Dos ex gerentes de Empresas Públicas, el subgerente, un consultor y dos supervisores deberán devolver las inversiones mal ejecutadas en un hogar infantil que nunca pudo terminarse. La Contraloría falló con responsabilidad fiscal.
Empresas Públicas de Neiva le apostó a desarrollar obras distintas a sus actividades misionales fuera de su jurisdicción y terminó en un colosal enredo.
Aunque parezca increíble, la empresa de servicios públicos de Neiva, se comprometió a ejecutar un hogar infantil en San Agustín y quedó mal. No sólo tercerizó el contrato, es decir, lo subcontrató con un particular, sino que además, no pudo terminarlo.
La obra quedó con un avance del 36.01% y decenas de niños de sectores vulnerables se quedaron sin el centro de atención integral. Pero adicionalmente, por una pésima planeación, la obra terminó costando más de tres veces el presupuesto asignado, lo que llevó a que finalmente a la desfinanciación y por lo tanto, como otro ‘elefante blanco’ terminó inconcluso y en total abandono.
La inversión ejecutada se perdió y ahora, en un fallo de responsabilidad fiscal tendrán que reembolsar los recursos, de sus propios bolsillos, el gerente Andrés Espitia, quien lo firmó en el 2009 y Cielo Ortiz Serrato, quien lo liquidó sin reintegrar todos los dineros que se perdieron por la mala ejecución.
Además, solidariamente, responderá el subgerente técnico y operativo, Germán García, un consultor, el ex alcalde de San Agustín, Ever Bolaños Jojoa y su antiguo secretario de Planeación, Lauro José Ordoñez.
“El detrimento al patrimonio público está dado por la pérdida de unos recursos en consideración a que en el municipio de San Agustín se encuentra una obra abandonada e inconclusa (Hogar Grupal de Bienestar), debido a que Empresas Públicas de Neiva incumplió el objeto del contrato interadministrativo No. 002 de 2009, y a la fecha no ha devuelto al municipio la totalidad del dinero recibido como aporte del ente territorial en virtud del polémico convenio”, aseguró.
El fiasco
El Hogar Grupal de Bienestar fue autorizado para San Agustín para promover el desarrollo integral de la Primera Infancia en sectores vulnerables de la capital arqueológica.
La obra tuvo un presupuesto inicial de 263,82 millones de pesos. Para evitar los procesos de licitación, se suscribió un contrato interadministrativo con Empresas Públicas, lo que resultó un fiasco.
La alcaldía suscribió con EPN un convenio interadministrativo para agilizar la construcción del hogar infantil.
Para cumplir con el convenio suscribió el contrato de obra No. 050 de 2009 fue tercerizado por EPN con el subcontratista Hermann Camacho Torres, encargado de la ejecución con un plazo de 120 días.
“La obra quedó inconclusa, ya que lo ejecutado corresponde a excavaciones, rellenos, cimentación, placas de piso, veinte columnas circulares, concreto ciclópeo para un cerramiento perimetral, cajillas y tuberías empotradas de las instalaciones sanitarias, eléctricas y de aguas lluvias”, confirmó la Contraloría General de la República.
“Además, se observaron agrietamientos transversales en las 20 columnas y grietas longitudinales en algunos sectores de la placa de piso”, precisó.
El viacrucis
La obra no tenía estudios y diseños para dar inicio a su construcción, motivo por el cual se suscribió el acta de suspensión del contrato.
Aunque en el contrato se previó e incluyeron los “estudios y diseños” en cuantía de 30 millones de pesos, el ítem no fue incluido por Empresas Públicas de Neiva.
El 9 de septiembre de 2009, el subcontratista Hermann Camacho Torres, solicitó a Empresas Públicas de Neiva y al interventor Lauro José Ordoñez la suspensión de la obra, alegando que no existían diseños requeridos para el desarrollo del contrato.
El 13 de octubre de 2009 remitió los estudios y diseños definitivos y fueron aprobados. El 4 de noviembre de 2009 se suscribió el acta de reiniciación.
Sin embargo, los recursos eran insuficientes.
Según la directora de Bienestar Familiar, ni con una adición del 50% del valor inicial se logrará culminar la obra.
