Una sentencia denegó las pretensiones de una demanda que buscaba la nulidad del decreto que modificó la planta de personal en la Alcaldía de Pitalito. El demandante advierte estar en desacuerdo con dicha decisión, mientras que el exalcalde dice haber actuado siempre bajo la norma.
Johan Eduardo Rojas López
Periodistamultimedia4@lanacion.com.co
El Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Neiva falló en primera instancia una demanda que fue interpuesta contra la Alcaldía de Pitalito por Jan Marco Cortés Guzmán. Para sorpresa de muchos, se negaron las pretensiones del demandante, por lo cual, ahora él, siguiendo el debido proceso impondrá el recurso de apelación. Es así como esta sentencia le daría la razón al ex alcalde de los laboyanos, Edgar Muñoz.
Jan Marco Cortés Guzmán, actual personero de Timaná y demandante, manifestó que, el proceso inició desde mayo de 2023 cuando presentó la demanda en contra del decreto 355 del 2021 que estableció la planta de personal de la administración municipal y en esa misma oportunidad también en contra del decreto 362 del 2022 que modificó la planta de personal de la alcaldía.
La razón que lo llevó a tomar esta determinación radicó en que, durante su paso por la Alcaldía de Pitalito, como abogado profesional en la Oficina Jurídica, evidenció que existieron algunas barreras para que los mismos contratistas pudieran ser encargados en empleos superiores, además que, también constataron la manera en que en ciertos cargos se vieron privilegios en cuanto al aumento salarial, mientras que otros no.
Claramente, esto empezó a generar incomodidad dentro de los contratistas, a tal punto que él decidió interponer una denuncia, dejando claro desde luego que, a pesar de que durante su trabajo tuvo conocimiento del rediseño, la Alcaldía Municipal contrató un servicio externo y, en ese sentido, desde su oficina nunca se les dio el visto bueno a estos actos administrativos.
“Me di en la tarea de realizar un estudio normativo sobre este proceso de rediseño y en mi opinión como Abogado y Administrador Público, considero que definitivamente no se cumplían con los requisitos para realizar el ajuste a la planta de personal”, aseguró.
Este recurso contempla varios aspectos, entre esos que no hubo un certificado de viabilidad presupuestal expedido por la Secretaría de Hacienda, igualmente que, lo que se estaba realizando era una modificación arbitraria solamente para beneficiar unos cargos en particular que se iban a nombrar.
Lee también: Bajo nivel de Betania pueden afectar la producción piscícola: CAM
Fallo denegado
Ante esta situación y luego de la determinación expuesta en la sentencia con ponencia del juez Miguel Augusto Medina, quien adoptó la decisión en primera instancia de denegar las pretensiones, Cortés Guzmán, dijo no compartir los argumentos del juzgado dado que le parece que algunos apartes son contradictorios e igualmente no se compadece del compendio probatorio que existente.
¿Se trató de burocracia?
Es así como, indicó que, continúa en la intención jurídica de demostrar que no se hicieron las cosas bien dado que estos rediseños deben contribuir a la mejora de la administración municipal y no a factores políticos para beneficios burocráticos.
Bajo esa lógica, el problema no fue el rediseño institucional que resulta siendo válido e indispensable para un municipio como Pitalito, que de hecho, ascendió de categoría; el malestar radica principalmente en que, de acuerdo con el demandante, esos cargos ya tenían nombres y apellidos. “No se enfocaron en fortalecer la dependencia, sino en beneficiar la burocracia”, concluyó.
“Se actuó siempre en derecho”
De acuerdo con todo lo expuesto y al fallo en primera instancia, Edgar Muñoz Torres enfatizó en que, siempre se actuó bajo la norma e incluso resaltó que entregó el Municipio con una suficiencia financiera que le permitieron realizar este tipo de procesos.
“Teníamos suficiencia para hacer los nombramientos y además para que el Municipio pueda funcionar, contrario a todos los chismes que han dicho. Hay dos formas de contratar, la primera es a través de contratos de prestación de servicios o a través de vinculaciones laborales, cualquiera de las dos opciones que usted considere, significan burocracia para muchos”, manifestó el exmandatario.
Sostuvo, además que, lo primero que verificó es que existieran personas en carrera administrativa para proveer esos cargos, de tal manera que, de los 28 cargos que se crearon, 10 fueron previstos para ser promovidos a nuevos cargos, es decir, aproximadamente el 30%. Recordó que este proceso no es nuevo, pues anteriormente se había interpuesto una medida cautelar para que se suspendiera el proceso que también salió a favor del Municipio y desde ahí se rectificó que todo se hizo de manera legal. “Todo se hizo bien”, aseveró.
Finalmente, expresó que, “el hecho de que no se les haya consultado, no significa que no existiera el músculo financiero y, por eso, el juez dice que no era necesaria porque había solvencia económica, pasamos a tercera categoría, había un mayor recaudo y entonces no era necesaria”.