FLORA PERDOMO ANDRADE
Se discute en el país cuál es la solución para frenar los hechos de violencia contra niños, niñas y mujeres por parte de los violadores. Este tema ha tomado fuerza en el último tiempo por cuenta de la visibilización que los medios de comunicación hoy hacen de este tipo de hechos y porque de alguna manera las personas afectadas, hoy suelen denunciar más y no se quedan calladas.
Sin lugar a dudas, como sociedad y dirigentes debemos generar acciones y tenemos que tomar decisiones que contribuyan a que este flagelo social que no distingue condición, continúe creciendo y que los causantes de este tipo de violencia, respondan debidamente ante las autoridades con castigos ejemplares que entreguen un mensaje claro a la sociedad de cero tolerancia contra abusadores y violadores.
En el espacio de la discusión, se han puesto sobre la mesa tres alternativas sobre las cuales hay discrepancias y todo tipo de posturas, ellas son: La castración química, la cadena perpetua y la pena de muerte para quienes cometen este tipo de delitos.
En el Congreso de la República, avanza un proyecto de Ley que pretende adoptar la castración química o Terapia para Inhibir el Deseo Sexual como mecanismo de castigo para los violadores. Esta iniciativa ya fue aprobada en primer debate, no sin antes señalar que desde algunos sectores se cuestiona la eficacia científica de esta medida, pues el suministro de medicamentos para disminuir el deseo sexual, no garantiza un remedio definitivo y tampoco un castigo proporcional a la gravedad de la falta cometida. De hecho se asegura con pruebas médicas en mano que existen otros medicamentos que pueden devolver ese deseo sexual, como el viagra, lo que sigue poniendo en riesgo a las potenciales víctimas de estos abusos.
En varias ocasiones se ha planteado sin éxito en el congreso de la República, la aprobación de una norma que entregue cadena perpetua para los violadores, esta idea no ha prosperado, pues se ponen de presente asuntos relacionados con los recursos económicos que le implicaría al Estado, tener las cárceles llenas de condenados por este tipo de delitos. Y es que ningún presupuesto alcanzaría para el pago de alimentos, salud y todo lo implica mantener en una cárcel y por condenas de años a las innumerables personas que están involucradas en este tipo de acciones, indican quienes se oponen a esta idea de la fallecida congresista Gilma Jiménez. Cabe señalar que el Presidente Iván Duque, ha expresado su interés en respaldar una propuesta en este sentido.
Otra alternativa esgrimida y que tampoco ha tenido eco en el Congreso es la pena de muerte. Esta idea no es de buen recibo, pues se considera que el país no cuenta con la preparación social y cultural para adoptarla, pero además los acuerdos internacionales en temas de derechos humanos y demás, la hacen poco viable.
Ante este panorama, es necesario advertir que estamos frente a una gran disyuntiva, pues está claro que hace falta una legislación rigurosa y medidas de tipo social que frenen el accionar de estos desadaptados. En sociedades más civilizadas, los condenados por este tipo de delitos deben pagar cárcel, además cumplen con actividades de apoyo social y cuando se reintegran al ámbito laboral y comunitario están en la obligación de presentarse en las comunidades como personas que pagaron condenas por delitos sexuales.
Según cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de enero a agosto de 2018, se presentaron 15.408 casos de presunto delito sexual en contra de menores de edad. De estos el 46,2 % fue cometido por un familiar, y por ende la mayoría se suceden en sus viviendas, eso pone en evidencia la magnitud de lo que está pasando.
En lo personal pienso que es necesario mirar otros aspectos que considero son vitales para que cualquiera de las opciones que se han presentado pueda tener éxito, pues en esto juegan papel preponderante la sociedad, la familia y el Estado. Si hay fallas allí, no hay medida legal que resulte funcional, por eso la apuesta es fortalecer los guardianes de la integridad, acompañado de una política educativa seria y coherente que sumado a las medidas judiciales frenen el ímpetu de estos delincuentes. Comparto la propuesta de crear un registro único de violadores como una herramienta de las autoridades para controlar socialmente a los implicados en este tipo de actos.
Tenemos que actuar, hay que dar el paso. Nuestros niños, niñas y mujeres lo necesitan.