Lo que no terminan de entender los organismos de control en el Huila es la vinculación del neivano e ingeniero Jaime Arévalo Rojas, de la firma interventora, que no advirtió oportunamente lo que estaba por ocurrir tal como marchaban las cosas.
Arévalo es ingeniero civil de la Universidad Cooperativa (matrícula profesional Nº 25202-098919) y esposo de Carolina Moncaleano, entonces directora de Justicia Municipal en el periodo del alcalde Pedro Hernán Suárez, y hoy asesora del despacho de Rodrigo Lara Sánchez (por un embarazo).
Aunque Arévalo ha insistido en que no tiene relación directa con la interventoría del contrato de remodelación del escenario, LA NACIÓN tiene en su poder varios documentos que confirmarían que mientras él, aparentemente, era contratista de la Alcaldía su esposa era la Directora de Justicia, lo que generaría una inhabilidad que hoy examina la Procuraduría Provincial de Neiva.
Por ejemplo: el 2 de agosto de 2016 (15 días antes de la tragedia) Jaime Arévalo Rojas estampó su firma como Director de Interventoría del Consorcio Interventoría Estadio 2015 en una carta enviada a Miguel Alejandro Lozano, representante legal del contrato del estadio, donde le hacía la entrega del cronograma de terminación de acabados
a 31 de octubre de 2016.
“Ingeniero Miguel, cada actividad está ajustada y cualquier retraso puede afectar seriamente el plazo de entrega”, le dijo. También firmó como director de interventoría la ampliación del concepto técnico de interventoría para mayores y menores cantidades de obra y creación de nuevos ítems, donde justifica la urgencia de inyectarle al ‘Plazas Alcid’ otros 7 mil millones de pesos adicionales.
En efecto, Suárez Trujillo dejó los recursos asegurados, pero los contrató el 18 de febrero de 2016 (con el mismo Consorcio Estadio 2015) la Oficina de Contratación de la actual Alcaldía.
Aunque Arévalo –amigo personal de Suárez- firma documentos de interventoría, asiste a las reuniones de seguimiento y el día de la emergencia estuvo al frente de los hechos y atendió la delegación en cabeza de Simón Gaviria que la víspera estuvo en la obra, el representante legal de la interventoría Luis Alfonso Trujillo, ingeniero agroindustrial.
Como profesional presta los servicios de manejo de forrajes para vientres bovinos, proyectos agropecuarios, manejo en cacao, café, plátano, tabaco y maíz. Dentro de su experiencia se presenta como productor y evaluador de proyectos agropecuarios. La pregunta es si esa condición profesional le impediría o no ser el representante de la empresa que oficia la interventoría del ‘Plazas Alcid’.
Trujillo -quien facturó 1.200 millones de pesos por la interventoría y es propietario de la empresa Estufas Industriales Alfagas en la capital del Huila, según su registro mercantil de la Cámara de Comercio de Neiva- tiene un hijo, Ricardo Trujillo Rojas, prometido de María Camila Moreno Iriarte, sobrina de Carlos Mauricio Iriarte, quien siendo gobernador del Huila le inyectó 8.454 millones de pesos al convenio de arreglo del estadio.
Es decir, el interventor de la remodelación es consuegro de Olga Lucía Iriarte, hermana del exmandatario. Y Ricardo Trujillo Rojas es el mejor amigo de Jaime Arévalo, el supuesto interventor en la sombra del ‘Plazas Alcid’, como lo prueban decenas de fotografías en redes sociales.
El Consorcio
El Consorcio Interventoría Estadio 2014 está compuesto por dos socios: Dicon Ing. S.A.S (coincidencialmente compuesto por Luis Ricardo Trujillo, hijo de Luis Alfonso Trujillo, el interventor, según se lee en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Neiva 900756276-5) y Diseños y Construcciones Ingeniería S.A.S, cuyos integrantes son Pedro José Serrano Carrasquilla y Diego Fernando Jaime Escobar, curiosamente el mayor contratista de la Alcaldía de Pitalito en el periodo del fallecido alcalde Carlos Arturo Giraldo, amigo incondicional de Pedro Suárez, quien lo tuvo trabajando en la Administración.
La interventoría
A propósito de la interventoría, este medio conoció en exclusiva el contenido completo del documento oficial del Departamento de Planeación Nacional adelantado el 11 de agosto de este año (ocho días antes del desastre), donde se declara el proyecto como crítico y además están consignados detalles del informe de interventoría N° 18 cuyo periodo es del 1 a 30 de junio.
“Se evidencian oficios por parte de la interventoría dirigidos al contratista solicitando se realicen arreglos a los acabados de los elementos estructurales, mampostería, filtraciones, fisuras, humedades. Así mismo expresa preocupación por la poca presencia de personal en la obra como cuadrillas de mampostería lo cual genera retrasos significativos en el normal desarrollo de las obras”.
Se estableció que el Consorcio Interventoría 2015- que además había sido sancionado por el Ministerio de Trabajo en marzo de 2015 por fallas en la seguridad de los empleados- había oficiado en reiteradas ocasiones al contratista para que subsanaran los detalles relacionados con los acabados de las obras.
