FERNANDO POLO/LN
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Definitivamente el contrato del arreglo de la vía Neiva-Tello-Baraya, se convirtió en “la papa caliente”de la Administración Departamental y en un dolor de cabeza para las comunidades del norte del Huila, ya que luego de tres años de prórrogas e intentos para que el consorcio Viascol cumpliera, se dieron cuenta que lo mejor es liquidar el contrato porque el contratista no tiene voluntad de terminar los trabajos.
El contrato que fue firmado por más$14.900 millones finalizando el año 2015,y cuyo plazo de ejecución eran ocho meses, después de varias prórrogas y sendas protestas por parte de la comunidad y de cuatro debates en la Asamblea Departamental, se comprobó que solo se ha ejecutado en un 76%, lo que según los afectados no se compadece con una región que llevaba más de diez años pidiendo que le arreglaran la carretera.
Ayer por iniciativa de los diputados Alfadil Ortigoza y Julio Díaz, se llevó a cabo en la Asamblea Departamental un nuevo debate de control, para que el consorcio Viascol le rindiera cuentas a la comunidad, pero la discusión fue solo entre diputados, concejales y representantes de las comunidades de Fortalecillas, Tello, Baraya y Palermo, porque los representantes del consorcio no llegaron. En cambio sí hicieron llegar una comunicación donde anuncian que “en los próximos días entablarán acciones legales contra el Departamento por perjuicios en la ejecución del contrato”.
En el debate el diputado Alfadil Ortigoza, dejó al desnudo la intención que tiene el consorcio de no terminar los trabajos, y a cambio iniciar un pleito para que el Departamento lo indemnice por supuestos perjuicios.
“Lo que ocurre es que el contrato ha tenido muchos cuestionamientos, hay algunos que no los digo yo sino directamente Planeación Nacional, donde advierte que el contratista no ha tenido buen desempeño, que la interventoría ha reinado por su ineficiencia y no ha actuado,a tal punto que no se le ha podido pagar un solo peso por que las actuaciones solo han sido para actas de suspensión, de reinicio de la obra y para presentar actas parciales de cobro”, expresó el diputado Ortigoza.
El diputo agregó que el contratista ha sido muy consentido por parte del Gobierno Departamental, en el entendido de no suspender el contrato para no traumatizar aún más los trabajos y que la comunidad pueda disfrutar de la vía, que es finalmente el objetivo principal, pero por tanta condescendencia hoy están en serios problemas.
“Se le han concedido dos prórrogas y tiene una más que se le dio el 5 de julio por 15 días más pero está claro que el contratista ya no va a cumplir. Pero lo delicado es que mientras el Gobierno y todos le damos los tiempo para que termine la obra, hoy sale con una carta que le radica al gobernador Carlos Julio González Villa, donde le dice que va a retirar la maquinaria, los obreros y que no hace nada más porque ha visto obstáculos y una actuación irresponsable del Gobierno Departamental”, señaló Ortigoza.
Agregó que “desde la Asamblea han entendido la situación y por ello han permitido que el gobernador busque una salida para que se termine la obra, pero el consorcio Viascol no tiene ninguna compasión ni entendimiento con el Gobierno Departamental, y ya le anunció que los va a demandar, porque según el contratista le han hecho incumplir con el contrato, alega que no ha podido terminarlo por la obstaculización que hay en el municipio de Tello, donde se hizo doble contratación en un tramo de casi 500 metros”.
SUSPENSIÓN DE LOS GIROS
Debido a los inconvenientes que ha tenido el contrato, que es ejecutado con recursos de regalías, Planeación Nacional en una visita de auditoría que realizó al proyecto, lo definió como un proyecto crítico, “con peligro inminente de pérdida de recursos”.
Asimismo, señaló que “la interventoría no puso en consideración las modificaciones del proyecto de inversión ante la entidad ejecutora. Y permitió aprobar y modificar las condiciones de localización del proyecto”.
También señala que “la interventoría en sus informes no presenta los ensayos de control de calidad de los concretos de clase e, d, y f, para estructuras y drenajes, que nos permite como entidad ejecutora, establecer el control de calidad de la obra, conforme a lo establecido en las obligaciones contractuales. La interventoría tampoco requirió al contratista de obra, ni informó a la supervisión oportunamente, la falta de cumplimiento por parte del contratista en el avance de la meta física programada y acordada, de acuerdo a las obligaciones y plazo pactado”.
Debido a todas esta anomalías encontradas por Planeación Nacional, se suspendieron los giros al contratista, razón por la cual hay dos actas de entrega de avance de obra liquidadas pero que no han sido canceladas.
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
Por su parte el secretario de Vías e Infraestructura del Departamento, Henry Liscano, quien asistió al debate de ayer en la Asamblea Departamental, y escuchó todas las quejas por el incumplimiento de Viascol, anunció que tan pronto se termine la prórroga que tiene el contrato y este se reanude, procederán a declarar la caducidad, porque ya no se pudo con el contratista para que termine la obra.
“La obra se reinicia el 29 de julio y la vamos a liquidar. Ya tenemos un 76% de obra ejecutada, tenemos seis kilómetros pavimentados de los 8.6 que dice el contrato. Pero había 1.3 que no se podían intervenir por las razones ya expuestas, casi un kilómetro en el sector de Palermo que Autovías ya lo construyó u unos 400 metros en el sector de hospital de Tello.
“Les quiero recordar que cuando se hizo el segundo debate todo el mundo pedía que caducáramos el contrato, pero gracias a la solicitud de prórroga que se hizo hoy tenemos seis kilómetros construidos, que al liquidar obra corresponden al anticipo que se pagó, por lo que queda claro que los recursos no están perdidos. Adicional al contratista se le descontarán 1.400 millones de peso de la multa que le colocó la Gobernación por incumplimiento”, aclaró el secretario de Vías e Infraestructura Henry Liscano.
Por su parte el concejal de Baraya, Federico Chávarro, pidió que se llegue hasta las últimas consecuencias para que los responsables del atraso en la obra respondan ante los entes de control.
“Aquí no ha operado ningún organismos de control, se debe investigar y que los responsables paguen disciplinaria y penalmente por este descalabro contra el norte del Huila. No es justo que haga más de 20 años que no se hacía ninguna inversión en esa zona, y ahora cuando nos autorizan el arreglo de la vía todo termina en un fracaso. Los culpables deben responder”, anotó el concejal Chávarro.
LA SOLUCIÓN
Por ahora la solución es que con los dineros que faltan por ejecutar del contrato del año 2015, que son unos $3.400 millones,más unos recursos propios por $2.400 millones, se realice una nueva licitación y se terminen los tramos que faltan.
La comunidad lo que pide es que todos estén vigilantes para que la próxima licitación por los $5.800 millones para terminar los trabajos, no se la vaya a ganar el mismo contratista que hoy los tiene “chupando polvo” y organizando manifestaciones cada semana para que cumpla con lo que se comprometió.