Las autoridades trasladaron a 150 personas privadas de la libertad a las celdas donde se construye la Unidad Permanente de Justicia (UPJ), de Neiva por el intento de fuga en el centro de detención transitorio en las antiguas bodegas de Alpina. Tres presos se fugaron del complejo dejando al descubierto falencias en la obra. “Se hará el reforzamiento necesario”, dijo el alcalde German Casagua Bonilla.
Rafael Rodríguez C.
La fuga de tres personas privadas de la libertad dejó al descubierto que las celdas de la Unidad Permanente de Justicia (UPJ) de Neiva, que se encuentra en su última etapa de construcción, no cuentan con los estándares de seguridad para la custodia de presos.
Y es que la administración municipal debió hacer uso del complejo judicial el pasado 22 de junio, para mitigar el intento de fuga de las personas que se encuentran detenidas en el Centro de Detención Transitorio CDT), ubicado en las antiguas bodegas de Alpina, donde la administración municipal paga 25 millones de pesos mensuales.
“Se presentó un incidente en donde las personas estaban retenidas, afectaron parte estructural de las bodegas, nos tocó momentáneamente reubicarlos. La UPJ ya se encuentra en un porcentaje de ejecución muy avanzado”, dijo el alcalde de Neiva, German Casagua Bonilla.
En el CDT se encuentran privadas de la libertad 339 personas de las cuales 150 fueron trasladadas a la UPJ. “Destruyeron parte del inmueble de la bodega de Alpina, del CDT, y prácticamente quedó inservible y teníamos que albergarlos en otro sitio y el único funcionalmente era el primer piso y parte el segundo de la UPJ”.
De las 150 personas llevadas a las seis celdas de la UPJ, ya se han trasladado a la cárcel judicial de Neiva 53, de un total de 71. “El Inpec (instituto Nacional Penitenciario y Carcelario) los recibió porque son personas condenadas. Una persona más será llevada a la cárcel de Pitalito por orden judicial”, manifestó el mandatario local.
En la actualidad en la UPJ quedan alrededor de 90 personas que, al parecer, no tienen el deseo de regresar al CDT de las bodegas de Alpina. “Los privados de la libertad no quieren que los trasladen porque sienten allí mejor calidad de custodia, no se sienten en el hacinamiento en el que estaban en la bodegas”, señaló el alcalde Casagua Bonilla.
Sostuvo que en el centro de detención transitorio se encuentran ya recluidas 213 personas. “Una vez se terminen todas las obras de recuperación del CDT, deben ser trasladadas las 90 personas que están en la UPJ”.
Precisó el mandatario que el traslado de los privados de la libertad a la UPJ se hizo con el permisión del contratista. “nosotros contamos con la autorización del contratista, le dijimos que era un plan para mitigar la emergencia que se presentó en el CDT”.
Fuga en la UPJ
El traslado momentáneo de las personas privadas de la libertad fue una ‘prueba de fuego’ para el complejo judicial, que tiene un costo de $4.642.867,552, millones.
Una fuga de tres reclusos de la UPJ dejó al descubierto que la obra no cuenta con las especificaciones técnicas para la custodia de personas con líos judiciales. “Infortunadamente algunos, no todos, de los detenidos internos allí utilizan la comida de sus familias como un vehículo para ingresar cosas prohibidas como seguetas, celulares, armas cortopunzantes y droga…”, dijo el secretario de Gobierno, José Ferney Ducuara.
Con una segueta tres privados de la libertad dañaron los barrotes de la reja de la celda, aprovecharon que la cubierta estaba en construcción y lograron fugarse del complejo judicial. “Se fugaron tres personas valiéndose de seguetas y elementos cortopunzantes con los cuales averiaron una de las rejas, y como la cubierta apenas está en instalación aprovecharon para esa fuga”, señaló el alcalde Casagua.
De los tres fugados ya fue recapturado uno de los presos y los otros dos están siendo buscados por las autoridades policiales. “Los otros dos han sido ya objeto de denuncia penal por fuga de presos, o sea que además de la pena que se están pagando, van a enfrentarse a otra pena adicional y hay un grupo de la Policía que va por buen camino en el proceso de recaptura de esas dos personas”, indicó el burgomaestre.
Mal diseño
El complejo judicial que se encuentra en la etapa final de construcción, con la fuga de los tres reclusos mostró a las autoridades y organismos de seguridad que los estudios, al parecer, no fueron los adecuados.
“Esa obra no ha sido recibida todavía y ya se evidenció que el diseño con que fue concebido en el año 2016, tiene falencias”, sostuvo Casagua Bonilla,
Indicó que una de las primeras falencias que se evidencia en la obra es el calibre de los barrotes de las seis celdas donde estarán privadas de la libertad las personas. “Los internos se las ingenian para destruir paredes, rejas y candados. Entonces una reja que tiene un calibre como de media pulgada no es suficientemente fuerte para la creatividad de destrucción que tienen los internos”.
