Dayana Méndez Aristizábal
Hace unos días se abrió a nivel nacional un gran debate al conocerse que el censo que mide la población colombiana y sus necesidades, no permitiría establecer datos importantes sobre las personas con discapacidad y sobre el índice de pobreza multidimensional (Aquella que mide las condiciones de acceso a la salud, vivienda, educación, alimentación, entre otros factores distintos a los meros ingresos económicos). Ante el revuelo que generó esta noticia en la opinión pública y la reacción de distintas organizaciones defensoras de los derechos de las personas con discapacidad, el presidente de la república hizo un anuncio en Twitter: “Acabo de dar la instrucción para que la población con discapacidad sea plenamente incluida en el censo nacional”.
Parecería que todo está resuelto y que nada ha pasado, pues no, no es así y les voy a contar por qué. El “incidente” ocurrido con esto del censo no es más que la reiteración de lo que la institucionalidad, es decir, el Estado, cree de la ciudadanía, esto es, que la hay de primera y segunda categoría, que hay gente que cuenta y otra que no. Nada, absolutamente nada justifica siquiera que se haya considerado la realización de un censo que no incluyera realmente a las personas con discapacidad. No se trata de un censo “básico y austero” -como lo dijo el director del DANE- sino de un censo discriminador, ilegal e ilegítimo que se lleva por delante todas las obligaciones humanas, constitucionales e internacionales que tiene Colombia con este colectivo.
Ahora bien, la no medición de la pobreza multidimensional deja por fuera la realidad de la mayor parte de la población colombiana con todas sus carencias y sobre todo a la ruralidad, al campo, el mayor olvidado, el que más siente la exclusión y el olvido estatal. No tener estos datos dificultaría muchísimo conocer la realidad de los municipios y su caracterización plena y tan necesaria en estas épocas de posconflicto.
Es que no se trata sólo de un asunto estadístico, sino que sin estas realidades claras es imposible hacer políticas públicas responsables, incluyentes y efectivas. Aunque el tema de la pobreza parece no haber tenido tanto éxito en las reclamaciones frente al censo, el de la discapacidad sí y la respuesta institucional ha sido mediante un Tweet –después de múltiples reclamaciones– , así se ha respondido frente a un asunto de derechos, de igualdad y de justicia, no mediante un ejercicio de abstracción previo, uno que respetara e incluyera plenamente el concepto de ciudadanía. En resumen, Lo que haría cualquier Estado decente.