El saliente procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, habla del juicio disciplinario contra el alcalde de Neiva, Gorky Muñoz. Cuenta detalles de la investigación, el futuro del proceso y aprovecha para responderle al mandatario, quien se declaró “perseguido” por el organismo de control. Carrillo le dice que decir eso es “un gesto político innecesario”.
Jesús Antonio Rojas Serrano
Ad-portas de dejar el cargo de procurador general de la Nación, Fernando Carrillo Flórez ha decidido entregar detalles de uno de los casos más emblemáticos del organismo de control en su lucha contra la corrupción en medio de la pandemia: el de los ‘enredos’ en los multimillonarios contratos celebrados por alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón, y sus funcionarios en medio de la emergencia del coronavirus.
Carrillo no sólo entrega detalles de la investigación sino que le responde al mandatario, quien a finales del año pasado, en un acto público, se declaró “perseguido” por el organismo de control. El saliente Procurador le dice que es “un gesto político innecesario sin ninguna incidencia en el proceso disciplinario que sigue su curso con todo rigor en la investigación”.
Aquí está el diálogo exclusivo de LA NACIÓN con el procurador Carrillo.
La pandemia desató una ola de corrupción en el país, ¿Qué balance dejan las acciones de la Procuraduría 10 meses después de haber llegado el virus?
La pandemia generó tanto caos que los corruptos pensaron, equivocadamente, que podrían burlar la acción de la justicia. Los hemos frenado con contundencia. La oportuna acción del Ministerio Público ha impedido que la impunidad reinara en los casos detectados y la corrupción fuera más dañina que la pandemia. La lucha anticorrupción no ha estado en cuarentena y continúa a paso firme en todo el territorio. En este esfuerzo han sido fundamentales las veedurías ciudadanas y las denuncias de los medios de comunicación. La lista de logros es larga. Solo me centraré en dos temas: garantizar la salud de los colombianos, impulsando la decisión de que haya garantía de un arribo pronto al país de la vacuna contra el COVID-19 de manera eficaz y equitativa; y vigilar que a nombre de la reactivación económica los corruptos no se quedarán con los bolsillos llenos y los colombianos con hambre y en la calle.
¿Cuáles han sido las irregularidades más detectadas?
Hoy más que nunca, es imperativo derrumbar la muralla de impunidad que ha protegido por años a los corruptos, que se amparan en las fallas de regulación, vigilancia y control de la Justicia, la cultura de ilegalidad y la permisividad y tolerancia social. Necesitamos fortalecer la democracia, propendiendo por una sociedad menos tolerante al delito, la falta de transparencia, el abuso de poder y los corruptos. Ese ha sido nuestro objetivo en los últimos cuatro años. Una sociedad más fuerte, vigilante y empoderada estará inmunizada contra la corrupción. Es la sociedad unida, vigilante, activa, movilizada, la que podrá vencer un fenómeno que debilita la democracia y las instituciones porque las corroe desde adentro. La pandemia marcó nuestras vidas. Colombia y el mundo ya no serán los mismos. El día que escuchemos la esperada noticia de que podemos volver a la vida “normal”, aún tendremos que enfrentar las consecuencias de la crisis económica, social y sanitaria que nos acompañará por varios años. La prioridad es garantizar muy pronto el acceso universal a la vacuna de manera gratuita. Es un asunto de supervivencia. También es prioritario que el sistema nacional de salud pública quede fortalecido después de esta crisis. A muy alto costo hemos aprendido la lección de que lo más importante es la salud y que los peores delincuentes son los que se han robado la plata de la salud y del bienestar de los colombianos. En eso con orgullo tenemos mucho para mostrar como Ministerio Publico.
En esa lucha contra la corrupción, uno los casos más sonados ha sido el del Alcalde de Neiva, ¿Qué encontró la Procuraduría?
La investigación disciplinaria contra el Alcalde de Neiva y tres de sus funcionarios se inició oficiosamente al conocer las denuncias que se hicieron en varias notas de prensa publicadas en el Diario LA NACIÓN en las que se señalaban presuntas irregularidades en los procesos de contratación celebrados por la Alcaldía, en el marco de la urgencia manifiesta generada por el COVID-19. Además del alcalde, Gorky Muñoz Calderón, se citó a audiencia en el proceso verbal al jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo, Armando Cabrera Rivera, y a los secretarios de Mujer, Equidad e Inclusión, Camila Mercedes Ortega Suárez, y de Educación, Giovanny Córdoba Rodríguez. Como parte de la acción de seguimiento y respuesta inmediata de la Procuraduría, nos dimos a la tarea de analizar diversos procesos de contratación en el marco de la urgencia manifiesta declarada por el Alcalde y encontramos que podría haber irregularidades en cinco de esos contratos.
