Ante el anticipado fracaso de la comisión de concertación laboral, el Gobierno fijó unilateralmente por decreto el incremento del salario mínimo para 1,7 millones de trabajadores colombianos urbanos y rurales. El ajuste del siete por ciento no colmó las expectativas ni de los gremios ni de las centrales obreras.
En estas condiciones, el salario mínimo subirá $45.104, y queda desde ayer primero de enero en $689.454. Es decir, del 7% solo se reconoció 0.3 puntos porcentuales de productividad, sin que se cumpliera con la totalidad de los parámetros fijados por la Corte Constitucional. Tampoco consideró el carácter prevalente, que debía reflejarse en el monto del aumento salarial, para garantizar que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso a los bienes y servicios básicos.
El reajuste salarial, según la jurisprudencia constitucional, nunca podrá ser inferior al porcentaje del IPC del año que expira. El Gobierno está obligado a velar por que el salario mantenga su poder adquisitivo, de tal forma que garantice el mínimo vital y móvil a los trabajadores y a quienes de ellos dependen.
Nada de eso se ha atendido, según el ex presidente de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, quien fijó los parámetros sobre la materia. Otra grave frustración. En su criterio, esta vez no hubo incremento sino un “ajuste” que nada ajusta.
Y tiene razón: la inflación y la devaluación “se tragaron” el ínfimo porcentaje decretado; la canasta familiar es ahora inalcanzable para los más pobres, y que además incrementarán el IVA –un impuesto regresivo- del 16 al 19%. Una gran injusticia; un salario injusto e irreal, que comenzó a generar inconformidad entre los trabajadores.
El trabajo es uno de los valores esenciales de nuestra organización política y debe protegerse. La perspectiva humana en la conducción de toda política estatal sobre trabajo constituye elemento medular de la concepción del Estado Social de Derecho.
No hay dudas sobre los grandes nubarrones que se advierten en la economía del país. Pero el pequeño ajuste quedará ahogado con la cascada alcista que desde ya comienza a desinflar los bolsillos de los más pobres. Un pequeño ajuste salarial, sin un blindaje que lo proteja del espiral alcista.
“Pero el pequeño ajuste quedará ahogado con la cascada alcista que desde ya comienza a desinflar los bolsillos de los más pobres”.
EDITORIAL
El Gobierno Nacional y ahora los alcaldes que acaban de asumir sus cargos deben comenzar a ejercer severos controles en los precios de la canasta familiar. Enero, mes de las grandes alzas.