Sin recursos
Camacho Torres les advirtió que con el presupuesto asignado no se lograría la ejecución de la obra según los diseños aprobados. Hicieron caso omiso, no hicieron nada para suspender las actividades constructivas y solicitar el ajuste de los diseños según el presupuesto asignado inicialmente para ello.
Al contrario, permitieron que el contratista iniciara la construcción de la obra, la cual aprobaron y recibieron mediante Acta de obra No. 1, sin fecha por un valor de $227.673.369. El documento fue suscrito por Germán García, gerente técnico y operativo de Empresas Públicas de Neiva; por el supervisor, Oswaldo Rojas Supervisor y por el contratista. El acta que fue aceptada y pagada por Empresas Públicas de Neiva mediante comprobante de pago No. 159 del 16 de febrero de 2010.
Con posterioridad, el 12 de abril de 2010 se suscribió el contrato adicional No. 0217. Lo firmaron el alcalde de San Agustín Carlos Andrés Facundo Ortega y el gerente de Empresas Públicas de Neiva Juan Carlos Herrera.
Luego se confirmó que se suscribió el acta de justificación para adición presupuestal pero no se firmó el contrato de adición.
La inversión
“El valor de la inversión paga en desarrollo del contrato de obra 050 de 2009 fue de $227.673.369 presunto detrimento al patrimonio del estado por ser una obra inconclusa, abandona que no cumple con el fin para el cual se planeó y ejecutó, con deficiente calidad y daño en algunos ítems construido”, concluyó la Gerencia Departamental Colegiada que lidera Camilo Ernesto Chacón.
Confirmadas las anomalías y el abandono de la obra, la entidad inició las investigaciones (Auto de apertura No. 150 de 2016). El 13 de mayo de 2019 lo adicionó y amplió el abanico de posibles responsables.
De acuerdo con los informes técnicos rendidos por el ingeniero Jorge Palechor, funcionario de la División de Infraestructura Inmobiliaria del ICBF y del ingeniero Alexander Soto Hernández, subgerente Técnico y Operativo de Empresas Públicas de Neiva, la plata invertida prácticamente se perdió.
“La infraestructura construida no refleja ni el valor ni las cantidades de obra incluidas en el objeto del Contrato de Obra No. 050 de 2009” encontrándose en el sitio de obra solamente cimentación, columnas estructurales, puntos hidráulicos y placa de piso”, precisaron.
Cinco años después, fue liquidado unilateralmente y se declaró el incumplimiento.
Contrato adicional
“De la certificación expedida por la pagadora de EPN19, se tiene que a pesar que se suscribió el contrato adicional No. 02 al contrato interadministrativo No. 002 de 2009, el valor ($131.703.269) no fue girado por el Municipio a EPN, es decir, no ingresaron a la cuenta de ahorros del Banco Davivienda, a nombre de Empresas Públicas de Neiva – Hogar San Agustín, abierta para el manejo de los recursos del contrato interadministrativo No. 002 de 2009; es decir, que finalmente el municipio giró a Empresas Públicas de Neiva únicamente los $263.828.664 girados inicialmente”, aseguró la Contraloría.
Como Empresas Públicas de Neiva declaró la ocurrencia del siniestro de incumplimiento por parte del contratista, el 23 de abril de 2015 ordenó a la aseguradora Liberty que hiciera efectiva la póliza respectiva.
El 11 de agosto de 2017 se suscribe acta de liquidación bilateral del contrato interadministrativo. EPN se compromete a reintegrar al municipio de San Agustín el saldo del contrato (unos 170,34 millones de pesos). Así lo hizo. Sin embargo, la Contraloría opinó otra cosa.
¿A paz y salvo?
“No es cierto que se encuentra a paz y salvo con el municipio, por lo que era necesaria la devolución de todo el dinero girado por el ente territorial, es decir, los $263.828.664, toda vez que si bien es cierto existe una obra en el lote destinado para la construcción del hogar de bienestar, no menos cierto es que la misma no cumple con ninguna funcionalidad ni obedece a la obra contratada, ni tampoco fue recibida por el municipio de San Agustín”, precisó el ente de control.
A responder
En su criterio quedó configurado un daño patrimonial cuantificado en 87, 29 millones de pesos, sin indexar, al probarse que existe una obra abandonada e inconclusa.
