RICARDO AREIZA
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El promotor de la ciudadela ‘El Portal del Sol’, Franklin Arandia Perdomo y otros miembros de su equipo directivo, capturados en un cinematográfico operativo militar, quedaron ayer en libertad.
El urbanizador, varios familiares y activos dirigentes de la organización viviendística se encontraban privados de su libertad, desde el 4 de abril pasado, sindicados de promover urbanizaciones ilegales, en una dura controversia legal sostenida con funcionarios de la Alcaldía de Pitalito.
Sin embargo, el juez Segundo Penal del Circuito de Pitalito, Henry Duque Calle, les otorgó la libertad al resolver favorablemente la impugnación que formularon sus apoderados. Aun así, seguirán vinculados al proceso.
En su criterio, la Fiscalía no sustentó en debida forma la medida ni soportó la urgencia y necesidad de la privación de la libertad de los implicados. Los supuestos fácticos enunciados por la funcionaria judicial no fueron suficientes ni proporcionales para mantener la medida de aseguramiento con detención efectiva de la libertad.
“Con la evidencia física y los elementos materiales probatorios no se podía inferir razonablemente un grado de autoría o participación, la no comparecencia, la falta de arraigo, o la necesidad”, afirmó la abogada Maribel Buitrago.
Sustitución
En estas condiciones, el funcionario judicial estimó que la medida privativa se tornaba inoficiosa y ordenó la sustitución de la medida, en el caso de Arandia Perdomo y la libertad inmediata de otros tres accionantes. Los otros tres tramitan a parte la misma solicitud.
Arandia Perdomo, quien recobrará la libertad, aunque sigue vinculado al proceso. El funcionario judicial le impuso una caución dineraria, equivalente a cinco salarios mínimos mensuales (unos 4,14 millones aproximadamente), además de otras medidas no privativas (presentarse periódicamente o cuando sea requerido ante el juez o ante la autoridad que él designe; observar buena conducta individual y no salir del país).
“Una vez presentemos la caución, el señor Arandia recobrará su libertad. La excarcelación deberá producirse en las siguientes horas”, anunció su abogada.
En libertad
Además, quedará en libertad Hobana Delgado Ortiz, esposa de Arandia Perdomo y ex representante de la Asociación Portal del Sol. La suspensión de la detención domiciliaria favorece a Dora Patricia Franco Arandia (hermana de Franklin) perteneciente a un resguardo indígena de Sotará (Cauca) quien permanecía con detención domiciliaria en Popayán y a Edwin Rubiano Barrera, miembro de la junta directiva de la Asociación.
Su esposa Yudy Andrea Valenzuela Castro, María Fernanda Franco Rendón, presidenta de la Asociación El Portal del Sol y Luzcerly Eraidez Delgado Ortiz, hermana de Hobana, tramitan por separado la impugnación. Alba Luz Vargas Fernández, quien tenía orden de detención, no fue localizada.
La detención
Arandia Perdomo, representante legal de la empresa Ebenezeer Soluciones Inmobiliarias SAS, fue detenido en el conjunto residencial ‘La Reserva’, en un gigantesco operativo, apoyado por tropas del Ejército. Su esposa, su hermana y otros miembros de la agremiación también fueron detenidos en Pitalito y Popayán.
Las órdenes de captura fueron expedidas el 15 de marzo por el juez único municipal de garantías de Íquira.
La juez segunda Penal Municipal Dilia Jaramillo Molina con funciones de control de garantías acogió la solicitud de la Fiscalía.
Los abogados insistieron en la parcialidad de la jueza de garantías quien mantiene una estrecha relación de amistad con la fiscal que adelanta el proceso. La funcionaria fue recusada en razón a un contrato de arrendamiento suscrito con la fiscal. Los reclamos, que originaron dos solicitudes de habeas corpus, no prosperaron.
Imputaciones
La fiscal 28 seccional Martha Libia Liscano Quevedo les imputó los delitos de urbanización ilegal, obtención y uso de documento falso y concierto para delinquir.
Según la funcionaria, Arandia promovía la venta de lotes para la construcción de tres proyectos de vivienda, sin las respectivas licencias. Entre ellos la urbanización Portal del Sol, San Francisco Casas Campestres y Criollos. “Para el loteo o subdivisión de los terrenos se emplearon igualmente licencias adulteradas”, reportó la Fiscalía.
La operadora judicial señaló que los imputados habrían vendido 979 lotes para las tres urbanizaciones. No obstante, otra historia se esconde detrás de estos proyectos de vivienda, por fuera del perímetro urbano.
Historia secreta
Las capturas se produjeron en medio de un complicado entramado judicial y administrativo por la expedición de esta licencia. Un mes antes, el imputado denunció al alcalde Miguel Antonio Rico y a varios miembros de su administración por el trámite de licencias de construcción únicamente para estos proyectos.
La denuncia penal fue instaurada directamente en Bogotá ante el entonces fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, el 22 de febrero pasado. Entre otros por supuestos delitos de prevaricato, constreñimiento ilegal, falsedad en documento público, concusión, abuso de autoridad, pánico económico, entre otros.
“Cuando les dije que no les daría ni un solo peso, comenzaron las ‘trabas’ que terminaron revocando la licencia”, expresó.
La licencia de subdivisión (autorizando el loteo) fue expedida mediante Resolución de Subdivisión No. 098 de 2017, firmada por el pastor Edgar Núñez, jefe de Planeación, actualmente detenido por el crimen del abogado Luis Gerardo Ochoa.
La licencia correspondía al predio rural denominado ‘Buena Vista Herederos’, ubicado en la vereda Bajo Solarte y registrado con matrícula inmobiliaria No. 206-13386.
El jefe Oficina Control Interno José Guillermo Guerrero Velandia aseguró que la licencia no era auténtica y que las firmas no correspondían a la de sus titulares.
Arandia probó que la firma de la licencia expedida corresponde a la del pastor Edgar Núñez, quien la expidió. Un dictamen grafología forense realizado por Romario Camargo, consultor de la Fiscalía, desvirtuó la versión de la administración municipal sobre la falsedad del documento…
Extrañamente, el jefe de Control Interno de la Alcaldía aseguró que la licencia original correspondía realmente a Campo Elías Castro Díaz, propietario del predio La Vega, ubicado en la vereda Charguayaco de Pitalito. Castro Díaz, el propietario original del predio lo desmintió.
En una declaración extrajuicio en poder de LA NACIÓN, Castro Díaz afirmó que nunca firmó la resolución que la administración municipal mostró como auténtica y que la Fiscalía, presenta como la “prueba reina”.
Castro Díaz, propietario real del predio, negó que haya solicitado la referida licencia y denunció que su firma fue suplantada, y anexada irregularmente a la escritura pública, sin su consentimiento.
