Maritza Rocío López Vargas
Preocupante resulta ser para la sociedad civil, la utilización de los niños en actos delictivos o la participación de adolescentes para cometer homicidios, vender drogas o portar armas; esto sin contar el riesgo al cual se ven expuestos al ser parte de organizaciones, redes o bandas involucradas en el crimen organizado.
Pese a los esfuerzos realizados por el Estado en materia de protección integral a la niñez, resulta muy difícil para las entidades competentes poder controlar y erradicar esta absurda y abusiva realidad, en tanto los padres de familia o adultos responsables de los niños, niñas y adolescentes, continúen sometiendo, entrenando o educando a los menores de edad en prácticas ilegales o que los adultos no sean judicializados, al someter a los niños en el mundo delincuencial.
Mientras no se suplan las necesidades básicas de zonas urbanas, se garanticen establecimientos educativos protectores, se cuente con ofertas que promuevan proyectos de vida, se implementen programas para el desarrollo de competencias
ciudadanas, se desvirtúe la cultura del consumismo, se dificulte el fácil acceso a sustancias psicoactivas, se disminuyan los índices de precariedad y pobreza en varios regiones del país, mientras no existan infraestructuras adecuadas de servicios básicos, se creen espacios para la cultura, recreación y deporte; va a ser muy difícil que los niños, niñas y adolescentes estén asilados de contextos donde la informalidad, el desempleo, la explotación y la ilegal se conviertan en opciones casi exclusivas, para la generación de ingresos y supervivencia humana.
Este panorama debe direccionar la atención de los entes gubernamentales, la familia y la sociedad en general a los entornos familiares, escolares y comunitarios donde frecuentemente ocurre la violación de derechos de los menores de 18 años y el perfil característicos de los mismos, actuar frente a la prevención de prácticas o comportamientos de aquellos que promueven, inducen, facilitan, financian, colaboran o someten a los niños, niñas o adolescentes en cualquier tipo de actividad ilegal.
Se hace preciso recuperar entre los adultos los valores, la ética y la moral; ningún acto delictivo por pequeño, insignificante o ingenuo que parezca, debe pasarse por alto. Los padres de familia y personas responsables de los niños, deben ser congruentes a través del ejemplo, deben ser modelos positivos a seguir, formar en la conciencia social, el acatamiento de normas y principios básicos de convivencia humana, responsabilidad social y autocontrol, de lo contrario, será prácticamente imposible evitar que más niños se ven inmersos, en la comisión de delitos.