Las recientes revelaciones hechas en Neiva por el Vicefiscal General de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, revive el debate sobre los “enredos” jurídicos de alcaldes y funcionarios públicos.
Las imputaciones a los alcaldes de Garzón, Palermo, Campoalegre e Íquira y Santa María entre otros, reflejan un grave panorama judicial para los mandatarios elegidos popularmente.
Muchos ex alcaldes siguen envueltos en investigaciones de todo orden, incluyendo funcionarios de alto nivel en otras instituciones del Estado.
Los resultados de las investigaciones, muestran la existencia de carteles organizados de contratistas, intermediarios y agentes corruptos del Estado, altamente adiestrados para burlar la ley en desangrar los presupuestos oficiales. Y no solo en el Huila, un reflejo de lo que ocurre en el país.
Según la Auditoría General de la República, los principales focos de la corrupción están en la contratación pública.
La contratación directa, los convenios interadministrativos y las licitaciones amañadas siguen siendo las principales rutas para desviar los recursos públicos.
El soborno disfrazado bajo el manto de la legalidad, es hoy en día otra práctica común para crecer o en ocasiones permanecer en el mercado.
Los niveles de corrupción en el sector privado no se reducen. Está demostrado que muchas empresas locales, nacionales y multinacionales siguen pagando sobornos para asegurarse la adjudicación de millonarios contratos públicos, como ocurrió recientemente con la multinacional PetroTiger. La firma pagó millonarios sobornos a ejecutivos de Ecopetrol para la adjudicación de un contrato.
Los pagos por fallos judiciales, no es nuevo. El escándalo de Fidupetrol es la ‘prueba reina’ de lo que ha venido ocurriendo durante muchos años en las altas cortes. Pero también en otras instituciones incluyendo los organismos de control. En las regiones el fenómeno no es la excepción.
La magnitud de los sobornos en las empresas son alarmantes, según un estudio de percepción de Transparencia Internacional. Casi dos de cada cinco ejecutivos de empresas encuestados afirmaron que se les había solicitado pagar sobornos al realizar gestiones con instituciones públicas. La mitad estimó que la corrupción aumentaba en al menos un 10% el costo de los proyectos. Uno de cada cinco señaló haber perdido oportunidades comerciales como resultado del pago de sobornos por un competidor. Más de un tercio percibía que la corrupción se está agravando.
Los casos siguen ocurriendo no obstante las nuevas normas sobre transparencia.
Las mafias de cuello blanco, se han especializado en burlar la ley y acomodar los términos de referencia para favorecer a determinados oferentes.
La contratación directa, los convenios interadministrativos, las urgencias manifiestas, siguen siendo los blancos predilectos de estos carteles de contratistas para apoderase de los recursos públicos.
“Los resultados de las investigaciones, muestran la existencia de carteles organizados de contratistas, intermediarios y agentes corruptos del Estado”.
EDITORIALITO
La invasión del espacio público, en el caso de Neiva, no es solamente en el microcentro. Parques, avenidas, separadores son blanco de la invasión. ¿Se acabarían las oficinas de control urbano?