La contratación pública es el instrumento legal, más eficaz, para que la delincuencia de cuello blanco, se apodere de cuantiosas sumas del presupuesto público. En la mayoría de casos, con garantía de impunidad absoluta. Mientras cunde y se expande la algarabía, sobre los carteles de la contratación del Distrito Especial, poco o nada dicen de lo que ocurre en el resto del país. Solo ahí no se localizan los $4 billones, que dicen unos o $19 billones otros, pierden los colombianos por corrupción anualmente.
Pretender depurar la contratación pública y derrotar la corrupción, sin un ordenamiento legal, práctico y eficaz para impedir que los criminales agazapados en los cargos oficiales y contratistas, logren su objetivo, es un propósito irresponsable y engañoso. Hay tolerancia cómplice y calculada de la autoridad, con la corrupción y el delito e impunidad social.
La concertación de la coima, que el contratista ofrece y/o el funcionario exige, para la adjudicación del contrato, tiene que contar con la complicidad y participación de mandos medios. Se proyecta desde la elaboración de los estudios y diseños. Se perfecciona y garantiza en la confesión de los pliegos de condiciones, el cálculo del presupuesto, la complicidad de la interventoría y liquidación del contrato. Son prácticas de dominio público. Muchos lo comentan. Nadie lo denuncia. Tácitamente el ordenamiento legal lo impide. Debe haber testigos. Existe el mercado del silencio y la complicidad. Nadie está dispuesto a auto-incriminarse. Los delincuentes de todas las calañas, siempre dicen ser inocentes.
Los dineros robados en la contratación pública, reducen o impiden la inversión en sectores sociales críticos. Hay déficit de vivienda. Con $19 billones que se roban, según algunos, podrían construir 500.000 casas, de 50.0 m2 c/u, por año. En tres años desaparecería el déficit.
La sobretasa al consumo de combustibles. Si no la malbaratan o malversan, permite mantener las calles de las ciudades en condiciones aceptables. La nación, por impuesto anual a vehículos, recauda más de $5 billones. Podrían construir más de 800 Kilómetros de dobles calzadas por año. Entre otros. Así gobiernan a Colombia.
Ser consciente de lo que ocurre con lo público, debe hacer reflexionar y despertar. No tragar entero. No sucumbir a la lisonja. El caos social y moral, que padece Colombia, auspiciado por seculares malos gobiernos, nada bueno le depara a las nuevas generaciones. ¿Por qué las investigaciones sobre contratación pública, en Neiva no dan resultados? ¿El detrimento patrimonial del reservorio y otros?