El manejo inadecuado de los recursos públicos ha sido una constante, al punto de convertirse en un problema global o mundial. No es sólo del contexto nacional o local. Ni de ahora. Es tan antiguo, como la misma existencia del ser humano (homo -sapiens). Por ello, en la actualidad, crece el deseo o anhelo de contar con herramientas jurídicas y desde la economía del comportamiento para contrarrestarlo.
Y, en contraposición, se promueva una cultura de legalidad e integridad que conduzca a la recuperación de la confianza ciudadana y el respeto por lo público, libre de actos de corrupción y de los daños ocasionados por estos. Cómo no recordar las propuestas de todos los candidatos de elección popular en los últimos 30 años (en vigencia de la Constitución del 91) que han estado centradas en atacar el flagelo de la corrupción, tanto en personas naturales como en personas jurídicas y sucursales de sociedades extranjeras domiciliadas en el país. Como también, las disposiciones legales emanadas, impulsadas y tramitadas por quienes posteriormente fueron elegidos para gobernar (leyes, decretos, planes, programas y políticas públicas).
El esfuerzo ha sido descomunal para frenar el problema, pero la innovación en quienes lo fomentan va a otras velocidades. En ese sentido, el actual gobierno, no es la excepción en poner su sello propio para efectos de impulsar los denominados programas de transparencia y ética empresarial y pública bajo el alcance de lo señalado por la Ley 2195, del año anterior. Con esta normativa, de alguna manera, tenemos un nuevo principio-debida diligencia– que permitirá llevar a cabo el proceso indicado para identificar, solicitar, obtener y realizar todo lo concerniente a la lucha contra la corrupción. Se ordena, por ejemplo, a todos los establecimientos educativos (de todos los niveles), fomentar en su proyecto educativo institucional; estrategias que conduzcan a promover la participación ciudadana para asegurar la transparencia, la buena gestión pública y el buen uso de los recursos desde el aula. Dichas estrategias deben fundamentarse en los conceptos de sentido de lo público, transparencia y cultura de la integridad y deben incluir aspectos relacionados con la divulgación de los derechos y obligaciones de los ciudadanos, deberes de las autoridades en materia de participación y control de la gestión pública por parte de la ciudadanía, así como los mecanismos de participación y control a disposición de los ciudadanos y la manera de utilizarlos.
La importancia, es de tal magnitud, que se crea, hasta la figura del Contralor Estudiantil. Además, del mandato claro a todas las entidades del orden nacional, departamental y municipal, cualquiera que sea su régimen de contratación, para que implementen los Programas de Transparencia y Ética Pública con el fin de promover la cultura de la legalidad e identificar, medir, controlar y monitorear constantemente el riesgo de corrupción en el desarrollo de su misionalidad. Tenemos esta y varias tareas urgentes que se desprenden de esta ley. Revivamos la ética pública y empresarial en esta campaña electoral.