RICARDO AREIZA
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Trece años después de la masacre, las familias de los concejales asesinados en Rivera (Huila) siguen luchando contra el olvido. En medio de una cruel indiferencia, decenas de parientes y seguidores regresaron a las calles, con luces encendidas, buscando entre las tinieblas, un halo que les alivie el alma.
Las viudas, huérfanos y demás parientes, sumidos en el abandono, esperan también una reparación esquiva. Ninguna de las familias de los nueve concejales sacrificados en 27 de febrero de 2006 ha recibido reparación alguna, ni administrativa, ni individual ni colectivas.
Tampoco han encontrado lo que más buscan: la verdad y la justicia.Para ellos, la Ley de Víctimas, clave para reparar el dolor, es un logro significativo pero inalcanzable.
El 24 de noviembre de 2015 el Tribunal Administrativo del Huila ordenó una modesta indemnización (distinta a la reparación) para las víctimas por los perjuicios morales al considerar que la protección ofrecida a las víctimas fue precaria.
Tres años después de la sentencia, el restablecimiento de los perjuicios ocasionados, en su caso no ha operado. La providencia está en apelación ante el Consejo de Estado. Sigue embolatada.
La justicia administrativa ordenó una reparación simbólica y le exigió a las entidades oficiales un acto público de perdón. Se cumplió parcialmente. Solo concurrió la Policía y la Unidad de Protección. El Huila también los abandonó.
Los apoyos para la integración a la vida social y productiva de las víctimas desamparadas se las llevó el viento.
“Aun así, con dignidad y coraje, en medio de la indiferencia institucional, hemos sido capaces de realizar estos actos de recordación. Seguiremos luchando contra el olvido”, expresó Martha Aguirre, directora de la Fundación Sonrisas de Colores, promotora de los actos de exaltación de los dirigentes abatidos en ejercicio de un servicio público que los mantiene vivos.
Contra el olvido
La programación comenzó el sábado pasado con la marcha de la luz como un acto para mantener encendido el recuerdo de las víctimas fatales y evitar que se apague esa chispa de esperanza que los mantiene unidos.
El desfile nocturno comenzó en el templo principal, recorrió sus principales calles, se detuvo en el sitio donde fueron acribillados a mansalva los nueve concejales y terminó en la Plaza del Obelisco. Esta vez, como otros años, no estuvieron las autoridades nacionales ni regionales acompañando este acto recordación.
Y menos, para sorpresa de los deudos, las autoridades locales, ni los concejales. Para ellos la tragedia que significó la eliminación física de toda una corporación fue apenas un registro que yace en el olvido.
Al frente de la marcha, a pesar de la ausencia institucional estaban erguidas las esposas de los concejales cobardemente asesinados: Orfidia Puentes (esposa de Moisés Ortiz), Gloria Aguirre Leguízamo (esposa de Desiderio Suárez); Alicia Acevedo (esposa de Aníbal Azuero); Irene del Carmen Jiménez (esposa de Selfides Fernández) y Emérita Narváez (esposa de Arfadil Arias). También estaban en la cabeza del desfile, Leyda Puentes (esposa de Héctor Iván Tovar); María Luz Cedeño (esposa de Octavio Escobar).
Con ellas estaban Lucena Ibarra (hija de Luis Ernesto Ibarra) y el director de la corporación Compartir, Leandro Perdomo, hermano de Jaime Andrés Perdomo, otro de los promotores de esta jornada contra el olvido.
Y detrás de ellos, estuvieron sus hijos, nietos, amigos y seguidores que no olvidan el valor y el camino que demarcaron los concejales acribillados. Todos llevaban velas y faroles con los colores de la bandera como símbolo de reconciliación, como
En la iglesia “Nuestra Señora del Perpetuo Socorro” se ofreció ayer domingo una ceremonia religiosa presidida por el sacerdote Rubén Darío Castro, párroco de Rivera.
Esta vez ni el obispo de la Diócesis de Neiva ni sacerdotes de los municipios cercanos concurrieron como otras veces. “Así seamos pocos seguiremos con nuestro aporte a la verdad, justicia, reparación y no repetición”, afirmó Martha Aguirre.
Avances
Los actos para la preservación de la memoria de los concejales asesinados siguen en remojo. La reparación colectiva, orientada al reconocimiento y la dignificación de los grupos y comunidades afectadas por este cruento episodio permanece en borrador.
La construcción de un mausoleo en el cementerio y la publicación de un libro con las memorias de los concejales inmolados, hacen parte de un proyecto que se viene trabajando con la Unidad de Víctimas.
Las dos organizaciones de víctimas, ‘Sonrisas de Colores’ y ‘Continuar’ vienen proponiendo la construcción del museo de la memoria ‘José Eustasio Rivera’, símbolo de la cultura huilense, donde funcionará un centro de memoria histórica para exaltar a las víctimas del Huila.
No solo para los concejales de Rivera, también para los concejales, alcaldes y servidores públicos asesinados, para dirigentes y campesinos muertos con ocasión del conflicto armado. También hay pequeños avances para la atención psico-social de las víctimas.
