Algo ha despertado un inquietante asombro en los colombianos: El rápido y eficaz ajusticiamiento de un grupo de asesinos, que como es su costumbre, se considera con la investidura para quitar la vida a sus semejantes a nombre del pueblo (Farc); en este caso, de dos guardias de la etnia Nasa en el Cauca. Justicia rápida, ejemplar, admirable comparada con la ordinaria. Pero es bueno señalar algunos aspectos para reflexionar. Primero, no siempre las circunstancias de los delitos van a evidenciar y permitir la acción rápida sobre sujetos más o menos reconocidos de antemano y fáciles de sindicar. Segundo, la justicia rápida es la más exigente; requiere la sabiduría e inspiración para aplicar la sanción justa, lo que no siempre ocurre de parte de quienes ejercen la jurisdicción. Tercero, el derecho a la defensa y la segunda instancia, son de estirpe constitucional. Además, el potro y los latigazos, están prohibidos por las normas más universales suscritas por el país; se equiparan a la tortura y la degradación del preso.
Cuarto, el potro y el látigo, no son propiamente instituciones indígenas; son herencia hispánica. Recordemos cómo Sebastián de Belalcázar mató a garrotazos a Jorge Robledo durante la conquista. Acto legal para su época. Los resguardos y cabildos, fueron y… ¡son instituciones hispanas! dotadas de una juridicidad que llegó de la Península Ibérica.
Muy poco tienen que ver con las tribus naturales que poblaban nuestro continente. Lo complicado y difícil de entender, es cómo lo primitivo de alguna manera pueda convertirse en ejemplo admirable para una sociedad que se lamenta todos los días de sufrir una justicia cada vez menos eficaz; hoy en gran parte paralizada, con los vicios que nos duele repetir cada vez que un ciudadano critica el servicio prestado por los jueces y tribunales nacionales. Desde el holocausto del Palacio de Justicia, propiciado por otro grupo de redentores populares (M19) y un criminal con alma de mamerto, Pablo Escobar, todos los intentos para rehacer el ejercicio de la justicia, han estado destinados de antemano no solo a fracasar sino a empeorar la postración de la misma. Así, del juez respetuoso de la pirámide de la justicia y los principios del procedimiento, hemos llegado al juez aventurero, que se ha denominado “innovador”. De la discreta cooptación, ejercida con recato por desaparecidos magistrados, hoy tenemos el clientelismo vergonzoso, el canje de favores con los políticos. Las normas de procedimiento, son para extraer beneficios, no para agilizar los trámites. Y una nueva reforma sugerida desde el alto gobierno, no sugiere progreso alguno.