El mismo organismo inadmitió una apelación en el segundo proceso, por lo que el ex Alcalde tendrá que pagar una condena de cuatro años por peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contrato, violación del régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.
Así lo afirma el pronunciamiento que registró la Sala de Casación Penal el pasado 12 de septiembre de este año, con ponencia de la magistrada María del Rosario González Muñoz.
El proceso investigativo en primera instancia fue fallado en su contra por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Garzón en julio del 2012, la que luego fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Neiva y finalmente ante proceso de Casación en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la cual inadmitió la apelación de la defensa por considerar que lo actuado se adelantó en derecho y dejó en firme la condena, que inicialmente estaba tasada en cuatro años de prisión domiciliaria, 50 salarios mínimos vigentes legales e inhabilidad por cinco años para ejercer cargos públicos y de elección popular.
La historia
Entre los años 2001 y 2003, cuando Soto Díaz se desempeñó como Alcalde de Altamira, contrató con el concejal de la época, Luis Alberto Rivas Montero, el mantenimiento del sistema del alumbrado público de la localidad.
El contrato se suscribió a nombre del señor José Dain Tello suplantando su firma, quien nunca recibió un cheque ni ejecutó el contrato, porque fue suplantado según la investigación por el concejal Rivas Montero y su suegro, identificado como José Ignacio López, quienes según testigos, eran los que adelantaban el mantenimiento al sistema del alumbrado público.
El encargado de cobrar los 14 cheques, que ascendieron a un monto superior a los 26 millones de pesos, era el señor Carlos Alberto Beltrán, según reza la investigación.
Para la época de los hechos, se desempeñaba como inspector de obras públicas el señor Arturo Fajardo, quien también acaba de ser condenado, porque en uso de sus funciones recibió a satisfacción el contrato como si lo hubiera ejecutado José Dain Tello.
Una vez el señor Tello se enteró que a su nombre se había cobrado la suma de 26’656.000 pesos, decidió hacer público el supuesto delito, siendo impuesta la queja ante las autoridades por el entonces concejal Tiberio Aroca González, y por un primo del Alcalde identificado como Ricardo Gasca Díaz.
Este último afirmó que en varias oportunidades observó al concejal Luis Alberto Rivas Montero realizando los trabajos de mantenimiento demandados por el contrato en compañía de su suegro y en cumplimiento de diferentes órdenes de trabajo por diferentes montos, que al final alcanzaron la suma de más de 26 millones de pesos.
Según las indagaciones del CTI, se determinó que ninguna de las órdenes de trabajo emitidas a nombre del supuesto contratista había sido ejecutada por el señor Tello, pero sí cumplidas por el concejal Rivas.
Asimismo, las investigaciones determinaron que el supuesto contratista nunca autorizó a Luis Alberto Beltrán para que retirara y cobrara cheques. En síntesis, según la investigación, se falsificó la firma del señor José Dain Tello Joven en todos los documentos que ocuparon a las autoridades en este proceso, como lo corroboran los exámenes de grafología.
Los fallos
En los fallos, tanto del juzgado como del Tribunal Superior de Neiva, mencionan las firmas rúbricas que hacen efectivas de José Dain Tello Joven, a quien le falsificaron la firma de los 13 oficios que fueron enviados al tesorero de la época, Yesid Rodríguez Tovar, entre el 17 de julio de 2001 y el 14 de septiembre de 2002, con lo que procedió a pagar las cuentas a una persona diferente al supuesto contratista y no exigió autorización por parte de este para proceder a retirar de la Tesorería los cheques respectivos.
Según los entendidos en la materia, es posible que el ex Tesorero también sea vinculado al proceso por faltar al manual de sus funciones, caso que determinarán las autoridades de control en momentos en que el ex Tesorero es uno de los candidatos para las próximas elecciones atípicas previstas para el próximo 6 de octubre.
Según fuentes de información, esta condena de cuatro años al ex alcalde Soto Díaz se suma a la anterior por otros cuatro años, también por motivos en la contratación y en cuyos procesos han sido condenadas dos personas más.