La Procuraduría llamó a juicio disciplinario al exalcalde de La Plata, Luis Armando Ricardo Castillo. Presuntas irregularidades en un contrato de pavimentación, tiene enredado al exmandatario.
Requisitos específicos que ‘amarraron’ el contrato por cerca de 800 millones de pesos, al parecer, a un conocido, originaron el llamado a juicio disciplinario al exalcalde del municipio de La Plata, Luis Armando Ricardo Castillo. El exmandatario ya ha sido sancionado disciplinariamente por favorecer a un tercero para un contrato de papelería.
La citación fue hecha ayer por la Procuraduría Provincial de Garzón, luego de analizar las denuncias en contra del exalcalde.
El entonces mandatario, para el período (2016-2019), habría transgredido de los principios de transparencia y responsabilidad de la contratación estatal, al suscribir mediante la Resolución 476 de 2016 el acto de apertura dentro del proceso de Licitación Pública 004 de 2016, sin tener en cuenta que, en el pliego de condiciones al parecer, estipuló requisitos restrictivos y discriminatorios de la libre concurrencia.
El contrato suscrito tenía por objeto la “construcción de pavimento rígido cofinanciado con la comunidad en vías del municipio de la Plata” por valor de $799’210.380.
“El pliego exigió a los oferentes dos contratos celebrados con entidades públicas en los últimos tres años, como requisito habilitante”, manifestó la representante del organismo de control, al señalar que se “descartaría la posibilidad de acreditar experiencia con el sector privado”.
Ya fue sancionado
El exmandatario Ricardo Castillo ya había sido sancionado por la Procuraduría por irregularidades en el proceso de contratación para la compra de papelería pre-impresa utilizada en los procesos de recaudo del municipio, en octubre de 2016.
En la investigación disciplinaria, adelantada por la Procuraduría Provincial de Garzón, se estableció que el funcionario fijó como requisito de selección que las empresas proponentes tuvieran su sede en el municipio de La Plata, “lo que se constituyó en una regla injusta e ilegal por parte de la Alcaldía, y vulneró los principios de selección objetiva, transparencia y responsabilidad que rigen la contratación estatal”.
Agregó el Ministerio Público que esa exigencia fue concebida para favorecer a un oferente en particular radicado en ese municipio, sin importar que la propuesta seleccionada fue la más alta entre las presentadas a la alcaldía.
El organismo de control calificó la conducta cometida por Ricardo Castillo como una falta grave a título de culpa grave.
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