Ya era hora que el Ministerio del Transporte adoptara medidas sobre la existencia de centros de enseñanza automovilística que no cumplen con los requisitos para operar y funcionar. Y de paso para ponerle coto a la ilegal expedición de licencias de conducción. La advertencia hecha por el Ministerio del Interior resulta altamente preocupante que nuestro estadio de fútbol “Guillermo Plazas Alcid” esté en peligro de ser cerrado a partir del mes de octubre, si no se cumplen las exigencias que ha hecho la Comisión Nacional de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol. Y aún más grave el hecho de que sea parte de los dos únicos escenarios futbolísticos de la Primera A del campeonato nacional que no tienen las condiciones mínimas, al lado del “Murillo Toro” de Ibagué. ¿Qué hacer desde los recursos públicos frente a una obra que está destinada, por ahora, a servir únicamente a una sociedad privada como es el Club Deportivo Atlético Huila S.A.? Enormes han sido las sumas de dinero estatales que se han entregado, por lo menos desde hace 20 años, al equipo que antes era – por lo menos teóricamente – corporación sin ánimo de lucro y ahora sí ostenta la condición real y jurídica de empresa de accionistas privados, de tal manera que cualquier movimiento presupuestal desde la Gobernación o desde la Alcaldía o sus empresas industriales y comerciales, necesita sólidos argumentos legales para ser destinados a esa sociedad con ánimo de lucro. Seguramente no ocurre lo mismo en el caso particular del estadio, bien público cuyo mantenimiento, adecuaciones y obras corresponden a la Alcaldía de Neiva, su dueño. Pero en épocas de austeridad, de vacas flacas por reducción de las otrora abundantes regalías, no parecería haber suficiente espacio fiscal para ocuparse – por lo menos a corto plazo – de un flujo de recursos con destino a esos requerimientos. Pero esta coyuntura difícil debería llevar a la Alcaldía y a la sociedad que controla al Atlético Huila, a discutir a fondo el manejo mismo del estadio. ¿Porqué no analizar que el escenario lo reciba – en comodato o bajo otra figura legal – el mismo Club y se encargue de su mantenimiento y adecuaciones, considerando que es el único beneficiario y usufructuario de esas instalaciones? No se ve justo ni equilibrado que las finanzas públicas, apretadas en resolver agudos problemas y necesidades sociales, abran un hueco más para unos arreglos locativos cuyo único fin es la supervivencia de un negocio privado. No desconocemos con esto el impacto, la imagen y el beneficio intangible que ha tenido para la región la existencia del Atlético Huila, pero más que suficiente ha sido el esfuerzo con plata de los contribuyentes en estos 20 años para el equipo. Y nada garantiza que pasado mañana inversionistas de otra región, o extranjeros, no dispongan del Club y consideren que es más rentable que juegue en otra ciudad. Ahí está Millonarios vendiendo el 20% de sus acciones a un fondo de inversión con nexos en España, Estados Unidos y Líbano, o el Chicó que nació en Bogotá y juega en Tunja. Son otros tiempos. DESTACADO “¿Porqué no analizar que el escenario lo reciba – en comodato o bajo otra figura legal – el mismo Club y se encargue de su mantenimiento y adecuaciones, considerando que es el único beneficiario y usufructuario de esas instalaciones?” Editorialito Ya era hora que el Ministerio del Transporte adoptara medidas sobre la existencia de centros de enseñanza automovilística que no cumplen con los requisitos para operar y funcionar. Y de paso para ponerle coto a la ilegal expedición de licencias de conducción.