Los maestros y gran parte del país están entendiendo a las malas que un sistema de salud es mucho más complejo de lo que creían y que no basta con una red de prestadores y quién pague los servicios para garantizar su operación.
Los inconvenientes en la ejecución del nuevo modelo de atención del magisterio demuestran la improvisación del gobierno al implementar el modelo sin un sustento técnico y financiero, y a su vez, el profundo desconocimiento sobre el funcionamiento del sector salud.
Lo que se ha evidenciado hasta ahora es únicamente el comienzo y no es difícil de enmendar, son los obvios problemas que un cambio genera, seguramente en corto tiempo tendrán los contratos necesarios para garantizar la atención, por más ineptos que son no es complicado hacerlo, pasaran unos días y se creerá erróneamente que la atención en salud está garantizada.
En pocos meses comenzaran las verdaderas dificultades, la decisión, transitoria según el gobierno, de eliminar las autorizaciones conllevará al desborde del gasto. Adicionalmente, implicará una sobrecarga en todos los trámites de auditoría, incluida la revisión de las facturas.
El gobierno pretenderá frenar el gasto estableciendo un manual tarifario que conllevará a que gran parte de las IPS acreditadas del país no presten los servicios mediante contratos permanentes, tendiendo que recurrir a costosos anticipos según las tarifas que tienen dichas instituciones para garantizar sus costos.
Será necesario apropiar mayores recursos y/o comenzarán a recortarse servicios mediante aplazamientos en las atenciones, los procesos se harán más complicados, los pagos a las IPS y proveedores se retrasarán y muchos de estos harán lo necesario para no continuar con los contratos.
En ese momento, los afiliados y beneficiarios del régimen especial de salud del magisterio padecerán la equivocación, los directivos de Fecode tardíamente comprenderán que un sistema de salud no opera a costa de ideología, que es imprescindible gestionar el riesgo en salud y por ende el financiero, y que no hacerlo, implica graves afectaciones en la atención.
También comprobarán que son parte de un experimento basado en hipótesis desvirtuadas hace mucho rato, por tanto, descartadas en el mundo, sustentadas en el delirio de un mandatario que dentro de su limitada concepción de la realidad, considera que el sector público es el único que puede garantizar el cumplimiento del derecho a la salud.
Quienes resulten afectados por estas decisiones serán las víctimas de la extrema izquierda, que como afirmé en una columna anterior, pueden ser muchos más que los falsos positivos que la extrema derecha aportó a nuestra historia por cuenta de la denominada seguridad democrática.