En cualquier país civilizado del mundo lo deseable es que los conflictos internos encuentren caminos políticos para resolverlos, y en el caso colombiano lo ideal sería este escenario y en consecuencia el Gobierno debería tener el instrumento jurídico para abordar la negociación cuando lo considere oportuno En cualquier país civilizado del mundo lo deseable es que los conflictos internos encuentren caminos políticos para resolverlos, y en el caso colombiano lo ideal sería este escenario y en consecuencia el Gobierno debería tener el instrumento jurídico para abordar la negociación cuando lo considere oportuno, desafortunadamente las condiciones actuales ameritan una reflexión de fondo, aquí nadie hace nada sin sacarle réditos políticos a una decisión de Estado, y la oposición hoy en cabeza de nadie más ni nadie menos que del ex presidente Álvaro Uribe Vélez es implacable con el gobierno y más en tratándose de esta materia donde él con mucha autoridad y con un innegable manejo popular le está sacando partido, luego el Acto Legislativo sobre el Marco Legal para la Paz que está tramitándose en el congreso faltándole solamente un debate en la plenaria del Senado es inoportuno por las consideraciones anteriores y las circunstancias reales donde los alzados en armas arrecian con actos violentos que repudia la ciudadanía, haciendo que la mayoría de compatriotas rechacen cualquier posibilidad de negociación y además sería una desgaste político muy grande para el gobierno de Unidad Nacional. Alrededor del controvertido proyecto de Acto Legislativo todo el mundo le ha metido la mano de acuerdo a su conveniencia, “que se haga pero los insurgentes no puedan ser elegidos para nada o clasificarlos que unos si y otros no, como que unos si y otros no podrían tener vocería política”, otros “que hay que incluir como beneficiarios también a Agentes del Estado” lo que ha exacerbado a las ONG internacionales defensoras de los derechos humanos como la Human Rights Watch porque podrían vulnerar los derechos fundamentales de las víctimas de crímenes de guerra y de delitos de lesa humanidad. Pero además la opinión pública no lo quiere, luego ¿cuál es el afán del gobierno para desgastarse? El día que existan condiciones para un proceso de paz, con voluntad política manifiesta ligados a actos positivos de la insurgencia, sin duda el gobierno debe impulsar el Marco Legal Para La Paz como soporte de la negociación y ésta debe ser sincera facilitándole vocería y por supuesto con el derecho de ser elegidos. ¿Quién haría una negociación para terminar el conflicto si no es para recuperar sus plenos derechos? Los demás es carreta. Se debe dejar por fuera en cualquier circunstancia de cualquier beneficio a quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad, estas conductas deben ser innegociables a la luz del derecho internacional e interno.