El gerente encargado de la Electrificadora del Huila, Zamir Bermeo, habla sobre las finanzas de la compañía. Dice que las utilidades pasaron de $6.000 millones en 2021 a $40.000 millones en 2022. Además, responde a los cuestionamientos alrededor de la fallida construcción de la línea de energía Altamira-La Plata.
Claudia Marcela Medina García
El gerente encargado de la Electrificadora del Huila, Zamir Bermeo, abrió las puertas de sus oficinas en El Bote para atender a LA NACIÓN y referirse a temas clave como las finanzas de la compañía, los cuestionamientos por la fallida construcción de la línea Altamira-La Plata, los apagones y su futuro.
¿Qué pasó con el contrato que terminó en la fallida construcción de la línea Altamira-La Plata?
Yo entré a la compañía el primero de agosto de 2022 como secretario General y a partir del 7 de diciembre fui designado como gerente de la compañía de manera encargada, mientras se surte el trámite para elegir un gerente en propiedad. Respecto al contrato 117 de 2019, debo decir que ya estaba legalmente terminado cuando yo llegué al cargo como secretario General; es un contrato que finalizó el 30 de marzo de 2022 por vencimiento de plazo contractual, sin que el contratista entregara la obra. Esa es la realidad jurídica del contrato y se inició un proceso de liquidación contractual, el cual también se venció sin que se pudiera llegar a algún acuerdo con el contratista para poder liquidar el contrato conforme estaba planteado en el mismo.
El representante legal del consorcio a cargo de las obras, Diego Perdomo, dice que la línea presentaba un avance cercano al 90%, pero que Electrohuila finalizó el contrato para terminar haciendo uno nuevo con otra firma, ¿qué responde?
Quiero centrarme en el tema de la terminología. En ningún momento la Electrificadora del Huila le terminó el contrato al consorcio Incer-Perlun. Simplemente, había un plazo establecido hasta el 30 de marzo –el cual venía ampliándose desde años anteriores– y llegada la fecha no se entregó la obra de manera definitiva. La obra se entregó aproximadamente en un 82%, que es la información real que se tiene una vez la empresa hizo toma de posesión de las actividades y de acuerdo a la interventoría de la UPME. La UPME tiene una interventoría sobre el contrato que es independiente a la interventoría que la Electrificadora contrató en su momento y haciendo los análisis en campo se estableció que en un 82%, casi 83%, fue la obra real que se realizó por parte del contratista. Determinar en qué condiciones y cuánto dinero le faltaba es difícil para mí establecerlo. Lo cierto del caso es que la realidad a hoy y de lo que reposan en los documentos de la empresa es que se adeuda por parte del contratista parte del anticipo que no se amortizó; a la fecha hay, aproximadamente, $2.000 millones que no se han cancelado. Igualmente, se ha hecho una reclamación a la aseguradora respectiva para poder cobrar, aproximadamente, $19.000 millones, que es la tasación de perjuicios que la Electrificadora del Huila ha hecho por la no terminación de ejecución del contrato.
¿Cómo es eso de la interventoría independiente a la de la Electrificadora?
De hecho, el contrato tenía tres interventorías, dos contratadas por la Electrificadora del Huila –una para hacer la interventoría técnica y la otra para temas ambientales y arqueológicos–, y una tercera, como entidad del Estado, que es la UPME, la cual vigiló su ejecución. Con base en la recopilación que se hizo por parte de nuestros técnicos y de la UPME, se estableció un avance de obra aproximado del 83%.
El representante legal del consorcio aduce que las obras tuvieron dificultades por problemas externos que Electrohuila no resolvió a tiempo, ¿qué tiene que decir frente a eso?
No soy la persona para decir de quién es la culpa por qué no se terminó el contrato. Le corresponderá a las entidades de control determinar si hubo algún tema de falta de planeación, falta de seguimiento. Lo cierto y lo real que hay dentro del proceso contractual que me fue entregado cuando llegué como secretario General, es que hay toda una trazabilidad de requerimientos y condicionamientos que se le venían haciendo al contratista. En algunos momentos, se les amplió el plazo para terminar y llegó el momento en que la administración consideró que el plazo era el 30 de marzo, sin que se entregara la obra.
El señor Perdomo cree que lo que pasó con su contrato obedeció a un tema político, ¿qué opinión le merece?
