Sergio Felipe Salamanca Borrero
Se cumple un año de haber comenzado a ser columnista, un año en el que cada columna me ha enseñado a reflexionar sobre la realidad que está viviendo nuestro país y el mundo.
Un día, mientras preparaba una de mis columnas, me topé con una noticia sobre la sanción impuesta a unos establecimientos de comercio por haber vulnerado los derechos de los consumidores por medio de ventas atadas.
Si bien el concepto de ventas atadas puede sonar novedoso y extraño, es una materia que hace parte del Estatuto del Consumidor, la Ley 1480 de 2011. Sí, es un cuerpo normativo que a pesar de llevar 8 años operando en nuestro país es aún desconocido por muchos. Sin embargo, es posible que usted se encuentre familiarizado con conceptos como el de garantía por productos defectuosos o el de cláusulas abusivas, tal como ocurría con las famosas cláusulas de permanencia en los contratos de telefonía celular. Pues bien, esas han sido conquistas logradas por el Derecho del Consumo.
En uno de los artículos poco conocidos del Estatuto, se regula el tema de las ventas atadas. Articulo según el cual “(…) no se podrá condicionar la adquisición de un producto a la adquisición de otros (…)”. En síntesis, esta prohibición busca que todos tengamos plena libertad al momento de escoger los bienes o servicios que queremos contratar.
Con esta idea en mente, y luego de un trayecto en Transmilenio, identifiqué que posiblemente Transmilenio estaba incurriendo en ventas atadas. Se estará usted preguntado ¿por qué se configura una venta atada? En mi concepto, se está frente a una venta atada porque se condiciona el acceso al servicio de transporte a la previa compra de una tarjeta que tiene un valor de 5.000 pesos. Ahora bien, lo que usted en realidad quiere es desplazarse del punto A al punto B, no andar comprando tarjetas.
Solo imagine que usted llega a Bogotá por unos días y que decide hacer uso de Transmilenio. Ahora imagine que para usted montarse al bus, tiene que pagar 5.000 por una tarjeta, además del pasaje de 2.300, haciendo que su viaje salga por 7.300. Con fundamento en lo anterior decidí interponer una acción de protección al consumidor ante la SIC, con el fin de que se ofrezcan alternativas como los tiquetes de un solo trayecto o por días, que no impliquen la compra de una tarjeta.