Jaime Arévalo, ingeniero, en el centro de la polémica por la interventoría, es esposo de Carolina Moncaleano, entonces directora de Justicia Municipal del alcalde Pedro Hernán Suárez.
Sin embargo, la interventoría -dice Planeación Nacional- no conceptuó sobre lo más importante, la repotenciación de las estructuras existentes, las viejas, la calidad y estabilidad estructural de las obras ejecutadas. Lo preocupante -dice el documento de Planeación Nacional- era no encontrar ese concepto de la interventoría teniendo en cuenta que la remodelación del ‘Plazas Alcid’ se realizó porque no cumplía con la norma de sismorresistencia NSR-10 “convirtiéndose en un factor de riesgo para todos sus trabajadores”.
Es decir, el Gobierno Nacional, que invirtió a través de Coldeportes 10 mil millones de pesos a la obra, advirtió la tragedia.
La labor de remodelación del ‘Plazas Alcid’ ya había sido declarada crítica antes, en agosto 11 de 2016, porque según el documento de Planeación “el proyecto puede representar un peligro inminente… continúan las deficiencias técnicas evidenciadas en la visita de noviembre de 2015: grietas en los pisos, muros en los sótanos, malla electrosolada expuesta, fisuras en los cárcamos a lado y lado de la cancha”.
La gran conclusión del informe habla de la deficiencia en la planeación del proyecto lo que generó mayores cantidades de obras y eliminación de otras. Con los recursos inicialmente aprobados no se lograba cumplir con el objeto y alcance del proyecto. Y se modificaron varias veces las actividades y el diseño, entre otras.
Avance de la obra
El avance físico de la remodelación del ‘Plazas Alcid’ está hoy en 82.41 por ciento, según la interventoría del proyecto. Y al Consorcio Estadio 2014 le han pagado el 79.80 por ciento del valor del contrato 1758 de diciembre de 2014 firmado entre Carlos Puentes, jefe de contratación de Pedro Hernán Suárez y Miguel Alejandro Lozano, contratista.
El Fondo de Compensaciones de la Gobernación del Huila, en el 2013, época Iriarte, destinó 8.450 millones de pesos; la Alcaldía de Neiva por destinación específica giró 3.798 millones y Coldeportes giró 10 mil millones de pesos.
Aunque el acta de inicio del contrato de la adecuación y remodelación arquitectónica y estructural del ‘Plazas Alcid’ tuvo como fecha de inicio el 29 de diciembre de 2014 el primer pago se hizo en febrero 5 de 2015. Le giraron el 30 por ciento del anticipo (5 mil millones de pesos). Ese mismo día le giraron otros 999 millones.
El 19 de marzo de 2015 le desembolsaron 507 millones; otro pago parcial fue el 16 de abril de 2015 (947 millones); el 18 de abril (1.600 millones); el 17 de noviembre de 2015 le giraron 2.308 millones de pesos; el 15 de febrero de 2016 (cuando el Consorcio Estadio 2014 ya había sido sancionado por el Ministerio de Trabajo) le giraron 200 millones más, entre otros millones más.
En total a la firma le desembolsaron 22 mil millones de pesos. Y le faltaba por cobrar 5 mil millones de pesos al momento del siniestro que pensaban exigirlos el 31 de octubre, fecha en la que estaba previsto terminar la obra.
LA NACIÓN estableció que desde el comienzo la idea de remodelar y mejorar estructuralmente el escenario fue polémica. Extrañamente en la invitación pública adelantada por la Alcaldía de Neiva solo se presentó el Consorcio Estadio 2014 y ese fue el ganador, pese a que el Consorcio Alcoholes, cuyo representante legal es Fernando Polanía Lizcano, exigió la nulidad de la licitación pública porque no logró presentarse.
Envió denuncia de lo sucedido a la Procuraduría Provincial de Neiva y a la Contraloría pero no pasó nada.
Cierre preventivo
El 20 de agosto de este año -día después de la tragedia- Miguel Alejandro Lozano Castañeda, representante legal del Consorcio Estadio 2014, solicitó la suspensión del contrato por los hechos ocurridos el 19 de agosto, con un saldo de cuatro muertos y diez heridos.
“Las partes contractuales determinaron que la suspensión es por el término que demande el dictamen de las causas que originaron el siniestro, y se establezca por vía de un diagnóstico integral y seguridad, las condiciones actuales de la obra”, dijo la firma constructora. Es decir, es incierto cuándo reinicien los trabajos, cuándo finalicen y cuándo el estadio esté en plenas condiciones de seguridad para albergar público.
La Fiscalía General de la Nación y la Contraloría General estudian lo ocurrido. Y vincularán a la investigación al alcalde Rodrigo Lara Sánchez (porque firmó el adicional de 7 mil millones de pesos y le cuestionarán la vigilancia); al exgobernador Carlos Mauricio Iriarte (quien deberá probar si vigiló los dineros que invirtió), a Coldeportes, los directores de Deportes de la Alcaldía y desde luego a Suárez Trujillo.
Hasta no que haya un completo informe de las causas que originaron desplome de parte de la tribuna occidental y un diagnóstico integral de las condiciones actuales del estadio la obra estará paralizada.
