RICARDO AREIZA
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Si bien es cierto que la Policía Nacional tiene la facultad excepcional de utilizar la fuerza para conjurar una grave perturbación del orden público y para restablecerlo, también es preciso advertir que para hacerlo sólo podrá emplear medios autorizados por la ley, optando por el que siendo eficaz, cause menos daño a la integridad de las personas y a sus bienes. Esa es la razón del uso legítimo de la fuerza pública que hoy alienta el debate sobre el desmonte o por lo menos la reestructuración del Esmad.
La muerte del joven Dilan Cruz, impactado por munición tipo “bean bag”, encendió de nuevo la polémica sobre el uso excesivo de la fuerza contra la protesta social.
Organismos internacionales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch (HRW) y la Defensoría del Pueblo denunciaron el uso excesivo de la fuerza del Esmad durante las marchas del 21N y las protestas que siguieron en varias ciudades del país, incluida Neiva.
El Procurador General Fernando Carrillo ordenó una investigación. “Lo primero es respetar los estándares internacionales que son muy claros en esa materia y verificar si los estándares internacionales y esos protocolos de uso de esas armas se cumplieron en el caso de la tragedia de Dilan Cruz”, afirmó Carrillo.
Excesos
Por los excesos, cursan actualmente 39.000 investigaciones contra el Esmad. En Neiva, el Tribunal Administrativo del Huila emitió en marzo pasado la primera condena por excesos registrados durante las marchas contra la represa El Quimbo.
La violenta intervención ejecutada el 14 de febrero de 2012 dejó varios pescadores heridos, entre ellos, Luis Carlos Trujillo Cardozo, quien perdió un ojo por una granada de aturdimiento.
En el 2016 se reportaron denuncias por 680 violaciones de derechos humanos atribuidas a escuadrones antidisturbios.
El tema no es nuevo. Tampoco los desmanes. Las propuestas de revisión o desmonte del Esmad han sido recurrentes en las épocas de agitación social.
Principios claves
La eficiencia, la transparencia y el buen uso de la fuerza, constituyen la columna vertebral del desempeño policial, claramente precisado en las políticas de modernización de la institución.
La lucha contra la brutalidad policiaca y las violaciones de los derechos humanos es parte esencial del nuevo enfoque de gestión operacional de la institución.
Es cierto que los policías están legitimados a utilizar la fuerza física, en ejercicio de sus funciones, ante la imposibilidad de hacer cumplir la ley por otras formas tales como el diálogo, la persuasión o la advertencia.
Pero la fuerza permitida sólo debe responder a los requisitos de necesidad y racionalidad. La fuerza debe desplegarse dentro de los precisos linderos del marco jurídico y sobre la base que el Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de las personas.
Durante el paro cafetero o las marchas campesinas registradas en el Huila, no hubo racionalidad ni proporcionalidad por parte del Esmad. Los antimotines no sólo dispersaron a la fuerza a los manifestantes. También quemaron sus provisiones, sus improvisados refugios y algunos de sus bienes, lo que originó el debate sobre los excesos de este equipo de choque policial.
Según el experto y docente universitario, Eduardo Medina Mora, la fuerza necesaria es la que resulta imprescindible porque ya se agotaron todos los medios no violentos para proteger el bien jurídico que está siendo lesionado, o porque no existe una opción no violenta para protegerlo o restituirlo eficazmente. Ahora, con la muerte de Dilan Cruz el debate volvió a calentarse.
Posición oficial
El gobierno descartó de plano cualquier posibilidad. No habrá desmonte ni reforma. Diego Molano, asesor presidencial, advirtió que “El Esmad no está en discusión”. También lo replicó el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo.
“Lo que tenemos que evitar es que este debate sobre el Esmad y la seguridad, que si bien es necesario e implica reformas, opaque las demandas de un movimiento que está en las calles por razones concretas”, afirmó María Victoria Llorente, experta en temas de seguridad y directora ejecutiva del centro de estudios Fundación Ideas para la Paz.
El ejercicio constitucional de la fuerza pública supone el reconocimiento del carácter inalienable -y por lo mismo inderogable- del perentorio mandato de respeto a los derechos humanos. Sin estos principios, termina convertido en el uso excesivo de la fuerza, la utilización indiscriminada de gases lacrimógenos, granadas de aturdimiento y otras armas menos letales contra la población civil antes que restablecer el orden público termina convertidos en nuevos factores de perturbación social.
Historia del Esmad
El Escuadro Móvil Antidisturbios (Esmad), inspirado en la gendarmería francesa, fue creado en 1999 como parte de los procesos de modernización de la Fuerza Pública contemplados en el Plan Colombia, financiado por Estados Unidos. El organismo fue creado para el manejo y control de disturbios y multitudes. Según sus manuales, debe disuadir y controlar los actos violentos generados por grupos de manifestantes que pretendan alterar el orden público.
El organismo nació con Directiva Transitoria No. 0205 proferida por la Dirección General de la Policía el 24 de febrero de 1999 durante el gobierno de Andrés Pastrana. Dos meses después se constituyó a través de la Resolución No. 01363 del 14 de abril y se consolidó durante el gobierno de Uribe.
El escuadrón opera actualmente en 18 departamentos con 3.770 unidades armados con lanzadores de proyectiles múltiples y fusiles para lanzar granadas de gas, granadas de aturdimiento y disparar perdigones de goma, consideradas armas no letales. Sin embargo, la modificación de las mismas o el uso inadecuado puede causar graves daños a los manifestantes.