Morigerar el lenguaje no sobra en estos eventos; exacerbar los ánimos, suele ser peligroso. En relación con la protesta del pasado 8 de febrero a las puertas del Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía en Bogotá, frente a las voces de los manifestantes y todos los intervinientes e interesados del día: Los funcionarios judiciales, el Ejecutivo Nacional, los Partidos de coalición al gobierno y la oposición, la prensa nacional y local, los grupos de presión, Fecode, las agrupaciones indígenas, se nos ponen de presente algunas preocupaciones de fondo, la relación entre política, prensa, movimientos sociales y gobierno.
Es tan peligroso que la justicia se politice, como que los movimientos sociales se envalentonen de forma irracional, también es peligroso que el poder ejecutivo acuse a una corporación que se supone íntegra; el Máximo tribunal de la justicia ordinaria que unifica la jurisprudencia nacional y decide de forma definitiva los litigios de los cuales tiene conocimiento es también un instrumento del pluralismo y de la paz.
En momentos de polarización como el que vivimos en Colombia, todos nos podemos equivocar, siempre en medio de este tipo de confrontaciones tendemos a enfrentar el estado de derecho contra el estado de opinión. En política todos creemos tener la razón; siempre en los primeros aires de confrontación se sacrifica la verdad, no queremos entender la razón del otro. Tal vez por ello, las visiones encontradas fueron la del presidente que llama a una marcha de manera imprudente y con la tragedia que significa no saber que pueda suceder con una turba enardecida en puertas del mismo palacio del cual no superamos el trauma histórico del 6 de noviembre de 1985, sabiendo, eso si que los marchantes de hoy no son los del M-19 del pasado.
La otra visión es la de los Magistrados quienes poseen razones potísimas para no proceder para la fecha a la elección del nuevo Fiscal General de la Nación. De corazón y mente nadie puede actuar y mantener las reservas mentales si lo que se quiere es un acuerdo, de un lado deben entender que no se trató de una nueva toma del palacio de justicia; del otro que no hay un complot de intromisión política en la mora de elegir al fiscal; los canales para conseguir la elección rápida son los institucionales; si bien no es fácil deslindar la política de la justicia, sabiendo que los hechos políticos tienen consecuencias en el ámbito del poder judicial ; “este no es ajeno al debate político ni a los medios de comunicación a la falta de consenso y la rivalidad entre los partidos políticos que se traslada a las instituciones judiciales” (Rodríguez, Victoria, 2014) si bien tales consensos se pueden formar en los canales institucionales a partir de las reglas de la democracia deliberativa; deberíamos siempre tener clara la necesidad de separar justicia y política, de lo contrario podemos seguir avanzando en una valoración negativa del poder judicial y de las mismas ramas del poder. Todo choque de trenes buscando las mayores ganancias de cada facción respecto de la opinión pública nos deja a todos perdedores.