El capítulo de las dictaduras se cerró en América Latina hace menos de un cuarto de siglo, pero para dar vuelta esta página sombría aún continúan las exhumaciones y las investigaciones para esclarecer las circunstancias de la desaparición de ilustres opositores.
Los chilenos Salvador Allende y Pablo Neruda y el brasileño Joao Goulart, por citar algunos de los casos más emblemáticos, murieron en circunstancias extrañas tras los golpes de Estado en sus países.
Aunque los certificados de defunción respectivos mencionan una causa de muerte oficial (suicidio, enfermedad, paro cardíaco…), familiares y compañeros continúan dudando de la veracidad de esas versiones.
Esas dudas llevaron a la exhumación de varios cuerpos, más de 40 años después, bien para determinar las causas concretas de la muerte, bien para poder poner fin a teorías conspirativas.
La exhumación en 2004 de los restos de Eduardo Frei Montalva, presidente de Chile entre 1964 y 1970, permitió por ejemplo establecer que su muerte, en 1982, se debió probablemente a envenenamiento.
En el caso de otro expresidente chileno, el socialista Salvador Allende, fallecido el 11 de septiembre de 1973, el día del golpe de Estado en su contra del general Augusto Pinochet, y exhumado en 2011, pudo en cambio confirmarse su suicidio.
"Queremos la verdad"
No sólo están los casos de celebridades. Las dictaduras que asolaron América del Sur en los años 70 y 80 produjeron fundamentalmente miles y miles de víctimas anónimas, cuyos restos continúan aun hoy apareciendo y siendo identificados, fundamentalmente en Argentina (1976-1983) y Uruguay (1973-85).
Para Judith Schonsteiner, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales de Chile, se trata, por un lado, de echar luz sobre los casos de "ejecuciones extrajudiciales" y, por otro, de brindar "justicia y reparación" a los familiares de las víctimas de desapariciones forzadas, a menudo enterradas clandestinamente.
Las organizaciones de defensa de los derechos humanos estiman que 3.200 personas fueron asesinadas bajo el régimen de Pinochet, entre 1973 y 1990. En Argentina fuentes similares hablan de más de 30.000 desaparecidos, entre 1976 y 1983.
"Se debe buscar, exhumar e identificar todos los cuerpos (…). Queremos verdad, justicia y reparación", dijo a la AFP Pedro Sánchez, de la Asociación de Familiares de Mártires de la Democracia (ASOFMAND) de Bolivia, un país que conoció una seguidilla de golpes de Estado militares entre 1964 y 1982.
A mediados de noviembre, entretanto, los restos del expresidente de Brasil Joao Goulart (1961-1964), derrocado por un golpe de Estado y muerto en 1976 en Argentina, fue exhumado para determinar si había sido envenenado en el marco del Plan Cóndor, una coordinación represiva establecida entre las dictaduras del Cono Sur en los años 70.
La misma sospecha presidió los trabajos forenses realizados sobre los restos del poeta y premio Nobel de literatura Pablo Neruda, muerto poco después del golpe de Estado de Pinochet a raíz de un cáncer, según la versión oficial.
A pesar de que un grupo de expertos internacionales concluyó, a comienzos de noviembre último, que se carecía de "elementos químicos significativos que pudieran estar vinculados a (su) muerte", el caso permanece abierto, a pedido de los deudos y del Partido Comunista chileno, al que el escritor pertenecía.
Juzgar a los culpables
Dejar atrás las páginas sombrías de la historia reciente de América del Sur supone también que los torturadores sean juzgados.
En Argentina, el país de la región en el que la represión alcanzó mayor ferocidad, los juicios se multiplican, fundamentalmente porque los militares salieron debilitados de su derrota ante Gran Bretaña en la guerra de las Malvinas, en 1982, y no pudieron negociar las condiciones del retorno a la democracia, que se produciría un año después.
"Los argentinos le perdieron por completo el miedo a las fuerzas armadas, y por ello fueron más audaces a la hora de juzgar a los dictadores y sus esbirros", dijo a la AFP el ex periodista y diplomático francés especializado en América Latina Pierre Kalfon.
"En Chile, en cambio, la presencia del Ejército sigue siendo fuerte", agregó, subrayando que bajo Pinochet el Ejército se convirtió en "una potencia militar pero también económica", gracias al financiamiento proveniente del dinero del cobre, la principal fuente de divisas del país. La batalla por la justicia y el castigo a los torturadores es, de hecho muy lenta y tímida" en este país.
En Chile, hay en las cárceles alrededor de 70 altos funcionarios de la dictadura, mientras en Argentina superan los 250.
En Brasil o en Uruguay, donde la entrega del poder a los civiles fue negociada, tal cual sucedió en Chile, el retorno a la democracia fue acompañado de altos niveles de impunidad para los responsables de las violaciones a los derechos humanos.
