Lo relacionado con la justicia será uno de los aspectos más difíciles en las conversaciones entre el Gobierno y las Farc.
Siempre lo ha sido y, en las circunstancias actuales, deberán enfrentarse situaciones de mayor complejidad.
Esta nueva realidad obedece a los pasos que ha dado la comunidad internacional para poner en vigor instrumentos vinculantes, que sean eficaces en la lucha contra la impunidad. Así son las cosas hoy.
Sería, por lo tanto, un inmenso error pensar que los acuerdos que eventualmente se hagan pueden dar garantías hacia el futuro, si ellos se consiguen haciendo caso omiso de las claras obligaciones que tienen muchos Estados, entre ellos, Colombia.
Son múltiples las razones, pues, que obligan a analizar este tema con objetividad y serenidad. Por eso no es buen consejo decir, como lo sostienen algunos comentaristas, que nuestro país debe olvidarse de lo internacional.
Además, tampoco es conveniente partir de la base de que la Corte Penal Internacional va a dejar de tomar decisiones para no entorpecer un proceso que puede traernos la paz.
Con respecto a lo primero, plantear que Colombia puede actuar como si fuera una isla soberana, sin lazos con el mundo, es cerrar los ojos ante la realidad.
Más aún, sería olvidar que una de las tendencias jurídicas y políticas en la actualidad es la “constitucionalización del derecho internacional y la internacionalización del derecho constitucional”.
Como si fuera poco, implicaría desconocer que el Estatuto de Roma hace parte de la Constitución Nacional.
Y sobre lo segundo, lo peor que puede pasar es que se sigan revolviendo peras con manzanas.
Una cosa son los procesos políticos para lograr la paz y otra, bien distinta, las herramientas globales que se han acordado con el fin de que los culpables de los más graves delitos sean investigados y juzgados.
La CPI no existe ni para apoyar dichos procesos ni para entorpecerlos.
Su razón de ser se encuentra en la decisión de muchos Estados de tener un instrumento que permita castigar a los individuos responsables de los crímenes de genocidio, lesa humanidad, guerra y agresión.
La voluntad de obrar así es tan clara, que los mismos Estados resolvieron aceptar la competencia subsidiaria de esa Corte si alguno de ellos incumple las obligaciones que tiene, porque no quiere o no puede cumplirlas.
Por eso es mejor dejar de lado la tesis de que en procura de la paz se puede hacer, soberanamente, lo que se quiera.
Y tener presente que el Estatuto de Roma se puso en vigor para combatir la impunidad.
En lugar de andar con el cuento de que todo lo que se haga, cualquier cosa, será aceptado y respetado, que no es cierto, es mejor encontrar salidas transicionales dentro del marco regulatorio que nos obliga, lo cual es posible.
*Ex candidato a la Vicepresidencia