Ha generado diversas reacciones las alertas que propusimos en artículo anterior, relacionadas con el impacto social que en cientos de familias dedicadas por generaciones al transporte urbano de personas ocasionaría una errónea planificación del servicio estratégico de transporte en nuestra ciudad. Se reclama, en la implementación del nuevo sistema, que es necesario tener respuesta efectiva a los propietarios y conductores que quedarán cesantes; a los propietarios de establecimientos de comercio dedicados a servir este sector, a las familias de todos ellos, a miles de neivanos que se nutren actualmente de la industria del transporte y que sucumbirán ante el paso de la modernidad. Igualmente, señalábamos que el empobrecimiento del sector transportador urbano también tiene como causa eficiente la escasa o nula contención del transporte informal.
Ahora, como elemento adicional al rosario de preocupaciones anotadas, se suma el hecho de que los $60.000 millones, que debe aportar la inversión privada, destinada a “la adquisición de flota, sustitución de vehículos viejos, compra, montaje de equipos y software de recaudo,” etc., sea apenas una ilusión. Es más, lo que nos informa el certificado de Cámara de Comercio de Opita S.A, sociedad comercial creada en 2013 para operar el sistema, es que no tiene musculo financiero para soportar el objeto del negocio. Con un aporte de apenas $67.500.000.oo, realizado por las cinco empresas transportadoras socias, pretenden responder por las obligaciones aludidas, según el documento Conpes 3756 aprobado. Ni siquiera con nuevas emisiones de acciones pueden hacerlo, pues el capital autorizado es de apenas $300.000.000.oo., haciendo imposible la sustitución del parque automotor y la compensación a toda esa masa de ciudadanos que sufrirán las consecuencias de la implementación del Setp. Es decir, con esa minúscula inversión y los soportes legales que se están implementando, lograrán hacerse con la capacidad transportadora actual. Con un capital como el indicado, en el acto de constitución de Opita S.A., determinaron el valor nominal de la acción en apenas $10.000.oo., título accionario al que podrían haber accedido sin dificultad todos los transportadores, si hubiesen democratizado el negocio. Al final del ejercicio fríamente orquestado, con el esfuerzo de las personas que hoy desconocen, incrementarán el valor de la acción de manera superlativa sin haber sacado un solo peso de las arcas. Es esto, a grandes rasgos, lo que está sucediendo.
Por lo anterior, invito a nuestro alcalde y a la comunidad transportadora, para que se tomen las medidas que correspondan y evitar los daños sobrevinientes que desde ya estamos denunciando.