Tras sorprender al mundo por la decisión, ya surgieron posiciones encontradas dentro y fuera del país suramericano.
El mundo reaccionó ayer expectante y con posturas enfrentadas ante la legislación aprobada el martes por el Senado de Uruguay, que convierte a este país en el primero en el mundo en legalizar y controlar el proceso de producción, distribución y venta de cannabis.
La reacción más enérgica fue la de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (Onudc), que expresó su desacuerdo frente a la nueva normativa uruguaya, señalando que viola convenios internacionales.
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, organismo dependiente de la ONU, lamentó por su lado en un comunicado que Uruguay "contravenga la convención de 1961 sobre narcóticos", a la cual el país está suscripto.
Paraguay, que integra junto a Uruguay, Argentina, Brasil y Venezuela el bloque del Mercosur, también criticó la medida de su socio sudamericano, afirmando que eso significará un aumento de la importación de marihuana de origen ilegal desde Paraguay.
Respeto y expectación
Desde Holanda también se escucharon voces sobre la nueva legislación de Uruguay.
Aunque técnicamente ilegal, la posesión y consumo y venta en los coffee shops de menos de cinco gramos de cannabis está tolerado en Holanda desde 1976, sin embargo el cultivo y la venta al por mayor están prohibidos y permanecen en manos de grupos criminales.
Una ley como la uruguaya en los Países Bajos les permitiría "no verse obligados a trabajar de una forma tan extraña", afirmó una holandesa ante las cámaras de la televisión nacional.
En tanto, en una carta abierta, 114 organizaciones de todo el mundo dieron la bienvenida a la recién sancionada ley sobre la marihuana.
Otros países de la región reaccionaron. "Consideramos que es una experiencia inédita y vamos a evaluar el desarrollo de la aplicación de esta nueva legislación audaz e innovadora que ha desarrollado Uruguay", comentó el canciller venezolano Elías Jaua.
La ministra boliviana de Comunicación, Amanda Dávila, afirmó que se trata de "una decisión de un país soberano”, aunque advirtió que "esa no es nuestra posición".
"Escandalizarse por la decisión uruguaya es un discurso político propio de las políticas prohibicionistas antidrogas de Estados Unidos", afirmó por su parte Hugo Cabieses, experto en temas de narcotráfico y ex viceministro peruano de Ambiente.