El presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Gerson Chaverra reconoció en Neiva que el narcotráfico es un flagelo, que de acuerdo a la historia judicial colombiana muestra que se mantiene constante y permanente, pero en su condición de juez manifestó que la justicia ha actuado con determinación y de manera oportuna. Como invitado a un panel en el marco de la conmemoración de los 40 años del magnicidio de Rodrigo Lara Bonilla, Chaverra defendió la acción de la justicia frente a las mafias.
Hernán Galindo
En el marco de la conmemoración de los 40 años del asesinato del exministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, que marcó el inicio de la guerra frontal contra los carteles del narcotráfico a partir de la década de los 80, se llevó a cabo ayer en Neiva un panel académico denominado “Retos de la Justicia en Colombia”.
Uno de los invitados especiales fue el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Gerson Chaverra. Reconoció que el narcotráfico es un flagelo que de acuerdo a la historia de la justicia en Colombia, se mantiene de manera permanente y constante.
“Lo que puedo decirle es que la Rama Judicial ha trabajado con firmeza, con honorabilidad en la lucha contra ese gran flagelo; nuestros fiscales y nuestros jueces, históricamente, han defendido la institucionalidad democrática, investigando y sancionando con rigor ese flagelo que tanto daño hace a la sociedad colombiana. Ese es el balance como juez de la República que puedo darle. Los jueces de la República siempre estaremos firmes, presentes y actuantes en la lucha contra la criminalidad”, expresó.
Al indagarle sobre si el Gobierno de Gustavo Petro viene adelantando una lucha frontal contra el narcotráfico, se limitó a decir: “Como juez de la República lo que le puedo decir es que los jueces de la República estamos presentes en el cumplimiento del deber judicial”.
Otro de los juristas al que abordó LA NACIÓN, fue huilense, Vladimir Fernández, quien como magistrado de la Corte Constitucional, tiene su opinión sobre la lucha contra el narcotráfico: “Esta es una guerra muy difícil, declarada la misma desde el año 1971, en el Gobierno del presidente estadounidense, Richard Nixon, en la que Colombia ha puesto un sacrificio enorme; un gran hombre que debió ser presidente de este país, el doctor Rodrigo Lara Bonilla, que se fue y como él muchos se han ido de la misma manera. Hay que replantear esa guerra, mirar a todas las víctimas y cómo generamos una situación en Colombia en donde nosotros no solo seamos los que ponemos los muertos, sino que se entiendan las soluciones que estamos planteando”.
Y agregó que hablaba desde la posición de alguien que firmó más de 300 extradiciones, por problemas de narcotráfico a varios Estados. “Esto hay que como se hizo en Ginebra este año replantearlo desde el lado de las víctimas y desde el lado de los países que lo sufrimos como nosotros y mirar una solución global”, planteó.
El panel académico
Ya en el panel académico, uno de los panelistas aseguró que los colombianos poco creen en la administración de Justicia. Este diagnóstico fue presentado por el ex magistrado de la Corte Constitucional, el huilense, Alberto Rojas Ríos. Algunos de los datos tienen que ver con el acceso a la justicia en Colombia en donde las cifras hablan de la poca credibilidad de los colombianos en su justicia.
En ese aspecto citó un informe del DANE, sobre acceso efectivo a la justicia para todas las personas en Colombia. El informe se basa sobre trabajo misional de la justicia integrado por magistrados de las más altas Cortes y muestra que a pesar de tener toda una arquitectura la administración de justicia es lenta en Colombia. A manera de anécdota citó una frase que se refiere al tiempo que tardan los procesos judiciales en nuestro país, que es de 12 a 14 años; “nos da que la experiencia de cada abogado alcanza para tres procesos ordinarios”.
Insistió en que el problema de una estructura como la que tenemos es que nos hemos quedado en el tiempo. Citó cómo mientras en países europeos el promedio es de 21 jueces por cada 100.000 habitantes, en Colombia apenas llegamos a 12, “lo que quiere decir que nosotros tenemos la mitad de nuestros jueces haciendo justicia en las ciudades con una tasa de competitividad muy bajo”.
