Los ex diputados del Huila se quedaron con los crespos hechos. Los dirigentes políticos, elegidos para los periodos 2008-2011 demandaron a la Gobernación exigiendo el pago de 96,18 millones de pesos, supuestamente adeudados por la descategorización del departamento.
A título de restablecimiento del derecho, los ex diputados demandaron el reconocimiento de sus emolumentos salariales y prestacionales sobre una base de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes que venían devengando desde el 2007.
A partir del primero de enero del año 2008 por decisión del gobernador de la época Rodrigo Villalba Mosquera el Departamento del Huila descendió de segunda a tercera categoría. Con el cambio de categoría, los sueldos bajaron. La remuneración de los diputados y las prestaciones sociales se liquidaron con base en 18 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Ese hecho, a juicio de los diputados, les ocasionaba un menoscabo de sus condiciones económicas, salariales y prestacionales que constituyen una desmejora de sus derechos.
La Gobernación se opuso a las pretensiones de la demanda, argumentando que la remuneración de los diputados depende de la categorización de la entidad territorial de conformidad con el artículo 28 de la Ley 617 de 2000, el cual fue declarado exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-837-01 del 9 de agosto de 2008.
Según el Tribunal Administrativo del Huila, la reclamación de los ex diputados no es procedente. El pronunciamiento lo hizo al fallar una de las demandas colocadas por el ex gerente de Empresas Públicas de Neiva, Aurelio Navarro.
“Las pretensiones de la demanda no están llamadas a prosperar, como quiera que la remuneración percibida por el señor Aurelio Navarro Cuellar en calidad de Diputado de la Asamblea Departamental del Huila para el período constitucional 2008-2011, se efectúo acorde con la categorización del Departamento del Huila establecida al inicio del período (2008), la cual no tuvo variación alguna en las vigencias siguientes (2009, 2010 y 2011), por lo que no se puede predicar vulneración alguna de la Constitución, específicamente de los artículos 25 y 53 constitucional, toda vez, que en ningún momento se presentó una variación en la categoría del Departamento que hubiere podido ocasionar una desmejora de las condiciones remunerativas y prestacionales a favor del actor para el período constitucional que fuere elegido”, señaló la providencia.
El año pasado el Tribunal se había pronunciado frente a las reclamaciones de otros ex diputados entre ellos Luis Alfonso España Rojas, Dilberto Trujillo, Flora Perdomo, Carlos Augusto Rojas, Rodrigo Celada Cicery, Amadeo Delgado Rivera, Carlos Alirio Esquivel Sánchez y Julio César Triana.