Derecho a la verdad
Los familiares de los concejales asesinados, sostienen en este caso no se ha dicho ni se conoce toda la verdad. Aunque se han logrado aproximaciones con voceros de las desmovilizadas Farc, un manto de duda sigue arropando las circunstancias que rodearon la barbarie.
“Las víctimas tenemos el derecho a conocer toda la verdad, las circunstancias en que ocurrieron los hechos, las razones que tuvieron para asesinarlos a sangre fría, las personas que dieron las órdenes, las que participaron y las que ayudaron”, expresó Lucena Ibarra, hija del concejal Luis Ernesto Ibarra. El tema se viene discutiendo con la Comisión de la Verdad.
Concejal cómplice
El concejal Gil Trujillo Quintero, quien al parecer, suministró todos los detalles para cometer el brutal atentado fue capturado en calidad de cómplice.
El dirigente político fue condenado el 14 de diciembre de 2009 por el Juzgado Primero del Circuito Especializado por delito de homicidio agravado en concurso homogéneo y rebelión.
El Tribunal Superior modificó la sentencia el 16 de septiembre de 2011 imponiéndole 37 años de prisión y lo eximió del delito de rebelión. La Corte Suprema de Justicia inadmitió la casación el 7 de marzo de 2012.
Gil Trujillo nunca aceptó su participación ni rindió su versión. Ahora, aspira a contar la verdad, y pidió cupo en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Aún no ha sido aceptado como tercero civil.
Las condenas
La masacre de los concejales fue esclarecida en poco tiempo. La mayoría de los autores materiales fueron condenados.
Wilkin Fernando Lugo, (‘Hernán’), quien coordinó el múltiple crimen fue condenado a 31 años de prisión pero solo purgó ocho años por eficaz colaboración con la justicia. El hombre develó el plan e identificó a todos sus autores.
El Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá le otorgó la libertad el 7 de junio de 2017. Estaba recluido en cárcel El Espinal (Tolima) desde el 28 de abril de 2009, fecha de su postulación. Pagó 8.000 horas de rehabilitación y entregó tres fincas para reparar a las víctimas (finca Begonia, finca Casa Grande y finca El Bom Bom).
Lugo Ortiz fue capturado el 4 de julio de 2007 por la policía en sitio El Rosal, en La Vega (Cundinamarca). También fue sentenciada Onaira Yasmín Cometa Reyes (‘Shakira), quien realizó la inteligencia y facilitó la masacre. La mujer registra tres condenas.
El 14 de mayo de 2017 la Jurisdicción Especial de Paz la dejó en libertad. Purgó 11 años de cárcel de los 40 años a la que había sido condenada. Los dos serán escuchados en la Comsión de la Verdad por esta masacre.
Por el múltiple crimen el Juez Primero Especializado de Neiva condenó en el 2011 a 39 años, 11 meses y 5 días de prisión a Hernán Darío Velásquez (‘El Paisa’), quien ordenó la masacre. Velásquez, abandonó la zona de Miravalles.
Además, fueron sentenciados Alexánder Ortiz Tierradentro, Erminson Moreno (muerto) y Henry Sanceno Polanía (amnistiado en el 2016 ), John Arlet Cañas Piedrahita, a 26 años de cárcel y Clinio Gasca Valderrama. Alexander Ortiz Tierradentro fue condenado además a 52 años de prisión por el crimen de Liliana Gaviria.
La horrible masacre
Sin saber el destino fatal que les esperaba, los concejales de Rivera decidieron sesionar en el estadero ‘Los Gabrieles, fuera de su sede. El cambio era una treta.
Los dos policías enviados a última hora para custodiarlos, no fueron suficientes para enfrentar la violenta arremetida que dejó nueve concejales muertos y dos heridos.
Un comando subversivo irrumpió hacia la 1:55 de la tarde del 27 de febrero de 2006. Los sediciosos, usando prendas militares, llegaron en una camioneta y varias motos. Todos llevaban fusiles y armas automáticas. El grupo entró disparando indiscriminadamente.
Con un tiro de gracia fueron rematados nueve de los once concejales: Arfail Arias, Luis Ernesto Ibarra Ramírez, Octavio Escobar González, Aníbal Azuero Paredes, Jaime Andrés Perdomo Losada, Moisés Ortiz Cabrera, Desiderio Suárez, Sélfides Miguel Fernández y Héctor Iván Tovar. También resultaron heridos Gloria Ortiz y el secretario del Concejo, Saúl Rojas.
El concejal Gil Trujillo, señalado como el estafeta, apareció herido levemente. El brutal ataque duró cinco minutos. Luego emprendieron la huida sin que nadie ni nada pudiera detenerlos.
Una patrulla de la brigada móvil del Ejército, encargada de vigilar la zona, había sido trasladada horas antes hacia Guayabal.
Wilkin Fernando Lugo, (‘Hernán’), quien dirigió el comando encargado de la masacre, fue capturado el 4 de julio de 2007 por la policía en sitio El Rosal, en La Vega (Cundinamarca).
El sedicioso destapó toda la verdad, permitió esclarecer el múltiple crimen y facilitó la captura de la mayoría de los autores materiales.
Aunque los principales autores fueron condenados, las víctimas consideran que no se ha dicho toda la verdad.