Yo, simplemente, le manifiesto que aquí en Electrohuila el tema es netamente técnico; nos seguimos a la realidad del contrato y a lo que se ejecute en la obra. No es lo mismo terminar un contrato o terminarle el contrato a un contratista, a que el contrato termine sin que el contratista entregue la obra.
El representante del consorcio denuncia que Electrohuila le está debiendo dinero, ¿cómo se resolverá?
Hay dos situaciones particulares. Dentro de lo que está pactado en el contrato, había una especie de retención de dineros en los pagos. Evidentemente, hay un dinero a favor del contratista que se le paga con la liquidación del contrato, pero como el contrato no se ha liquidado, no se le ha podido pagar. Igualmente, el contratista adeuda, aproximadamente, $2.000 millones en anticipo. Lo que deberá hacerse es un cruce de cuentas, pero si no hay una liquidación entre las partes, tendrá un juez que determinar cómo deberá ejecutarse ese dinero tanto el que nos debe como el que nosotros le tenemos retenido de acuerdo a las cláusulas contractuales.
¿Cómo se ha visto afectada Electrohuila con todo este lío? ¿Qué va a pasar con la construcción de esa línea de energía?
Para Electrohuila, es bastante importante la terminación de la línea Altamira-La Plata. De tal manera que la administración anterior, una vez hace toma de posesión de la obra, inicia un nuevo proceso contractual y adjudica la terminación del contrato. Esa terminación estaba prevista inicialmente para el 30 de diciembre de 2022, pero por algunas circunstancias externas se amplió para el próximo 30 de marzo. Es un tema que se manejó en la junta directiva de la compañía; se hicieron los análisis respectivos para determinar si era viable o no terminar la obra. Para Electrohuila, la decisión fue: ‘no queremos elefantes blancos’, ‘no queremos obras inconclusas’, razón por la cual, teniendo en cuenta las sanciones, multas y pólizas que se harían efectivas en momento en que la obra no entrara en operación, se ordenó continuar con la ejecución de la obra.
¿Quién se ganó ese nuevo contrato?
Ese contrato lo tiene ahora la Unión Temporal de Occidente. Es una empresa que tiene domicilio en Bogotá y otra que tiene domicilio en San Andrés.
¿No había en el Huila empresas para la terminación de esa obra?
Es un proceso abierto. Entonces, se pueden presentar todas las personas que consideren que cumplen con los requisitos y dentro del proceso esa fue la empresa seleccionada.
¿Qué pasó con la granja escolar, otro proyecto en el aire motivo de gran controversia?
De la granja solar, tengo entendido que hubo un tema documental. La granja solar es un proceso que se adjudica finalizando el año 2020 y hay unos temas de dificultades en el trámite de la legalización del contrato. Es decir, el contratista para poder iniciar la ejecución del contrato, debería haber garantizado con una póliza de garantía única de cumplimiento. El contratista no la consiguió; lo que consiguió fue una fianza. La compañía lo requiere y le dice que la fianza no le sirve y que lo que necesita es una póliza de seguros o una garantía bancaria de acuerdo con el pliego de condiciones; le da un término que estaba dentro del mismo contrato para cumplir y no la presenta o la presentó de manera extemporánea. Y una de las causales para la terminación anticipada del contrato era la no presentación de la garantía y el contrato se terminó. Eso es un tema que se surtió en el año 2021.
¿En qué quedó ese proyecto?
Ese contrato no existe. Tengo entendido que durante los años 2021-2022, Electrohuila hizo gestiones para adecuar un nuevo proceso para granja solar. Tengo entendido también que sacó la respectiva convocatoria, pero no hubo oferentes.
Muchos hablan hoy de que la Electrificadora del Huila está en crisis económica y administrativa, ¿cómo está hoy realmente la compañía?
Tuvimos asamblea el viernes pasado en la que presentamos la información real de la empresa. Del 2017 para acá, evidentemente, las finanzas de la Electrificadora no son lo que eran en otrora por factores internos y externos. Pasamos de unas utilidades que estábamos acostumbrados de $50.000 millones y $60.000 millones a utilidades de $18.000 millones y $19.000 millones, y en 2021, a utilidades de $6.000 millones. Obviamente, estas cifras ocasionadas efecto pos-pandemia. No obstante, para el 2022 se realizaron algunos ajustes por parte de la administración en su momento, y para 31 de diciembre del año pasado, hemos presentado utilidades por $40.000 millones.
¿Eso qué significa?