¿Qué elementos tuvo en cuenta la Procuraduría para llamar a juicio disciplinario al alcalde, Gorky Muñoz, y a tres miembros de su gabinete?
En concreto, se ha analizado toda la documentación relativa a un contrato para la elaboración de una campaña para la prevención del COVID-19, por $438 millones; otro sobre la atención integral a habitantes de la calle, por $425 millones; uno más para la compra de 4.500 mercados destinados a adultos mayores, por $2.389 millones; otro para la adquisición de alimentos para el Programa de Alimentación Escolar, PAE, por $5.250 millones, y la interventoría de esta última actividad, por $300 millones. De las pruebas documentales aportadas inicialmente al proceso se estableció que presuntamente se presentaron sobrecostos en la campaña para prevenir el contagio del virus y en la compra de los mercados para la atención de los adultos mayores. Igualmente, se investigan posibles falencias en la planeación de los contratos para dar atención integral a los habitantes de la calle y para la operación del PAE, entre otros, porque no se habría comprobado la capacidad y experiencia de los respectivos contratistas. Además, al parecer el representante legal de la empresa interventora del contrato PAE era a la vez miembro principal de la junta directiva de la compañía encargada de comprar los alimentos. Muy importante recordar que desde el inicio de la pandemia y la consecuente flexibilización de los procedimientos y requisitos para la contratación pública de emergencia, desde la Procuraduría hemos insistido en que esa mayor flexibilidad para una mejor y más ágil capacidad de respuesta -que exige una situación excepcional como la que vivimos en 2020-, no supone en ningún caso que renunciemos como Estado a la vigencia de los principios de planeación, transparencia y eficiencia en la contratación. Así lo subrayamos en la Directiva 016 de 2020 de la Procuraduría.
En varios escenarios y de manera pública el alcalde Muñoz ha hablado de “persecución” al referirse a estos señalamientos de la Procuraduría, ¿Qué opina?
Es un gesto político innecesario, de cara tal vez a sus bases, pero sin ninguna incidencia en el proceso disciplinario que sigue su curso con todo rigor en la investigación; con absoluta imparcialidad y todas las garantías para los investigados. Nuestro deber como Ministerio Público y en el marco de nuestra función disciplinaria es dar curso a este tipo de denuncias, siempre por supuesto garantizando que sean las pruebas que obran en el proceso las que determinen su curso. Al contrario de esas aseveraciones infundadas, el señor Alcalde ha sido muy respetuoso del procedimiento en la audiencia y su abogado defensor no ha esgrimido ningún reproche en ese sentido. De hecho, su actuación hasta la fecha ha sido bastante leal en términos procesales.
Ha actuado la Procuraduría con imparcialidad en el caso Gorky Muñoz?
No hay ninguna duda sobre ello. Como en todos los procesos disciplinarios, esta Procuraduría ha mantenido muy altos estándares de garantía del debido proceso y el derecho a la defensa de los investigados. Como Ministerio Público, fundamos nuestra credibilidad y la confianza que generamos en la institucionalidad, justamente en esas garantías. Nos empeñamos tanto en ese asunto que, de hecho, somos la única entidad del Estado que ha construido un sistema robusto de identificación y gestión de conflictos de intereses de sus servidores, no sólo en materia de contratación, sino procesal.
El Alcalde está en juicio disciplinario, incluso ya tuvo su primera comparecencia del 2021, ¿Qué viene para las próximas semanas?
Tras haber expedido en octubre el auto que citaba a audiencia verbal y que incluía el pliego de cargos, en la última diligencia se ordenó la práctica de múltiples pruebas. La defensa pidió cerca de veinte testimonios que fueron decretados, así como informes de expertos y requerimientos documentales, todos ellos en proceso de recolección en la etapa probatoria. Como sabe, los cargos son una hipótesis preliminar que corresponde probar o refutar en el curso del proceso. Hay que ver qué dice ese acervo probatorio sobre cada uno de los cargos y de los investigados. Una vez recabada la evidencia se da traslado a los diferentes sujetos procesales y se cita a la continuación de la audiencia verbal para los alegatos de conclusión y la lectura del fallo.