También indicó que el último reporte del Consejo Superior de la Judicatura sobre los procesos era de 1.939.000 y se pasó a 2.035.879.
Una de las soluciones que se planteó para modernizar y agilizar la administración de justicia en Colombia es la implementación de la inteligencia artificial. En esto los magistrados se mostraron divididos sobre la manera y hasta donde se puede utilizar.
El presidente del Consejo de Estado, Milton Chávez, comentó cómo la justicia en Colombia se encontró con la virtualidad y la implementación de la misma a raíz de la pandemia que los llevó a trabajar de esa manera. Se mostró en favor de la tecnología en la medida que sirva para agilizar los procesos. Pero, dejó en claro que de todas maneras siempre estarán prestos a atender de manera presencial.
La justicia transicional y restaurativa para la paz
La segunda parte del panel realizado en Neiva, con motivo de los 40 años del asesinato del exministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla a manos del narcotráfico con la complicidad de algunos agentes del estado, tuvo que ver con la JEP.
Se habló de los retos, de cómo se vienen resolviendo casos como los llamados falsos positivos a manos de agentes del Estado y de la guerrilla de las Farc y los paramilitares y al tiempo se conocieron los retos de la Jurisdicción Especial para la Paz.
Uno de los panelistas, el magistrado, Alejandro Ramelli, se refirió a cómo ha sido fundamental el trabajo que vienen adelantando en la regiones en donde de un lado las medidas cautelares y del otro el sentar frente a frente víctimas y victimarios ha servido para la resolución de varios de los casos.
Expuso que en el caso de la justicia transicional las víctimas están en el centro del proceso y son protagonistas, distinto al caso de la justicia ordinaria en donde las víctimas normalmente no tienen el mismo protagonismo.
Dijo que algunos de los implicados en casos de falsos positivos que asesinaron a muchas personas, que en principio ante la justicia ordinaria negaron su participación y dijeron no recordar su partición, al acudir a las audiencias de la JEP, en las que los sientan frente a sus víctimas y les permiten preguntarles a estas sobre qué pasó con sus seres queridos, terminan admitiendo su crimen y pidiendo perdón.
El magistrado anticipó que, en el caso del Huila, ya han logrado que 80 de 86 agentes del Estado implicados en delitos relacionados con los llamados falsos positivos, aceptaran su responsabilidad. Dentro de estos implicados se encuentran desde comandantes de Brigada y altos mandos, entre otros.
Finalmente sostuvo que en agosto de este año se realizará la audiencia pública con esos 86 implicados y sus víctimas en Neiva.
Sobre los retos de la justicia transicional, se expresó la magistrada, Diana Vega. Comenzó por decir que son muchos, pero que también se ha logrado superar varios, por eso quiso mencionar cinco en esta oportunidad. El primero tiene que ver con la estricta temporalidad por tener el tiempo contado, para administrar justicia en una victimización que afectó al país a lo largo y a lo ancho, sostuvo, al tiempo que dijo que abarcar la mayor cantidad de casos y todo el territorio es una labor complicada.
El segundo reto, según ella, es lograr la satisfacción de las víctimas. Esto no solo en términos de verdad sino de reconocimiento, agregó.
Un tercer reto es lo difícil que resulta administrar justicia en medio de un conflicto armado. “En Colombia aún hay zonas en conflicto, que entorpecen y opacan las acciones de la JEP, no es fácil porque entorpecen los procesos, hay amenazas incluso para ellos como magistrados”, sostuvo.
El cuarto reto es que tienen que trabajar y articularse con otras entidades. La JEP, no puede ser una rueda suelta, sino cuentan con la ayuda de la justicia ordinaria que les facilita los expedientes que ya tenía, la ayuda del Inpec, por ejemplo, es fundamental, agregó.
Y por último está el reto de difundir los avances, por ejemplo, “lo que hemos hecho hoy, necesitamos que toda la sociedad se interese, se informe de lo que está haciendo la JEP, que entren a la página web de la entidad y siga los procesos, para que se enteren de lo que estamos haciendo y de los avances”, puntualizó.