Andrés Espitia Duque, gerente y representante legal de Empresas Públicas era el ordenador del gasto de la entidad, y en consecuencia ostentaba la facultad de planear, administrar e invertir los dineros públicos por la suscripción del contrato interadministrativo. Sin embargo, incluyó un presupuesto de obra, que no era real.
“Espitia Duque incluyó un presupuesto de obra con cantidades que no conducían a ninguna obra, pues como se probó, la obra no contaba con estudios y diseños; lo que al final condujo a que el contratista solicitara la suspensión del contrato precisamente por la falta de los diseños”. Su conducta fue calificada a título de culpa grave.
La medida cobija igualmente a Lauro José Ordoñez Cruz, secretario de Planeación y Obras públicas de San Agustín, quien fungió como supervisor y coordinador del contrato.
El ex funcionario infirió que la obra inicio con los diseños que proyectaron la obra con una inversión de 705 millones de pesos, es decir, mayor al presupuesto contratado. Sin embargo, costaba el triple de lo que se presupuestó y finamente quedó inconclusa. “De lo anterior se desprende que el señor Lauro José Ordoñez Cruz en su condición de supervisor del contrato e interventor, actuó de forma negligente, incumpliendo las obligaciones a su cargo, por no vigilar la correcta ejecución de los dos contratos en todas sus etapas”, concluyó el organismo de control. Su conducta fue calificad a título de culpa grave.
Al subgerente Técnico y Operativo, Germán Andrés García Galindo también le imputó responsabilidad fiscal.
A pesar de que no hubo modificaciones al contrato recibió las obras por valor de 227,67 millones aceptando el contenido de la misma, la que también sirvió de soporte para el pago al subcontratista Hermann Camacho.
“Con su omisión contribuyó a la producción del daño patrimonial al Estado”, destacó el órgano de control.
Oswaldo Rojas Arenas estuvo vinculado con Empresas Públicas de Neiva en virtud de la suscripción del contrato de consultoría con las obras objeto de los convenios suscritos en varios municipios.
En su condición de supervisor conoció los detalles del proceso que se adelantó para la entrega de los estudios y diseños por un monto muy superior al inicialmente contratado. “Su actuar negligente e imprudente permitió que se iniciara la construcción de una obra con unos diseños que sobrepasaban más de tres veces el presupuesto contratado, lo que finalmente terminó en una obra abandonada e inconclusa”, precisó. También falló con responsabilidad.
Liquidadora
Finalmente le imputó responsabilidad a la ex gerente Cielo Ortiz Serrato durante la pasada administración.
La ex funcionaria suscribió el 11 de agosto de 2017 suscribió el acta de liquidación bilateral contrato interadministrativo y reintegró una parte de la inversión ejecutada en una obra inconclusa. Aunque firmó un paz y salvo por todo concepto, la Contraloría cuestionó su proceder. Ante el incumplimiento contractual correspondía a Empresas Públicas el reintegro total de lo aportado por el municipio para la ejecución de la obra.
“Al liquidar el convenio interadministrativo, debió tener en cuenta el incumplimiento contractual de la entidad que dirigía, y aceptar el reintegro de los dineros aportados”, observó.
Finalmente le imputó responsabilidad al ex alcalde Ever Bolaños Jojoa, quien suscribió el acta de liquidación del contrato. El ex mandatario, en criterio de la Contraloría no hizo ninguna gestión para recuperar todos los dineros.
La Contraloría falló con responsabilidad a título de culpa grave por a los exgerentes de Empresas Públicas de Neiva, Andrés Espitia Duque y Cielo Ortiz Serrato por la fallida ejecución de la obra.
Igualmente comprometió al subgerente técnico y operativo Germán García y al consultor Oswaldo Rojas Arenas en calidad de supervisor.
Además, al ex alcalde de San Agustín Ever Bolaños Jojoa y a su secretario de Planeación y Obras Públicas Lauro José Ordóñez Cruz.
Los ex funcionarios tendrán que responder solidariamente por la suma de 130,67 millones de pesos, dineros que no fueron reintegrados al tesoro del ente territorial.
Por ser de única instancia, contra el proceso solo es procedente el recurso de reposición.
Aun así, el fallo será remitido en grado de consulta a la Contraloría General de la República.
