Conozco- como muchos- a José William Sánchez, abogado de las más altas élites neivanas. Sé que es un gurú del derecho administrativo, que asesoró a Pedro Suárez en sus tres años de gobierno, a EPN, a decenas de alcaldes huilenses y además goza del aprecio de estudiantes de derecho de la UCC que hoy inundan las redes sociales con mensajes de solidaridad. Pero también sé que debe responder ante la Justicia o para demostrar su inocencia o para terminar de hundirse. La concesión del chance que él asesoró fue un desastre, una historia de corrupción que muchos se tragaron. Carlos Ordóñez, exgerente de la Lotería del Huila, terminó sin cargo en el Gobierno Departamental después de ese fin de semana en que adjudicó el millonario y controvertido contrato. Y luego, me cuentan, andaba feliz, como si nada hubiese ocurrido, en un lujoso carro y hasta con negocios con el ‘socio’ como él llamaba al abogado José William, su entonces asesor.
Es hora de que los huilenses conozcan por qué Ordóñez entregó ese contrato a una empresa que fracasó en la mitad del camino y tuvo que ceder sus derechos a Su Chance porque no tenía solvencia. Es hora que destapen sus cartas, que confiesen si Luis Jorge Sánchez, entonces Gobernador, sabía del destino final del polémico contrato. O al contrario, todo fue a sus espaldas, como lo dijo a la prensa el exmandatario. Del tema, me cuentan algunas fuentes, lloverá candela y habrá más de uno salpicado.
Lo importante, es que si la Fiscalía capturó a Ordóñez y a Sánchez y los sometió a un escándalo público, tengan las pruebas suficientes para sustentar sus encierros. Y que no se repita la historia de Carlos Lugo, Jorge Gaitán y Omar Marín, estudiantes neivanos, que los mostraron a la prensa como auxiliadores de las Farc, pero jamás los llevaron a juicio. No los defiendo, pero no hay derecho que la Fiscalía se dé el lujo de encerrar a los que ellos llaman ‘bandidos’, pero después los dejen en libertad.
Menos pantalla y más hechos. En el Huila hay expectativa porque por fin, después de meses, se ‘desnudará’ la realidad del viaje familiar que el alcalde de Palermo Orlando Polo Pimentel hizo pasar como laboral en Cartagena. La Fiscalía tiene la última palabra (La Procuraduría no creo porque el proceso disciplinario lo trasladaron a Bogotá y duerme sin que nadie lo toque). Y ni qué decir, de la concesión de alumbrado público que iba adjudicar por terquedad (no creo que desconocimiento) la alcaldesa de Campoalegre Neyla Triviño, pese a que la Oficina Jurídica del Departamento y el Tribunal Administrativo se opusieron.
Es hora que el Huila conozca hechos de fondo, que se sepa con exactitud si los alcaldes que mencionó en Neiva Jorge Fernando Perdomo, vicefiscal General, están enredados por corrupción. O si son inocentes. Aunque me temo que la única que correría la peor suerte con la Justicia es la maestra Alba Luz Ortiz, rectora de un colegio de Neiva, señalada por celebración indebida de contratos. Ella no tiene padrino político.