La sociedad colombiana debe rechazar de manera tajante el anuncio esta semana de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, Eln, de regresar a la práctica del secuestro con fines extorsivos.
No puede ser posible que alguien pueda consentir o abrazar la idea que este grupo ilegalmente armado negocie la paz y al mismo tiempo cometa vejámenes contra la sociedad civil. En este caso, el secuestro, bajo cualquier motivación, es una práctica ominosa que merece el repudio de todos los estamentos del país y no puede permitirse, viniendo aún más de un actor que está en conversaciones de reconciliación.
La institucionalidad colombiana en cabeza del Gobierno de Gustavo Petro debe ser vehemente en rechazar el secuestro no sólo por parte del Eln sino de cualquier grupo criminal o delictivo. El secuestro violenta los derechos a la integridad y libertad de quienes lo padecen, como también vulnera una serie de derechos de sus familias.
Por eso, el Gobierno Petro tendrá que hacer mucho más que “esfuerzos necesarios” –como fueron sus palabras ayer– para evitar que la guerrilla del Eln lleve a cabo secuestros en el territorio colombiano. El Gobierno Petro no puede terminar chantajeado y doblegado a las posturas ni de este ni de ninguna otra organización ilegal. Cualquier titubeo en este sentido de parte del Gobierno, podría terminar llevando a Colombia a un incremento inusitado en las acciones contra la vida personal e integridad de los colombianos.
Es obvio que si el Eln, las disidencias de las Farc u otro grupo ilegalmente armado están en conversaciones de paz, deben mostrar coherencia en sus acciones y una de ellas es no secuestrar.
Como sociedad, los colombianos deben estar unidos a la hora de rechazar que el secuestro termine convertido en una práctica diaria de las organizaciones ilegalmente armadas.