Frente a este caso puntual, ¿la Procuraduría ha compartido información con la Contraloría o la Fiscalía?
En el marco de la alianza entre entes de control denominada Transparencia por la Emergencia, las tres entidades sostuvieron encuentros periódicos de seguimiento a los casos de posible corrupción, irregularidades en la contratación, o afectación del patrimonio público en todo el país. El caso de la Alcaldía de Neiva por supuesto está incluido en ese tablero de control desarrollado en el marco de la Alianza y que permitió trabajar conjuntamente.
Usted ha dicho que la sociedad está en mora de ejercer “un distanciamiento total” con la corrupción, ¿Cree que la gente es consciente del enorme daño que le hacen al país los corruptos?
A todo aquel que crea en la democracia y defienda el espíritu de la Constitución Política debe dolerle la corrupción, porque es un fenómeno que causa más muertes que la guerra y es el alimento del descontento popular ante la inacción del Estado. La corrupción es la causa mayor del escepticismo de la gente en la Justicia, la democracia y el bienestar. Es, además, la excusa que alientan los populistas y autoritarios para acceder al poder y destrozar los países. En nombre de la lucha contra la corrupción fue posible un Hugo Chávez, que terminó por enterrar la democracia en Venezuela. Así ocurrió en Perú, con Fujimori. Por eso, la lucha contra la corrupción es, en esencia, una acción política para proteger la democracia del asalto del populismo y el autoritarismo.
¿Con qué tantos ‘dientes’ cuentan hoy instituciones como la Procuraduría para atacar el ‘monstruo’ de la corrupción?
Hemos demostrado que mucho se puede lograr. Mediante acciones preventivas y de intervención en estos 4 años, le hemos ahorrado al Estado 18 billones de pesos que se hubieran ido por el sifón de la corrupción. Más de 6.700 fallos disciplinarios, 2.750 pliegos de cargos, 1.352 suspensiones de funcionarios, 743 destituciones e inhabilidades, 1.221 sanciones a funcionarios de elección popular, más de 500.000 intervenciones en audiencias para proteger derechos colectivos, 172.000 procesos preventivos que evitaron violación de derechos, entre otros. Tenemos muchas herramientas y no puede creerse que la lucha contra la corrupción pase a un segundo nivel en las acciones de la Procuraduría. Son 190 años de lucha por la ética y la moralidad pública que no pueden echarse por la borda.
¿Teme que muchos procesos disciplinarios que sus procuradores han venido adelantando en las regiones puedan terminan en el ‘congelador’ una vez termine su período como Procurador General?
Los procesos disciplinarios son robustos y han traspasado la línea de no retorno. Hay que confiar en que la nueva administración de la Procuraduría los continúe y lleve a buen destino. El país hoy más que nunca confía en la Procuraduría. Se ha ganado esa confianza con acciones.
¿Cuáles son sus reflexiones sobre estos cuatro años al frente de la Procuraduría?
La pandemia nos obliga a pensar en un nuevo contrato social mediante un gran acuerdo nacional que interprete las dramáticas realidades nacionales y globales. En el mundo que está surgiendo de la pandemia hay que crear un nuevo modelo de democracia y una sociedad más transparente y equitativa que venza el pesimismo y ejerza un distanciamiento total con la corrupción y le dé cero espacios para que se multiplique. La Procuraduría debe continuar garantizando derechos, entre ellos, aquellos lesionados por las recientes formas de corrupción. Si no se vence ese enemigo, la democracia estará en peligro y ello requiere un liderazgo que tenga claro que hay que extinguirles los bienes a los corruptos y decretarles la muerte política.
Finalmente, ¿Será candidato presidencial?
Este país tiene déficit de ideas y propuestas de consensos y un superávit impresentable de candidaturas presidenciales; son más de 30. Este país sale adelante a base de grandes acuerdos nacionales como hace 30 años lo logramos unos jóvenes alrededor de la Constitución del 91. Es allí donde hay que trabajar para extirpar el odio y el extremismo que es hoy la peor amenaza a nuestra democracia. El abismo del populismo o del autoritarismo saca las orejas en sociedades divididas. Mire usted lo que sucedió en el Capitolio de Washington la semana pasada para darse cuenta de lo que puede pasar si no hacemos un alto en el camino para buscar acuerdos por la vía del diálogo social y el consenso.