El Ministerio de Medio Ambiente y la empresa socia de Enel, el gigante de la generación de energía y gas, tendrán que indemnizar a los pescadores artesanales por los daños que provocó l la acelerada operación de la represa El Quimbo. Primicia.
RICARDO AREIZA
unidadinvestigativa@lanacion.com.co
La multinacional Emgesa y el Ministerio del Medio Ambiente tendrán que indemnizar a los pescadores artesanales, afectados por la contaminación que generó la prematura operación de la represa El Quimbo en junio de 2015.
Además, por la sensible reducción de las especies nativas, durante la construcción y acelerada generación de energía de la nueva represa.
Los bajos niveles de oxígeno producto de la descomposición de la biomasa que nunca se retiró del vaso del embalse, asociada además a la generación de energía, antes de tiempo, impactó negativamente la producción piscícola. Además, ocasionó la desaparición de especies nativas, el principal sustento de los pescadores artesanales, sorpresivamente excluidos de las compensaciones.
La demanda fue instaurada por la Asociación Agropecuaria de Pescadores Artesanales de Yaguará.
Los pescadores reclamaron la protección de los derechos colectivos a un ambiente sano, a la salubridad pública y a la eficiente calidad de vida de los pescadores y personas afectadas. Además, exigieron la indemnización de las víctimas ante el daño soportado por el llenado del embalse El Quimbo.
La demanda involucró además al Ministerio de Minas y Energía; Anla, Aunap, Cam, Gobernación del Huila y Alcaldía de Neiva.
La acción de grupo prosperó. El Tribunal Administrativo del Huila declaró la responsabilidad de Emgesa, dueña del complejo, y al Ministerio de Medio Ambiente, en su momento, encargado de la licencia ambiental.
En principio la sentencia, conocida en primicia por LA NACIÓN, beneficia a los 26 demandantes. Sin embargo, el fallo les abrió las puertas a los demás pescadores artesanales, no demandantes, que logren probar que desempeñaban en esa labor de supervivencia en el 2015, en el trayecto de las dos represas.
En agosto pasado, la multinacional fue condenada por la mortandad ocurrida en el 2008, en el embalse de Betania, ocasionados también por fenómenos de contaminación. En este caso fue condenada en una demanda instaurada por la piscícola Nueva York, del empresario Manuel Macías Arango.
La contaminación
La nueva represa inició operación el 30 de junio de 2015 antes de tiempo, pese una expresa prohibición judicial, sin haber retirado los desechos forestales, como estaba previsto en la licencia ambiental, lo que generó problemas de contaminación.
La operación sin previo aviso generó malestar, comenzando por el gobernador de la época, Carlos Mauricio Iriarte, quien inició las primeras acciones judiciales para frenar la generación de energía.
La descomposición de la biomasa acumulada en el embalse aceleró la disminución del oxígeno disuelto en todo el sistema, lo que afectó la actividad pesquera.
Según la Cam, los niveles de oxígeno de las aguas, que se desprendieron de la presa, estaban por debajo de los mínimos permitidos, poniendo en riesgo la existencia de la flora y fauna endémica nativa.
La otra cara
Emgesa, dueña de las dos represas, contra toda evidencia, argumentó que la generación de energía, no ocasionó fenómenos de contaminación ni afectó la calidad del agua del embalse de Betania. En su opinión, esta situación se registra el vertimiento sin ningún tratamiento de las aguas residuales de los municipios de Hobo, Campoalegre, Yaguará, y aguas arriba, de comunidades de Puerto Seco (Gigante) y a través del río Páez de los municipios de Paicol y Tesalia. “Además de los desechos de la actividad piscícola descontrolada que se realiza en el mismo embalse”.
Emgesa, afirmó que de los 26 integrantes del grupo demandante, 19 de ellos comparecieron al nuevo censo, y no pudieron demostrar una afectación a su base económica, que debiera ser objeto de una medida de manejo.
