El sistema capitalista se caracteriza, básicamente porque su objetivo supremo es la acumulación de capital. Toda actividad debe garantizar ganancia. La mercancía número uno es el dinero. Permite el intercambio por cualquier producto o bien. La condición inequívoca es producir ganancia.
No todos los ciudadanos poseen las mismas habilidades, ni el poder político le garantiza iguales oportunidades para lograr y acumular ganancia. Está probado universalmente. Los más habilidosos acumulan ganancias y las pueden multiplicar de diferentes formas. Es la esencia del capitalismo y aliciente primario de la actividad humana. De ahí deriva la convicción calculada que el fin justifica los medios y con tal de acumular capital, todo vale.
Bajo esas premisas, se constituyen organizaciones económicas, que de acuerdo con el capital acumulado, pueden dominar el poder político, como en efecto ocurre.
A mayor poder económico mayor es la dominación sobre poder político. De ahí deviene el contubernio entre el poder económico y las diversas instancias del poder político. Y por ello, en las democracias de papel (electorales como en Colombia), el poder económico ejerce poder político a través de representantes del poder supuestamente democrático.
Al ejercicio del poder no llegan los más honestos y capaces, como debiera ser. Y por eso, la cacareada meritocracia, en Colombia y diversas partes del planeta, no tiene asidero.
El marco legal nacional, está diseñado para proteger el capital. Constitución, leyes, decretos, resoluciones y circulares, en esencia protegen el capital por encima de los derechos fundamentales y generales de las mayorías. Está probado que el supremo fin del poder económico es poner a su servicio exclusivo, el poder político en todas las instancias. Está demostrado con el derroche de dinero en las campañas políticas, que supera, cinco o más veces, lo que legalmente recibirá como pago por ejercer poder. Por eso es un rotundo fracaso la aparente lucha contra el narcotráfico y la corrupción. Cada día penetran más, toda la actividad económica nacional.
Los pocos y siniestros casos de corrupción, que se logran conocer en Altas Cortes e instancias de poder, corresponden a lo que se debe esperar, de ellas, por su estructura orgánica y el sistema de designación de sus miembros componentes.
Los grandes capitales y delincuentes de cuello blanco, contratan asesorías y defensas, con ex miembros de altos órganos del poder, en particular del judicial y así ocurre lo poco que conocemos de los altos niveles de corrupción, en las diversas instancias del poder político, aliado incondicional del poder económico, todo, muy propio del modelo económico político vigente, tutelado, por el poder económico internacional. No hay que buscar la fiebre en las sábanas. Lo que se debe sustituir es el régimen.
El espectáculo mediático que suscitan algunos casos debelados, rápido los olvidan las mayorías y los usufructuarios de la delincuencia burocrática, fácilmente pueden ser cubiertos con el manto de la impunidad institucional, como es frecuente.
Si el pueblo no es consciente de la gravedad de la concupiscencia del poder y de la imposibilidad de purgarlo con las herramientas legales vigentes, todo seguirá igual. El pueblo debe ejercer su poder soberano. El plebiscito puede ser su arma eficaz para derrotar tanta desfachatez e irresponsabilidad del poder. Hay que actuar ya.