ex mandatario, su jefe de Contratación, el director de Deportes, lo mismo que los contratistas, los interventores y el personal encargado de la ejecución están acusados y responderán en juicio, programado para el próximo año.
La acusación fue radicada el primero de diciembre de 2017, pero se adicionó en marzo y abril, lo que interfirió en el desarrollo del proceso verbal que no podrá culminarse este año. El juez Tercero Penal del Circuito, Jorge Enrique Luna, reprogramó para el 15 de febrero de 2020 la reanudación de la audiencia preparatoria.
Adicionalmente, los constructores, interventores y el equipo técnico responden en otro proceso por lesiones personales. El proceso por homicidio culposo fue archivado. El Juzgado Primero Penal del Circuito de Neiva precluyó el proceso penal por la muerte de los cuatro operarios por una reparación integral. Los familiares de los operarios fallecidos fueron indemnizados económicamente.
Sin embargo ese acuerdo no incluyó al resto de los sobrevivientes, quienes reclamaban una indemnización integral. Además, tienen dos demandas en este sentido.
La Contraloría General de la República les imputó responsabilidad fiscal a todos los actores, incluidos servidores públicos, contratistas e interventores. El auto se produjo en septiembre de 2017. Aún sigue sin fallarse.
Curiosamente, la Procuraduría General de la Nación solamente adelanta tres procesos disciplinarios contra el actual alcalde y sus inmediatos colaboradores, acogiendo las quejas que elevaron los propios contratistas, en una reacción natural por la caducidad de los contratos por grave incumplimiento. En cambio, no hay ninguna acción de la Procuraduría para esclarecer la responsabilidad disciplinaria de quienes planearon, contrataron la obra.
¿Y el estadio?
Tres años después de la tragedia, la recuperación del escenario deportivo sigue en la incertidumbre.
La Universidad Nacional entregará el primero de octubre próximo las opciones posibles, la hoja de ruta, el volumen de obras y los costos para recuperar la obra y terminaron la remodelación de la tribuna occidental.
Además, contemplará los escenarios posibles incluyendo una eventual demolición.
Un cálculo preliminar para recuperar todo el estadio podría ascender a cien mil millones de pesos. La sola tribuna occidental puede costar adicionalmente otros 40 mil millones de pesos. La recuperación de las demás tribunas puede costar alrededor de 60 mil millones de pesos.
La opinión de expertos, hinchas y ciudadanía es que ese escenario debe ser demolido. Sin embargo, por el detrimento patrimonial que puede generar, debido a los recursos invertidos, ninguna autoridad se atreverá a tomar esa decisión, e insisten, incluido Coldeportes, en terminar la obra con las recomendaciones que entregue la Universidad Nacional.