Espaldarazo
La Procuraduría General de la Nación, respaldó la posición de los demandantes. En su criterio, los pescadores artesanales de la represa de Betania y zonas aledañas, sufrieron un daño antijurídico materializado en la merma de sus ingresos como consecuencia de la baja calidad del agua reflejada en la disminución de especies de peces disponibles en ella, con ocasión de la construcción y puesta en marcha del proyecto hidroeléctrico El Quimbo.
“Se logró demostrar que existió y existe disminución del recurso íctico y pesquero disponible para la pesca artesanal, como impacto ambiental previsible de la construcción de la represa El Quimbo, aspecto que no desdibuja la unicidad de causa que requiere la prosperidad de la acción de grupo”, precisó el procurador Judicial.
“El daño lo encuentra demostrado por la afectación de la actividad de pesca con ocasión de la puesta en marcha de El Quimbo, el cual generó disminución de los peces disponibles y por tanto afectación en sus ingresos, que no estaban obligados a soportar”.
La imputación a Emgesa, es a título de daño especial, pues la afectación de los pescadores deviene de una actividad lícita que genera lucro a la ESP, pues los efectos nocivos o impactos ambientales afectó al grupo de pescadores artesanales de quienes se ha roto las cargas públicas, respecto de las demás entidades no se probó la imputación”.
Testigo clave
El ingeniero agrícola, José Joaquín Zambrano, responsable ambiental del proyecto Quimbo confirmó que la calidad del agua ni los impactos en Betania no fueron tenidos en cuenta en el estudio de impacto ambiental. Además, confirmó los impactos negativos en especies nativas.
“La construcción de la presa genera un obstáculo sobre la corriente y hace que se corten los flujos ecosistémicos, entonces todas las especies hidrobiológicas que se encuentren y tengan una dinámica, el caso específico de los peces, en cuanto a su ciclo de vida se interrumpe.
“El especialista confirmó que se formuló una medida de manejo pero en ningún momento estuvo ligada a la calidad del agua. “Tampoco se involucró a los pescadores artesanales de Betania”, confirmó.
Antes de la construcción de la represa El Quimbo, y en la zona de la represa de Betania aguas arriba, los pescadores artesanales derivaban su sustento de especies como bocachico, capaz, nicuro, sardinatas, caloche, jacho, moruro, cuchas, pataló, sábalo, mocholo, guabina y mojarras, fundamentalmente.
“Lo que es apenas lógico pues el río Magdalena no estaba interrumpido aguas arriba y era normal que ese pescado nativo predominara; pero con la interrupción de la corriente del río se presentó la disminución casi absoluta de esos peces, como todos los pescadores lo reconocen”, afirmó el magistrado Enrique Dussán Cabrera.
Además, confirmó que la licencia ambiental concedida para la construcción de El Quimbo no amparó el derecho de los pescadores artesanales de la zona de Betania.
“Es un hecho demostrado que ellos padecieron objetivamente el daño de la disminución del producto de la actividad que ejecutaban, que se convierte en antijurídico para ellos, pese a la legalidad del proyecto y el interés general que envolvió y envuelve la mencionada obra ya ejecutada”.
Otras razones
“Si bien, el daño ambiental no provino como una consecuencia única exclusiva y excluyente de la construcción del proyecto hidroeléctrico El Quimbo, tal hecho, – dijo- es el principal productor, pues la interrupción del flujo normal del agua, como la disminución del oxígeno derivada del inicio de la actividad de generación de energía como la tala previa del bosque (material no recogido en su totalidad)”.
“Aunque el oxígeno se mantuvo en mínimos permitidos, lo objetivamente inferido es que pese a tal nivel se generó la imposibilidad de que todas las especies nativas pudiesen sobrevivir y reproducirse (cumplir su ciclo vital), aunado a la actividad de la industria piscícola desarrollada en la zona de la represa de Betania, por lo que concomitante a ese inicio, pronto se observó por los pescadores artesanales la mortandad de peces sobre el lago de la represa de Betania, como lo expusieron”, precisó.
Daño especial
En estas condiciones, la sala tripartita, defendió el derecho colectivo invocado por los pescadores artesanales.