Sostuvo que se realizará un reforzamiento de toda la infraestructura, en muros, celdas, rejas y cubierta. “A raíz de lo que ha pasado y esa prueba de fuego que hemos llamado, cuando se reciba la obra toda terminada, hay que hacer un reforzamiento estructural de la seis celdas, tanto en la estructura de concreto como en la estructura de rejas o de forja, porque ya quedó evidenciado que puede ser objeto de vandalización para planear fugas”.
El reforzamiento estaría en manos de la administración municipal una vez reciba la obra terminada en su totalidad, ya que el contratista está ejecutando el proyecto que se aprobó en la administración anterior. “El contratista no está obligado a reforzar, el contratista está obligado a cumplir con el diseño que a él le contrataron…”, manifestó el Alcalde.
Sin embargo, dijo el mandatario, lo que se podría hacer eventualmente es evaluar con la Oficina Jurídica y la Secretaría de Infraestructura es que en el camino del recibo de la obra se pudiera realizar una adición de reforzamiento.
No obstante recordó que en la actualidad el proyecto cuanta con un problema presupuestal. “Ya el contratista ha radicado unos documentos que reposan en Hacienda y la Oficina Jurídica para poder buscar la salida de este tema o en su defecto acudir al Concejo Municipal para que autorice bajo la figura del pago parcial de un pago activo, el pago parcial de un pasivo exigible y podamos pagar lo que ya debe el municipio, porque el municipio adeuda al contratista más de 1.600 millones, poderle pagar o en su defecto poder adicionar para reforzar las seis celdas”.
La falencia en el material deja al descubierto también que, al parecer, no hubo un estudio previo para evaluarlos. “Lastimosamente ese diseño del 2016 no sé seguramente si fue consultado con las autoridades carcelarias o ese diseño fue socializado, ajustado a las especificaciones técnicas de una cárcel de este nivel…”.
Para el 2025
La suspensión de la obra a mediados de año habría retrasó el tiempo de entrega de la obra que estaba prevista para el mes de junio pasado y su dotación y puesta en funcionamiento para finales del 2024.
“La obra fue suspendida por un componente técnico de las cubiertas, había cuenta de que allí en la UPJ van a funcionar seis celdas para garantizar la custodia de personas privadas de la libertad de manera transitoria, entonces se requiere una cubierta con especificación técnica superior a la que fue diseñada inicialmente, eso motivó a suspender la obra por un periodo superior a los dos meses mientras se resolvía ese tema técnico de la cubierta ya fue resuelto”, explicó el mandatario.
Señaló que en los primeros 20 días de junio se reinició la obra la obra con los temas de acabados y con la construcción del tanque almacenamiento de agua potable para los privados de la libertad y funcionarios que estarán allí laborando, en caso de que se suspenda el suministro del servicio en el sector.
Sin embargo el alcalde Casagua Bonilla espera que se pueda cumplir con la entrega de la obra este año, pero la puesta en funcionamiento sería a mediados del 2025 por las falencias que se encontraron.
“Tenemos la esperanza de que el contratista entregue esa obra antes de finalizar el año y conociendo la irregularidad, no se puede poner en funcionamiento, porque ya con lo que evidenciamos tenemos que hacer un reforzamiento estructura…”, expresó el mandatario.
Sostuvo que los ingenieros de la Secretaría de Infraestructura evaluarán la obra para conocer a detalle el reforzamiento que se debe hacer. “Ya pedimos el apoyo a Infraestructura para que ellos a través de los ingenieros nos puedan estimar el costo del proyecto de adición para reforzamiento estructural y el plazo”.
La UPJ
La obra no solo contará con celdas para las personas privadas de la libertad sino que permitirá a los habitantes de la comuna Seis y sus alrededores un más rápido acceso a la administración de justicia.
Contará con seis celdas, acondicionadas con baterías sanitarias para los internos, están distribuidas en dos secciones: en la primera estarán cuatro para las hombres, una para mujeres, habitantes de calle y la siguiente para la población LGTBI+Q. En la segunda sección se diseñó para niños, niñas y adolescentes. “Cada celda va a contar con su sistemas de batería sanitarias, duchas y sistemas de lavamanos, todo en un diseño antivandalismo”, manifestó el Secretario de Gobierno de Neiva.
En el primero y segundo pisos funcionarán salas de audiencias en las que se desarrollarán las audiencias preliminares con los jueces de garantías. “Se va a garantizar la atención inmediata al detenido y vamos a evitar el riesgo que implica el traslado de una persona hasta el palacio de justicia en el centro de Neiva y que puede implicar una fuga”, indicó Ducuara Castro.
El complejo tendrá también comisarías de familia e inspectores de policía y un CAI de la Policía Metropolitana de Neiva.