Excelente oportunidad la que se les presenta al Gobierno, Congreso y Rama Judicial de demostrarles al grueso de los colombianos que sus representantes están allí por una clara vocación de servicio público y no por los altos salarios que se les pagan. Las dos recientes sentencias del Consejo de Estado que tumbaron unos beneficios no solo exagerados sino ilegales e inconstitucionales de que gozaban los congresistas. Y como los demás salarios de los altos servidores del Estado están amarrados a los del Congreso, el recorte hoy es significativo, cubriendo a más de 40 mil funcionarios privilegiados, en un país con uno de los más altos indicadores de desigualdad y con sueldos que, comparados en el continente, están en los mejores lugares.
El primer golpe – positivos todos – provino de la decisión de la Corte Constitucional de limitar a 15 salarios mínimos mensuales legales las más altas pensiones, cortando el chorro de personajes que cobraban – sin haber cotizado nunca esos valores – cerca de 30 millones de pesos mensuales, de manera vitalicia o heredándolos a sus jóvenes cónyuges en algunos casos. Luego el Consejo de Estado eliminó la llamada prima de localización y vivienda, que alcanzaba los 7,8 millones al mes para los congresistas – que de carambola les llega a magistrados y otros altos funcionarios – y se suma el tijeretazo ordenado por el mismo Consejo de Estado hace poco más de un mes: el de la prima de salud, que representaba casi dos millones de pesos al mes.
Debe destacarse que los mismos consejeros de Estado que tomaron la decisión sabían que sus propios ingresos terminarían afectados por la decisión. Y qué bien que lo hayan hecho así, y qué mal que el Gobierno, encabezado por el ministro del Interior Aurelio Iragorri haya salido en carreras a decir que los salarios los volverán a su mismo nivel anterior a través de un decreto.
En este debate es pertinente preguntar si los salarios del Estado – para sus más altos representantes – son buenos o malos y si, como alegan algunos, esa sea la causa para que los mejores y más preparados colombianos prefieran el sector privado que el público. Si bien nadie espera que trabajen gratis o por muy poco, el servicio público no debería tener como fundamento un gran salario – justo sí – y lo que se paga en Colombia en el sector oficial, con un salario mínimo bajo y un ingreso per cápita mucho menor que el de varias naciones del continente, es mucho mejor que el de países con mejores indicadores y costos de vida más altos. Así que, aún con estos recortes en pensiones y en los sueldos, siguen siendo muy buenas remuneraciones.
Y muy buen mensaje de austeridad, de compromiso y responsabilidad el que se enviaría a millones de compatriotas – los más pobres – si nuestro Presidente, ministros, congresistas y magistrados aceptaran que pueden percibir algo menos de lo que se les ha pagado hasta ahora. Que servir al pueblo es un acto de convicción y entrega solidaria, y no el interés de enriquecerse. Pocas esperanzas tenemos que lo hagan.
“Las dos recientes sentencias del Consejo de Estado que tumbaron unos beneficios no solo exagerados sino ilegales e inconstitucionales de que gozaban los congresistas”.
Editorialito
Un nuevo golpe al narcotráfico propinó la Policía al decomisar 354 kilos de cocaína, 255 kilos de base de coca transportados en una embarcación que transitaba en el río Orteguaza en el municipio de Solano, Caquetá. El decomiso demuestra que el narcotráfico, en estas zonas, sigue vivo. Aunque bajen los cultivos de coca, el fenómeno no decrece.