“El hecho de no poder pescar peces nativos del río Magdalena en la zona donde regularmente lo venían realizando, es un daño especial antijurídico que los pescadores artesanales padecieron, y que no tenían el deber de soportar, pues si bien no fueron parte de las compensaciones que la empresa Emgesa, debía realizar, pues la zona donde pescaban (área de la represa de Betania) no estaba dentro del área de influencia que debían compensar con la interrupción fluvial del Magdalena.
En consecuencia, el daño especial padecido por los demandantes, en cuanto dejaron de obtener peces nativos para cuando se inició la puesta en marcha la generación de energía del proyecto hidroeléctrico El Quimbo, conlleva a que haya una corresponsabilidad solidaria entre la Nación, el Ministerio de Ambiente y Emgesa.
En estas condiciones, el Ministerio de Ambiente responsable para la época del otorgamiento de la licencia ambiental deberá responder solidariamente por los daños ocasionados a los pescadores artesanales de Betania, no amparados en las compensaciones.
“Dicho Ministerio por ser el rector de la gestión del ambiente y de los recursos naturales renovables, en esa calidad debe asumir esta corresponsabilidad porque los demandantes no tenían que asumir el detrimento de su oportunidad de obtener pescado como lo realizaban, disminuyendo su proyecto de vida”, explicó el magistrado Dussán Cabrera.
Asimismo, determinó la corresponsabilidad de la empresa Emgesa, propietaria y beneficiaria económica de la obra y coadyuvante del Estado en la generación del servicio público de suministro de energía.
“El beneficio que obtiene proviene también de la disminución de la oportunidad de los demandantes de continuar con su proyecto de vida de pescadores artesanales en la zona donde la desarrollaban”, reiteró.
El fallo
El Tribunal Administrativo condenó a la Nación (Ministerio de Ambiente) y a la multinacional Emgesa a reconocer y pagar de manera solidaria al grupo como valor total y como indemnización colectiva.
La decisión colegiada fue firmada por los magistrados Enrique Dussán, Ramiro Aponte y Jorge Alirio Cortés.
Las demás entidades fueron desvinculadas de la acción judicial.
Por perjuicios materiales tendrán que pagar la suma de 873,6 millones de pesos y por perjuicios morales el equivalente a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes (438,90 millones de pesos aproximadamente)
Además, ordenó a las dos entidades que entregue el monto de la indemnización al Fondo para la defensa de los derechos e intereses colectivos, en el término de diez días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. Los recursos serán administrados por el defensor del pueblo con el fin de pagar las indemnizaciones individuales a que quienes hicieron parte del proceso como integrantes del grupo.
Como medida de reparación simbólica ordenó a las dos entidades la publicación de un extracto del fallo en un diario de amplia circulación. El fallo de primera instancia podrá ser apelado.
Testimonios
“No puede ejercer la pesca en Betania porque se perdió el pescado. Ya no se encuentra nada. No hay peces para obtener el sustento. Desde que hicieron El Quimbo, le salió hongo al pescado”, relató Luz Mirian Poveda Cortés, desplazada de Yolombó. Llevaba 25 años pescando de Betania hasta Hobo. Hoy coge café.
Lo mismo le ocurrió a Javier Tovar Medina, pescador y comercializador de pescado en Seboruco en la represa de Betania.
“La pesca en el sector era buena para el sustento y un poco para vender. Ahora es muy mala, pues son muchas las especies que ya no se consiguen, antes se cogía bocachico, capaz, nicuro, sardinata y eso ya no se ve”, aseguró.
“Todo el pescado se está muriendo”, aseguró Raúl Guarnizo, de 59 años. Vivía de la pesca. “Antes en dos horas se hacía lo del día. Ahora no. Las pesqueras se adueñan de toda el agua y ahora ya les anuncian bala”, relató.
Francia Elena Sánchez Buendía, repite su tragedia. Reside en el sector de Tortugas en el municipio de Yaguará. De 32 años de edad, lleva 12 dedicados a la pesca, en el sitio tortugas y lo hace todos los días, coge mojarra negra y roja y la venden para el sustento.
“La pesca antes era muy buena. Cogían una arroba, se bañaban. Ahora no. Esa agua es muy mala”, afirmó.