Gabriel Calderón Molina Los contratistas que ejecutan obras de infraestructura o prestan servicios con recursos del Estado, en un alto porcentaje, están en el ojo de huracán de los medios de comunicación y en boca de la gente. La realidad es que no hay casi día en que no se conozcan en el país casos de incumplimientos de los plazos en la ejecución de las obras, de corrupción, de robos de anticipos, de la mala calidad de las obras y de demandas en los que se evidencia que la contratación pública implica en estos tiempos todo un riesgo económico y jurídico de llegar a situaciones casi que inmanejables como lo son los llamados “carruseles”. El Huila no ha escapado a esta clase escándalos en la contratación. Están los casos de Aipe con la construcción del megacolegio; de Neiva con el servicio del alumbrado público, el mantenimiento de la malla vial, la construcción del reservorio, la tercerización del cobro de los servicios públicos y en Tesalia y Paicol con la construcción del distrito de riego, para no mencionar sino algunos, en los que parecen comprometidos miles de millones de recursos que provienen de los impuestos que todos pagamos. ¿Qué pasa con los contratistas? ¿Son estos solos, los responsables del despelote? , es la pregunta que muchos nos formulamos. La respuesta no es fácil encontrarla. ¿ Depende de errores de planificación y diseños de las obras, o del robo simple y llano de quienes con un contrato quieren resolver el problema económico de su vida? ¿O de la incapacidad de estos para administrar proyectos y recursos del Estado? ¿O del pago a que se han visto obligados de coimas a funcionarios, o de extorsiones que los obliga a disminuir la calidad de las obras o a desfinanciar su ejecución ? Lo cierto es la existencia de una mezcla de ineptitud y de corrupción tanto de funcionarios como de contratistas, agravado con la ineficiencia y hasta la complicidad de los órganos de control que pocas veces van más allá de señalar “ hallazgos” que casi jamás se traducen en sanciones previstas en las leyes, por lo cual las contralorías, las procuradurías, las veedurías y la Fiscalía también son responsables. ¿Cómo es que los Nule van a pagar el cuantioso detrimento patrimonial del Estado con siete años de cárcel?