Hombres golpeados; mujeres violadas; los calabozos de la antigua PTJ convertidos en sitios de tortura; cientos de desaparecidos. Todo ocurrió durante los años del Pacto de Punto Fijo en Venezuela, durante los mandatos de Rafael Caldera, Carlos Andrés Pérez, Luis Herrera Campins y Jaime Lusinchi. Grandes “demócratas,” según el Pentágono y los medios mediáticos de la época. Las víctimas: colombianos que cruzaban ilegalmente la frontera; los políticos, medios de comunicación y gobiernos colombianos guardaban silencio. Gobernaban a Venezuela los “buenos;” pero ahora gobiernan los “malos;” esos que desobedecen los mandatos de Washington, la Unión Europea, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional; esa logia de Hugo Chávez, y ahora Nicolás Maduro; esos son los que persiguen a los colombianos; los otros no perseguían, sencillamente torturaban, asesinaban y desaparecían.
La migración de colombianos a la hermana república de Venezuela se inició en la década de los años cincuenta; la violencia desatada por el establecimiento, cuando los “pájaros” (grupo paramilitar) asesinaba y desplazaba cientos de miles de compatriotas, muchos decidieron irse al vecino país. Los años siguientes han sido de constantes migraciones, unos desterrados por la guerrilla, otros por el establecimiento y muchos por grupos paramilitares. La mayoría se fue por falta de oportunidades; una sociedad marginada, sin estudio, sin empleo. La cúpula gobernante al servicio de una clase privilegiada, nunca se ha interesado por realizar reformas estructurales para hacer una Colombia más equitativa, es responsable de esta migración; hoy se rasgan las vestiduras gritando necedades contra el gobierno vecino, cuando ellos saben que son los responsables del desplazamiento, tanto interno, como hacia otras naciones. Con la llegada de Hugo Chávez al poder, las fronteras del vecino país se volvieron más flexibles y se legalizaron millones de compatriotas que vivían ilegalmente.
Son dos las razones por las cuales el gobierno de Maduro inició la deportación de colombianos. La primera: un porcentaje de estas personas están vinculadas a grupos paramilitares y delincuenciales; otro porcentaje está dedicado al contrabando en pequeña y gran escala; y otro gran porcentaje (los inocentes) no han resuelto su situación migratoria; no poseen visados, no son refugiados, asilados, ni poseen cedula de transeúnte o residente. En cualquier país del mundo las personas con estas características están avocadas a la deportación y/o judicialización. La segunda: el presidente Maduro y su grupo político atraviesa por una crisis que amenaza su permanencia en el poder; existe la necesidad de crear condiciones propicias para ganar confianza; nada mejor que agitar las banderas nacionalistas; este cierre de fronteras será para rato; y a pesar de todo, es un litigio entre hermanas.