A raíz de una serie de acontecimientos actuales, ha quedado en evidencia que el Estado colombiano, deja robar. De esta manera, familias enteras han logrado construir fortunas fabulosas durante años, inclusive décadas, sin que quienes deben velar por el bienestar de los ciudadanos, se den cuenta oportunamente. Solo cuando los escándalos ya salen a la luz pública por la fuerza de las circunstancias, el Ejecutivo y los entes de control empiezan a actuar, mientras muchos de esos personajes ya se han volado del país o se esconden exitosamente de las autoridades. Este es el caso de la Universidad San Martín que hoy ocupa páginas enteras de los medios de comunicación escritos, y acapara titulares en radio y televisión. Y la triste historia apenas comienza.
Como son varias –sino muchas–, universidades las que hoy están en la mira, se plantea que la ley que dio autonomía a estos centros de educación puede haber abierto esta puerta para que se construyan emporios de negocios, sacrificando la vida de miles de estudiantes y de sus familias que creyeron que dichos centros les abrirían las puertas del éxito profesional.
Hoy, el gobierno, a través de su Ministra de Educación, está tomando medidas, pero muchos creen que el Ministerio no tiene dientes suficientes para evitar este descarado robo que se le está haciendo a la población estudiantil. La falta de mecanismos de control eficaces produce un daño muchas veces irreparable. ¿Quién le devuelve los años perdidos a unos jóvenes y a sus padres que, con mucha frecuencia, hacen sacrificios económicos enormes para volver profesionales a sus hijos? Y si logran graduarse ya salen al mercado laboral con un gran estigma que les va a impedir competir con egresados de universidades con gran reconocimiento.
El otro caso tiene que ver con la asignación de recursos públicos que salen del bolsillo de todos y cada uno de los colombianos que pagan impuestos. La relación público –privada es necesaria. Es más, en un país como Colombia, donde se valora poco la investigación y la formación de liderazgos, es fundamental que el Estado decida financiar muchas de estas actividades. Pero lo que es inaudito, es que los criterios para esas asignaciones no sean absolutamente transparentes, mientras grandes montos de recursos públicos se orientan de acuerdo a presiones políticas. Más grave aún cuando estos fondos públicos salen de instituciones cuyo objetivo prioritario son los pobres o las víctimas.
Cuando el país se enfrenta probablemente al posconflicto, que exigirá decenas de billones de pesos, si el Estado deja que unos individuos, de distinta forma, o roben a la ciudadanía y la engañen o consigan montos inmensos de dinero público por presiones políticas, no habrá manera posible de avanzar en el proceso de pasar la página de la violencia y construir un país distinto.
Por definición, "El Estado es la forma como se organiza una sociedad para poder funcionar mejor"; es "la unión de nuestra población, las instituciones públicas que nos organizan y nuestra cultura". Por consiguiente, todos los colombianos somos responsables al permitir que situaciones como las mencionadas sucedan. Es decir, todos debemos propender para que el Estado colombiano no deje robar.