Las noticias que el país recibió en torno a la justicia transicional que se aplicará durante el pos conflicto han hecho renovar las esperanzas de que efectivamente tengamos paz el año entrante. O para utilizar la bella metáfora del Papa: que se aproxima un día sin ocaso.
Aunque quedan naturalmente algunas facetas de la filigrana jurídica por aclarar (lo que se hará al divulgar el acuerdo que está en mora de publicarse), es evidente que el haber llegado a unos acuerdos básicos sobre justicia transicional es un paso trascendental que hay que recibir con entusiasmo.
Este clima de optimismo y que en el horizonte se vislumbre ya una fecha precisa (23 de marzo del 2016) para concluir las negociaciones de paz, hace ahora especialmente urgente concretar otro tema especialmente importante: la financiación del pos conflicto.
Se ha dicho que el pos conflicto es costoso, y es cierto. Pero mucho menos que la guerra. Si se firma la paz el año entrante significará que desde ese mismo momento habrá que empezar a financiar el pos conflicto (un periodo de tiempo que fluctúa entre ocho y diez años), al cabo del cual la paz se estabilizará. Pero es necesario comenzar a hacerlo desde el 2016. El primer año es clave.
El Pos conflicto que no es otra cosa que una serie de inversiones públicas, de cambios institucionales, y de modificaciones en la misma mentalidad ciudadana, que deben permitir que al cabo de dicho proceso se cicatricen las heridas que necesariamente deja una guerra de sesenta años. Y podamos consolidar una sociedad más progresista y equitativa que la que recibió la trágica marca de hierro de la guerra.
Preocupa en consecuencia que los aprestamientos financieros para atender el pos conflicto aún no comienzan. O se ven muy incipientes por el momento. Cuando estamos a menos de un semestre de comenzar dicho pos conflicto. La política fiscal del país no se ha puesto a tono con los requerimientos del pos conflicto.
Estudios recientes, por ejemplo de la “misión rural” en asocio con Fedesarrollo, muestran que en los años venideros habría que invertir en desarrollo rural (en bienes públicos de los acordados en el punto uno de la Habana) no menos de un punto incremental del PIB por año para cumplir con el calendario de inversiones indispensables para aclimatar la paz. Esto significa no menos de ocho billones de pesos adicionales por año. No son cábalas: son cifras concretas.
Y lo cierto es que miradas las cosas por el prisma del Presupuesto General de la Nación para la vigencia del año entrante no se ha apropiado un centavo para este propósito trascendental. Por el contrario, ha habido recortes severos en inversiones cruciales del pos conflicto. Algo se viene haciendo por lado de la cooperación internacional es cierto. Pero en el frente doméstico no se ha hecho casi nada hasta la fecha. Y esto es muy preocupante. Pues si alcanzamos la paz, luego de tantas dificultades, sería lastimoso que le quedáramos mal al pos conflicto.
En un libro que acaba de publicar el profesor Mauricio Plazas (Hacienda Pública y pos conflicto en Colombia, editorial Temis) se muestra la inquietante situación- no revelada aún a plenitud- de las finanzas públicas y los alarmantes déficit por cubrir en materia de pos conflicto.
No solamente la paz debe ser un día sin ocaso. Debe ser también un día sin nubarrones financieros que comprometan la viabilidad del pos conflicto.