RICARDO AREIZA
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El consorcio Interriego, encargado de la ‘construcción del distrito de riego Tesalia-Paicol, el elefante blanco más costoso del mundo, deberá responder por 12.749 millones de pesos que recibió y nunca ejecutó.
El contratista, socio del grupo Nule, se ‘embolsilló’ tranquilamente la fabulosa suma que recibió como parte del anticipo para irrigar 3.823 hectáreas en los dos municipios, en el occidente del Huila.
La empresa cobró mediante actas parciales y reajustes sin soportar, un valor bruto por obras 70.024 millones de pesos (antes de la amortización del anticipo).
No obstante, en los documentos de liquidación del contrato se probó una diferencia entre el valor pagado por el Incoder, dueño del proyecto y el valor de las obras cobradas por el consorcio Interriego que ascendieron finalmente a 12.749 millones de pesos.
Según la Contraloría ese saldo determinado en la liquidación del contrato no ha sido recuperado. Adicionalmente el distrito de riego sigue paralizado y el avance de la obra no llega al 50% después de nueve años de haberse adjudicado.
La gerencia regional decidió finalmente abrir el proceso de responsabilidad fiscal contra los contratistas, la interventoría y dos funcionarios del antiguo Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder).
La decisión fue soportada por los gerentes colegiados Omar Castro Parra y Adolfo Castro Parra, después de un detenido análisis sobre la cuestionada liquidación del contrato.
El anticipo inicial fue estimado en 39.326 millones de pesos. Posteriormente fueron hubo otras dos adiciones a título de anticipos: uno por 2.798 millones el 20 de enero de 2012 y otro por 5.294 millones el primero de abril de 2013 para un total de 47.418 millones de pesos.
En total el consorcio Interriego recibió efectivamente por concepto de obras, reajustes y anticipo la suma de 87.241 millones de pesos.
En el proyecto, han sido invertidos hasta la fecha 158.209 millones de pesos, es decir, 49.557 millones más del costo inicial y todavía faltan 14.555 millones, sin contar con la compra de nuevos predios que se incorporaron en ese presupuesto.
Las anomalías
Como lo denunció LA NACIÓN, el contratista no ejecutó la totalidad del anticipo e incumplió la totalidad de las obligaciones contractuales, dejó abandonada la obra y se quedó con dineros que nunca retornó lo que generó el daño patrimonial.
El consorcio Interriego, no legalizó el segundo anticipo, (modificación No. 07) por valor de $ 1.031.40, millones. Tampoco realizó el pago del descuento por reajuste en la medición de la obra, falencia de inventario y descuento por actividades pendientes. Según el acta de obra No. 47, el valor fue estimado en $ 325 millones.
Además, no efectuó el pago del ajuste para complementación del ítem a satisfacción lo cual había sido pagado, por valor de $ 593.500.
Lo mismo ocurrió con los diseños sin cumplimiento de requisitos técnicos y sin recibo y revisión de interventoría., por el valor de $ 566.40 millones.
Aparecen obras inconclusas y pagadas en acta de obra, por $ 1.342 millones, y faltante del material suministrado, por el valor de $ 8.800 millones para un total de 12.748 millones de pesos.
Los recursos no fueron destinados a la ejecución de la obra lo que demostraría el incumplimiento de parte del contratista, en las obligaciones contractuales.
Además, puso en evidencia la ineficiente gestión del interventor (Inar Asociados) al demostrar la falta de seguimiento y control en la ejecución de la obra. El interventor autorizó la no amortización de la totalidad del anticipo, y por lo tanto el incumplimiento del contrato de obra.
Por el cúmulo de irregularidades el contrato fue cedido para facilitar su terminación. Sin embargo, tampoco sirvió. El 4 de marzo de 2014, expiró el plazo final contractado y en consecuencia se ordenó su liquidación que no incorporó todos los recursos.
A responder
En estas condiciones, la dirección colegiada, abrió formalmente juicio de responsabilidad fiscal contra las dos empresas del consorcio: Mondragón Soluciones sucursal Colombia, representada por María Carmen Yolanda Torrente Mocholi y la empresa H&H Arquitectura, representada por Javier Esteban Haddad Cure, asociada al Grupo Nule.
Igualmente fueron vinculados formalmente al proceso de responsabilidad fiscal la firma Inar Asociados, encargada de la interventoría, representada por Carlos Huertas Larios.
También fueron vinculados Ernesto Orlando Benavidez y Carlos Adolfo Arenas Campo, quienes se desempeñaron como secretarios Generales del Incoder, para la época de los hechos.
En cambio la Contraloría General, desvinculó del proceso al ex subgerente de Adecuación de Tierras del Incoder, Hernando Londoño Acosta, al ex subgerente de la misma entidad, ingeniero huilense César Augusto Patarroyo Córdoba y a los supervisores Elizabeth Flechas Jiménez y Héctor Rodolfo Acevedo Strauch.
Elefante blanco
El contrato inicial distinguido con el número 695 fue adjudicado el 5 de noviembre de 2009 al consorcio Interriego por un valor de 78.652 millones de pesos y un plazo de 25 meses. La obra inició el 19 de febrero de 2010 con un plazo de ejecución de 25 meses.
El consorcio estaba conformado por las firmas Mondragón Soluciones sucursal Colombia con el 53 % y H&H Arquitectura, socia del grupo Nule, con el 43%.
Cinco años después el proyecto quedó ejecutado en un 47 por ciento y las inversiones alcanzaron los 95.000 millones de pesos. De éstos el Gobierno Nacional aportó 55.000 millones y la Gobernación del Huila colocó otros 40.000 millones con recursos de vigencias futuras.
La obra fue paralizada en varias oportunidades por incumplimientos del contratista. El proyecto debió entrar en operación en junio de 2011 de acuerdo con el cronograma. Sin embargo sigue inconcluso a pesar de las fabulosas sumas que se han invertido en los últimos nueve años.
Saldo pendiente
Inicialmente en el acta de liquidación del contrato firmada en el 2014 quedó un saldo pendiente de amortizar del anticipo sin incluir los rendimientos financieros. Esos dineros, incluyendo pagos no soportados, nunca fueron tenidos en cuenta en la liquidación.
Lo que se probó es que el consorcio no facturó el monto establecido de la amortización según el plan de inversión, pactado en el contrato.
Interriego debía facturar mensualmente en promedio la suma de 2.375 millones, sin reajustes.
En realidad solo facturaba 674 millones promedio-mes, entre otras cosas, por la poca cantidad de equipos, el deficiente manejo de los materiales, la inexperiencia del personal, la falta de controles, y, por supuesto, la grave iliquidez que registraba tras el descalabro financiero que comenzó a registrar al desmantelarse el carrusel de la contratación en Bogotá y otras regiones del país.