Para Judith Schonsteiner, el punto clave de las iniciativas judiciales destinadas a esclarecer las circunstancias de la muerte del conjunto de las víctimas es demostrar, para que "nunca más suceda", que "en un momento dado de la historia un grupo de personas creyó que podía hacer lo que quisiera al resto de la población".
Identificar los desaparecidos de la dictadura argentina, una tarea sin fin
Unas 700 cajas con restos humanos se apilan en el laboratorio del Equipo Argentino de Antropología Forense: 30 años después del final de la sangrienta dictadura militar en el país sudamericano (1976-1983) 60 científicos siguen trabajando para identificar a las víctimas.
Conocido por haber identificado los restos del Che Guevara y partícipes de unas 60 misiones en todo el mundo, desde México a Siria, este equipo científico ha devuelto la identidad a 600 opositores al régimen militar argentino, asesinados y arrojados en fosas comunes.
Entidades humanitarias cifran en 30.000 el número de desaparecidos en Argentina durante la última dictadura.
"Una sola identificación puede demandar años, falta mucho todavía, pero tenemos la ayuda crucial de la genética, aunque no siempre es posible extraer ADN de los huesos porque se degrada o se contamina con la tierra", explica a la AFP el director del equipo, Luis Fondebrider, antropólogo de la Universidad de Buenos Aires.
Dentro del austero laboratorio, los restos de dos NN (no name, sin nombre) se extienden sobre telas negras en mesas de madera montadas sobre caballetes.
Cada hueso está meticulosamente colocado, numerado, clasificado con tinta roja. Ambos presentan impactos de bala en el cráneo, uno de ellos está practicamente estallado, muestran múltiples fracturas, las huellas de la tortura.
"Es un dolor muy grande, primero la desaparición, luego la tremenda verdad de la muerte. Estos científicos nos llevan a esa realidad tan difícil, nos muestran la crueldad de lo que ha hecho el terrorismo de Estado", dijo a la AFP Nora Cortiñas, presidenta de la Fundación Madres de Plaza de Mayo que buscan a sus hijos desaparecidos.
Según Cortiñas, "saber que ahí, en una caja quizás hay un hijo, una hija desaparecido, es muy duro. Y la enorme espera, pero uno quiere la verdad cueste lo que cueste y ellos hacen su trabajo con delicadeza y discreción, van poniéndoles nombre a esa dura realidad que tenemos que vivir".
En esa tarea confluyen antropólogos, biólogos, arqueólogos, médicos forenses, genetistas, y físicos.
La esperanza para la identificación está puesta desde hace cuatro años en una campaña para recoger muestras de sangre de familiares de desaparecidos con el fin de cotejar el perfil genético con el de los restos hallados en fosas clandestinas.
"Tenemos 9.000 muestras correspondientes a unos 4.500 desaparecidos, pero necesitamos que más familiares se acerquen a dar sangre, es posible hacerlo en 60 hospitales del país y también en las embajadas argentinas en el exterior. Hemos recibido muchas desde España, Francia, Dinamarca y Noruega", dice Fondebrider.
De las 600 identificaciones que lleva hechas el equipo, la mitad se produjo en los últimos cuatro años, desde que se recurrió a la genética.
"Es esperanzador, pero somos cautos, no siempre es posible", advierte.
En la oficina contigua se mezclan archivos sobre los cientos de lugares donde funcionaron cárceles clandestinas, con premios internacionales a la labor del equipo y agradecimientos de familiares de desaparecidos.
"Los dientes dan pistas, pero en Argentina no hay ninguna ley que obligue a los odontólogos a guardar las fichas de sus pacientes, además muchos restos pertenecen a jóvenes sin marcas de enfermedades en sus huesos", señala.
En las paredes del laboratorio hay dibujos de esqueletos en distintas posturas, escalas gráficas que representan la forma en que fueron hallados en una fosa común del norte argentino.
Fondebrider pide no develar el sitio porque forma parte de un juicio en curso, uno de los cientos que dieron condena a 453 miembros del régimen.
"Para los familiares poder ver y tocar los restos hace una diferencia porque un desaparecido forzado es una 'nada' ante la sociedad, es negar a esa persona, entonces la identificación vuelve a ponerlos dentro de la sociedad", explica.
En anaqueles junto a las cientos de cajas con restos humanos prolijamente clasificadas, espera una urna de madera vacía.
Tras los trámites judiciales de rigor, son los propios científicos los que entregan los restos a la familia.
"Algunos se toman demasiado tiempo para recogerlos, no es fácil el proceso emocional, es como si volvieran a morir. El momento quizás más terrible de nuestro trabajo: el final", admite.