Estamos volviendo a tener valores aproximados de pre-pandemia. Esos $40.000 millones es una utilidad neta, con una utilidad operacional de $68.000 millones. Pudieron haber sido mejores y en ese ‘pudieron haber sido mejores’ radica en algunos efectos normativos y regulatorios que salieron a finales del año pasado. Nosotros tenemos una tarifa restringida para los usuarios, es decir, nosotros no podemos subir las tarifas. Nuestros costos asociados, lo que cuesta la energía para nosotros venderla después, hace que nuestro margen de ganancia se vea reducido día a día. Esa es una expectativa que tenemos para este año 2023: las restricciones regulatorias y la incertidumbre que hay en el sector. Pero, evidentemente, en el año 2022 dimos unas utilidades que son bastante significativas.
¿Qué hicieron para recuperarse en el 2022?
Ha habido una eficiencia en el gasto. Se ha dejado de gastar y se han hecho unas inversiones dentro del tema nuestro que permiten generar una mayor utilidad. Quiero hacer una aclaración: tener utilidades no significa que tengamos caja en su momento porque pasamos un momento difícil de liquidez, ocasionado también porque la empresa desde tiempo atrás cierra su ingreso con subsidios del gobierno nacional. Y el gobierno nacional solo hasta el 30 de diciembre del año pasado nos cumplió con los recursos de los subsidios del segundo trimestre del 2022, es decir, a 30 de junio.
¿De ahí surgieron los inconvenientes en las demoras de pagos a contratistas y proveedores?
Es un tema de liquidez, de caja, pero no es un tema de ingresos. La cartera nuestra del servicio domiciliario es relativamente sana. Si bien tenemos una cartera que se cobra por vía jurídica, es mínima en comparación de todo el servicio que nosotros prestamos, pero eso no alcanza para la operación y funcionamiento de la empresa. Para la operación y funcionamiento de la empresa, nosotros tenemos otros ingresos distintos que están asociados a la prestación del negocio, la remuneración que nos hace el mismo sistema por los activos que tenemos y los subsidios que nos da el gobierno nacional. Eso nos ayuda a cerrar caja y a tener liquidez, que fue la problemática del año pasado. No obstante, durante ese periodo nunca se dejó de pagar energía, nunca se dejó de pagar la nómina y siempre se priorizaron todos aquellos proveedores que están ligados netamente a la prestación del servicio. Tuvimos un rezago, pero en enero los recursos de los subsidios del año 2022 empezaron a llegar y fuimos cumpliéndoles de esa manera a nuestros proveedores.
Para muchos huilenses las tarifas de energía siguen siendo muy altas, ¿qué va a pasar en este 2023?
La tarifa nuestra es regulada. Nosotros estamos dentro de las tarifas que regula la Creg. No cobramos más allá de eso. Hay muchos componentes que no son de manejo de la empresa, pero nosotros estamos dentro de los rangos de tarifa regulada. ¿Qué va a pasar en este 2023? Estamos esperando la regulación que el gobierno nacional pensaba hacer a la Creg y la cual quedó suspendida por el Consejo de Estado. Esperamos que de manera tarifaria los generadores de energía reduzcan el valor de la energía para nosotros poder tener mayor margen de utilidad porque seguimos con una tarifa restringida ante los usuarios.
¿Qué tantos apagones hay? ¿Cómo está ese indicador?
Excelente. En los dos últimos años los indicadores de gestión, que muestran por ejemplo qué tanto nosotros nos demoramos en responder a un apagón y con qué frecuencia, están en norma regulatoria. Eso es muy importante porque eso significa ingresos para Electrohuila. En la medida que nosotros cumplamos con norma regulatoria, nosotros vamos a tener ingresos porque el sistema nos recompensa.
¿Qué va a pasar con usted en el cargo?
Ahora debe iniciar el proceso de la firma caza-talentos que se encargará de conseguir el nuevo gerente de la Electrificadora del Huila. Esperamos que sea el mejor perfil para la empresa. Como gerente encargado, siempre me he mantenido al margen del tema político. Tengo muchos amigos políticos en todo lado, de todos los colores y de todos los sabores, pero yo siempre he estado al margen de eso. Yo he sido abogado toda mi vida y llegué a la empresa como abogado por el reconocimiento que se me ha hecho de manera profesional. Llegar a la gerencia fue un tema coincidencial y obedeció a que el gerente Luis Ernesto Luna se le venció su contrato el 11 de noviembre de 2022. Lo mío es netamente técnico.