Después de siete años de firmado y cuando ya el contrato se ejecutó en su totalidad, la Fiscalía General de la Nación anunció esta semana las primeras imputaciones por las presumibles irregularidades surtidas en el controvertido proceso de licitación del juego de apuestas permanentes (chance).
La cuestionada adjudicación del contrato de concesión realizada en el 2008 en el primer año del gobernador Luis Jorge Sánchez dejó un mal sabor en la opinión pública del Huila por la racha de irregularidades que se presentaron durante todo el proceso y que terminó favoreciendo a la firma Apuestas Nacionales, activada después de permanecer varios años inactiva.
La adjudicación se hizo contra viento y marea, pese a la expresa solicitud de la Supersalud para que se hiciera una nueva licitación. La misma posición se debatió en la Asamblea, entre los gremios y la dirigencia regional. Pero se hizo y comenzó a operar con inmensas expectativas que no pudo cumplir.
A las pocas semanas, la concesionaria comenzó a tambalear por su inexperiencia y su iliquidez. Y no cumplió.
Tres meses después de iniciada la ejecución del contrato, los dueños de la chancera boyacense, revivida con documentación falsa para participaron en la licitación, tuvieron que vender su participación y ceder el contrato.
Su duro competidor, Su Chance, reasumió el negocio a principios del 2009, pagó las deudas que le dejaron los fracasados chanceros, incluyendo las acreencias laborales y todos los compromisos que asumió artificialmente para ganarse el contrato.
Las múltiples inconsistencias demostradas en el proceso, la quiebra de los concesionarios y todas las ‘maniobras’ que se realizaron quedaron demostradas con el paso de los años. La cesión del contrato del chace a quienes fueron los grandes rivales, patentó la ilegalidad de los procedimientos.
Estaba en mora la Fiscalía General de la Nación en esta investigación, considerada como emblemática en términos de corrupción en el país. Y no era para menos.
Ahora, bajo un nuevo escenario, serán las autoridades judiciales las que examinen las condiciones y circunstancias en que se desarrolló el proceso que no fue transparente.
Sorprende si, la miopía de la Procuraduría y la Contraloría para determinar responsabilidades en uno de los escándalos más graves que se hayan registrado en el Huila.
Aunque el contrato se ejecutó y se liquidó, quedan en los estrados judiciales, varias acciones de reparación directa por estas mismas circunstancias.
De prosperar, además del golpe a la moralidad pública, el Huila tendrá que asumir de sus ingresos los valores que se pudiesen determinar en caso de salir avante las millonarias pretensiones.
“La cesión del contrato del chace a quienes fueron los grandes rivales, patentó la ilegalidad de los procedimientos”.
EDITORIALITO
Lo que nos faltaba: Tres concejales y otras seis personas fueron detenidas en Nariño por enviar cocaína y heroína a Estados Unidos. Recientemente, otra concejal de Putumayo, lideraba una red dedicada al microtráfico. ¡Con esos concejales….!