Múltiples emociones vivenciaron aquellas familias que estaban en búsqueda de la verdad desde hace más de una década en el Huila, luego de la aceptación de culpabilidad de 27 militares. Aunque esto es un aliciente para perdonar, la realidad es que les es difícil olvidar.
Johan Eduardo Rojas López
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Entre llanto y felicidad las familias víctimas de ‘falsos positivos’ en el departamento del Huila celebran la aceptación de culpabilidad de los 27 militares ante la sala de reconocimiento de la Justicia Especial para la Paz, JEP. Sin embargo, dejan claro que aún falta continuar con el debido proceso para llegar a la fase restaurativa enfocada a la reparación.
Mauricio Aguirre Macías, hermano de Juan Carlos Aguirre Macías, asesinado por el subteniente Felipe Andrés Rodríguez Gómez, el primero de febrero del 2008 en el municipio de Íquira, dice sentir tranquilidad, toda vez que, por fin se está limpiando el nombre de todas las víctimas de ‘falsos positivos’ que en su momento fueron pisoteadas por la sociedad. Esto luego de más de una década de sufrimiento, impotencia y dolor.
Empero, a pesar de sentir satisfacción por lo acontecido, considera que la sentencia no compensa el padecimiento que las familias han vivido. “Esa decisión no es la justa después de tanto dolor, sin embargo, lo más importante es que la JEP nos ha ayudado mucho para que los militares digan la verdad de lo sucedido. En este momento estamos limpiando el buen honor de las víctimas”, expresó Aguirre Macías.
Este proceso ha hecho que las familias víctimas de este territorio se hayan unido en fe y esperanza, puesto que, muchos ya habían perdido los casos ante la justicia y el panorama cambió tras la confesión, lo cual permitirá que por fin sean reparados.
Se perdona, pero no se olvida
Frente a los militares que no reconocieron la responsabilidad de estos casos, siente la plena convicción de que, en algún momento dirán la verdad que muchas familias siguen esperando.
“Sabe, lo más bonito es que ahí está la mano de Dios, él es nuestra justicia y verdad. Uno perdona, pero nunca olvida porque le quitaron las alas a muchas personas humildes y trabajadoras, entre esos mi hermano de 40 años, con cuatro hijos y una familia que lo sigue amando. Lo que más me da alegría es el trabajo que estamos haciendo con las familias, organizaciones y algunas instituciones”, señaló el hermano de Juan Carlos.
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La lucha trae satisfacción
Por su parte, Óscar Fernando Sierra Ospina, abogado del Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos, Obsurdh, explicó que, esto no es nuevo debido a que se trata de un proceso que viene surtiendo efecto con anterioridad. Es así como el 20 de noviembre se tomó una decisión histórica para el departamento del Huila en la medida que se informó a la ciudadanía sobre aproximadamente 208 personas que fueron catalogadas como víctimas directas.
Eso sin contar aquellos casos que se salieron del intervalo de tiempo en el que se abordó la investigación, es decir, que la JEP priorizo lo hechos ocurridos entre el 2005 y 2008 en el Batallón de Infantería No. 26 ‘Cacique Pigoanza’ (BIPIG), el Batallón de Infantería No. 27 ‘Magdalena’ (BIMAG), la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas No. 11 (AFEUR 11) y la Novena Brigada; debido a la masividad existente para ese periodo.
Es por esta misma razón que se hace hincapié en que los sentimientos que genera esta decisión entre las familias; se basan en la lucha que han mantenido en búsqueda de la verdad, la justicia, reparación y garantías de no repetición.
Lo que llamó la atención de las víctimas es que los mayores generales (r) Édgar Alberto Rodríguez Sánchez y Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, así como el mayor general Miguel Ernesto Pérez Guarnizo, el general Jaime Alfonso Lasprilla Villamizar y el brigadier general William Fernando Pérez Laiseca manifestaron que no reconocen responsabilidad. Lo anterior, debido a que la JEP les atribuye responsabilidades a estas personas aclarando cada participación.
En ese sentido, el abogado explicó que, ahora estas personas tendrán que iniciar un juicio en la línea adversarial a través de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, en donde de ser hallados culpables se exponen a penas de 15 o 20 años de cárcel. Esta decisión resulta contraproducente para la imagen de las fuerzas militares que, según Obsurdh, le falló a los ciudadanos debido a una impunidad de aproximadamente el 90% para esa época.
Continúan en búsqueda de la verdad
Por ahora, luego de la aceptación de culpabilidad de los 27 militares se arranca la fase restaurativa orientada a reparar, por lo cual, se está organizando un encuentro privado como preparación para la Audiencia Pública de Reconocimiento donde se aceptará la responsabilidad de manera presencial. Posteriormente, se espera realizar unas observaciones y así construir las posibles sanciones que se emitirán y los procesos restaurativos hacia las víctimas.